Emilio Pradilla Cobos
Control corporativo del ambulantaje

El crecimiento incontrolable del ambulantaje en el DF, es producto de la crisis económica iniciada a fines de la década de los setenta, de las políticas neoliberales de reducción del salario real de los trabajadores, de modernización tecnológica ciega y de apertura comercial incondicional, que han contraído el mercado interno, destruido la micro, pequeña y mediana empresa y generado desempleo masivo y pobreza extrema. Puesto que la crisis de larga duración no ha sido superada y el proyecto neoliberal sigue en pie a nivel nacional, el comercio informal continuará presente y reproduciéndose en la capital, su Centro Histórico y toda la gran metrópoli, alimentado además por los desempleados y pobres de la región centro y otras partes del país.

Pero el problema también tiene una cara política. Una de las características del régimen político de partido de Estado, materializado en el PRI-gobierno, imperante en México desde hace siete décadas, es el corporativismo, consistente en la afiliación forzosa de los integrantes de las organizaciones gremiales obreras, campesinas, populares, empresariales y profesionales al partido oficial y a través de él, al gobierno en turno. La CTM, la CNC y la CNOP han sido sus formas paradigmáticas pero no únicas. Así, las organizaciones subordinan la defensa de sus intereses a los del partido-gobierno y se convierten en sus instrumentos electorales, de control político y desmovilización, a cambio de los privilegios económicos y políticos que éste otorga a la burocracia gremial, y algunas contraprestaciones a sus integrantes, mantenidos bajo control por los aparatos.

En la fase de expansión del ambulantaje capitalino, se reforzó la subordinación corporativa de sus organizaciones y líderes al PRI-gobierno y el papel político de éstos, como expresión del régimen autoritario en decadencia. El PRI creó o controló la mayor parte de las organizaciones de ambulantes; en menor medida, otros partidos políticos siguieron el ejemplo. Este corporativismo es parte esencial de la relación perversa entre la administración capitalina y los vendedores en la vía pública. Los que ejercen la actividad están colocados en una especie de ``tierra de nadie'' entre lo legal y lo ilegal: son legales en razón del derecho al trabajo, la libre iniciativa y el ``libre comercio'' (sublimados por el neoliberalismo) y por la necesidad de sobrevivir ante el desempleo masivo y creciente y la brutal caída del ingreso; son ilegales frente a los reglamentos y bandos aprobados por el mismo PRI cuando era mayoría aplastante en el gobierno y el órgano legislativo.

La relación corporativa y clientelar entre ambulantes organizados, partido gobernante y gobierno capitalino, era una necesidad para los primeros, mediada por la corrupción de líderes, cuerpos policiacos y administradores, para obtener permisos de venta, lugares en las calles y tolerancia fiscal y policial, esquivando o violando la legislación. A cambio, los ambulantes aportaban al PRI-gobierno, sus funcionarios y políticos, mordidas, cuotas, votos y apoyo masivo y forzado en actos oficiales y concentraciones partidistas. Los líderes se hacían indispensables como gestores, mediadores y mecanismos de control autoritario de la masa. El problema económico-social y esta relación política perversa hacían imposible para el gobierno del DF, juez y parte, la aplicación de sus propias leyes, reglamentos y programas de reordenamiento en el Centro Histórico y otras áreas de la capital.

Así ocurrió durante los últimos 18 años, a lo largo de los cuales hemos visto muchos programas de reordenamiento y reubicación, anunciados con bombo y platillos, que funcionaron un tiempo corto gracias a acuerdos corporativos que ninguna de las partes respetó porque implicaban en parte la ruptura de la relación corporativa; luego, reaparecía más grande el problema. Este fue el legado del gobierno priísta al de Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD. Hoy se le exige a éste que resuelva en unos meses lo que creó y sigue alimentando en dos décadas la política y la práctica de los gobiernos del PRI, lo cual es verdaderamente absurdo como exigencia.