Tipificar como graves los delitos de cuello blanco, piden oposición y juristas

Jesús Aranda / II y última Ť En el paquete enviado por el presidente Ernesto Zedillo en diciembre pasado, destaca la propuesta de reformas a los artículos 27, 85 y 90, además de la creación del 73 bis del Código Penal, con lo que se pretende ``evitar que los responsables de los delitos calificados como graves gocen de los beneficios de semilibertad, libertad preparatoria y trabajo a favor de la comunidad''. Sin embargo, no se incluye una demanda cada vez más generalizada: que los delitos de cuello blanco y la ``delincuencia económica'' dejen de ser considerados ``no graves'', para que los presuntos responsables reciban un castigo ejemplar e impedir que alcancen la libertad bajo fianza.

Los recientes casos en que se involucra a ex banqueros como Jorge Lankenau y Angel Isidoro Rodríguez, El Divino, el escándalo relacionado con el World Trade Center (WTC) y, por supuesto, la intención de convertir en deuda pública la que forma parte del Fobaproa, generaron indignación en partidos políticos de oposición -particularmente del PAN y del PRD-, y juristas, quienes aseveran que la ley vigente otorga de facto impunidad a quienes cometen fraudes a instituciones crediticias.

En el PRI se han escuchado voces aisladas que se suman a la demanda, pero ese partido como tal no ha hecho ningún pronunciamiento público al respecto.

Un grupo de diputados priístas presentó hace unos meses una iniciativa de reforma para que los delitos de cuello blanco sean considerados como graves, sin embargo, la propuesta no ha recibo ``el espaldarazo'' de este instituto político, y por lo pronto está congelada ``en comisiones''.

Para el constitucionalista Clemente Valdés este hecho ``no es casual'' y se debe a que el Ministerio Público actúa ``con selectividad'' en la investigación de determinados actos, sobre todo cuando se trata de personas relacionadas con las altas esferas del gobierno.

Protege el gobierno a sus grupos aliados

Abunda Valdés: ``Cuando hace la ley, el gobierno empieza por proteger a los grupos aliados o más cercanos a sus propósitos, esto lo han hecho los últimos gobiernos de una manera muy clara. También han establecido términos de prescripción especiales sobre la responsabilidad de los mismos funcionarios, para ampararse posteriormente en ellos, dado que están de por sí amparados en la idea de la no aplicación retroactiva de las leyes, lo que les ofrece un refugio extraordinario, porque no importa qué cambios se hagan a las leyes futuras, siempre podrán ampararse basándose en que éstas no pueden aplicarse retroactivamente''.

La senadora Amalia García coincide con la opinión de que la iniciativa del presidente Ernesto Zedillo constituye una oportunidad para que se incluyan como delitos graves los de cuello blanco y los económicos.

Para la legisladora, diferentes ONG, el propio PRD y juristas han planteado que ese tipo de delitos deben considerarse como graves, pero advierte: ``Hay resistencia''; esa es la única explicación para que no se haya reformado la ley. Creo, subraya, que esa actitud tiene una razón muy clara: la corrupción y la descomposición en el gobierno.

En ese sentido, recuerda que cuando fue diputada federal por el entonces Partido Mexicano Socialista (1988-1991), su grupo parlamentario insistió en que este tipo de delitos se consideraran graves, ``pero no tuvimos ningún eco'' y comenta que esa legislatura incluyó como delitos graves los de homicidio, violación, secuestro y narcotráfico, ``pero no hubo ninguna decisión de incluir los de cuello blanco''.

Insiste: esa es una forma de los gobernantes de ``autoprotegerse'', es una forma de garantizarse impunidad.

Sobre el particular, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han comentado a este diario que, si efectivamente el procurador general de la República, Jorge Madrazo, estuviera decidido a atacar la impunidad, ``dejaría de rasgarse las vestiduras'' y cesaría sus ataques a los jueces que conceden amparos y libertad caucional a presuntos defraudadores, cumpliendo escrupulosamente con la ley vigente, y en lugar de ello tendría que haber presentado una iniciativa de ley en la que incluyera a los referidos delitos como graves.

La senadora perredista asegura que los tiempos legislativos permiten los cambios planteados, porque no se trata de un tema nuevo ni inédito. ``Simplemente se requiere de voluntad política'' del Ejecutivo y de su partido.

En ese sentido, el diputado federal del PRI Héctor Castañeda -uno de los legisladores que presentaron la iniciativa de ley para tipificar los delitos ``económicos'' como graves- propone la reforma de seis leyes financieras y del Código Federal de Procedimientos Penales para incrementar la penalidad en ilícitos de tipo financiero, en los que participen operadores bancarios, de mercados de valores, fianzas y seguros e instituciones de crédito, de manera que la pena máxima pase de 8 años a 15, y los acusados no tengan derecho a la libertad bajo fianza.

Plantea también que se reforme el procedimiento, para que no se requiera de querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), ni de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y así la Procuraduría General de la República (PGR) pueda actuar de oficio.

Asimismo, propone que aumente el lapso de prescripción de los delitos de este tipo, por lo menos hasta seis años, en lugar de tres; argumenta que de esa manera, por ejemplo, con el asunto del Fobaproa, quienes cometieron delitos en 1994 y 1995 estarían en posibilidad de ser sujetos de proceso.

Aquí, el legislador apela a la voluntad del presidente Ernesto Zedillo de combatir la impunidad y lo exhorta a que, con base en el artículo 29 constitucional, el cual faculta al Presidente a suspender las garantías individuales, se dé retroactividad en la reforma legal -de concretarse la idea de que los delitos financieros sean graves, y se detecten culpables de fraude en el caso Fobaproa-, para que les sean suspendidas las garantías a los inculpados y se les aplique de manera retroactiva la ley.

Por su parte, la senadora Amalia García opina que deben establecerse medidas concretas de protección a las víctimas y a sus abogados cuando denuncien ilícitos ante las autoridades.

Asimismo, que se termine con la costumbre ``poco ética'' que permite a los legisladores que son abogados litigar durante su permanencia en su cargo. Por mencionar, dijo, uno de los casos más famosos, tenemos el del senador Salvador Rocha Díaz, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien entre sus clientes tiene a Carlos Cabal Peniche -prófugo de la justicia-, acusado de haber manejado fraudulentamente Banca Unión; así como a Jorge Lankenau Rocha, quien se encuentra preso por presuntos manejos ilícitos en Banca Confia.

Se debe legislar, insiste, para evitar que los senadores litiguen. ``Pueden dedicarse a la academia, a dar clases o a escribir en periódicos, pero no es ético que ejerzan su profesión siendo representantes populares''.

Si no les conviene la paga como diputados o senadores, concluye, entonces que le dejen lugar a otros.