La decisión del presidente del CEN del Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador, de divulgar una lista de empresas cuyos adeudos habrían sido transferidos al Fobaproa y que hoy las autoridades económicas se empeñan en convertir en deuda pública, ha intensificado el debate nacional sobre las irregularidades y prácticas delictivas que podrían haberse realizado en la operación de rescate bancario efectuado por el actual gobierno en 1995 y 1996.

Las cúpulas empresariales y las secretarías de Gobernación y Hacienda repudiaron la acción del líder perredista, a la que calificaron de ``electorera'', y reiteraron su postura en el sentido de que la información relativa a los créditos que fueron absorbidos por el Fobaproa deben estar amparados por el secreto bancario.

La directiva perredista, por su parte, ha insistido en la necesidad de que la sociedad disponga de información sobre los entretelones del debate parlamentario en torno a la aprobación o rechazo de la conversión de los pasivos del Fobaproa en deuda pública, y ha anunciado la divulgación, en fecha próxima, de otras listas de supuestos beneficiarios de ese mecanismo.

Hasta aquí, a pesar de sus tonos intensos y de sus asperezas, la polémica resulta positiva para el país, en la medida en que permite a la ciudadanía hacerse criterios propios sobre la decisión a la que finalmente se llegue para saldar el rescate bancario, una determinación que, en uno u otro sentido, tendrá importantes repercusiones en el futuro inmediato y mediato de la economía nacional.

Pero, más allá de las pasiones que el tema suscita, resulta lamentable que el vocero oficial de la Secretaría de Hacienda, Marco Provencio, intervenga en el debate con tergiversaciones tan graves como atribuir a la divulgación de la lista mencionada la caída de antier de la moneda nacional frente al dólar --un fenómeno atribuible a las consecuencias de los quebrantos financieros y cambiarios del sudeste asiático-- o como otorgar a la acción perredista la facultad de alterar los mercados de valores, algo que no ocurrió, como se consigna en estas páginas.

Es igualmente deplorable que el funcionario encargado de expresar las posturas oficiales de la SHCP afirme que si el Congreso llegara a aprobar la propuesta gubernamental para convertir los pasivos del Fobaproa en deuda pública, ésta sería pagada por ``los contribuyentes, que son una mínima parte de la población en su conjunto''.

Resulta desalentador que el vocero de la institución encargada de recaudar los impuestos padezca una confusión de tal magnitud e ignore que la enorme mayoría de la población paga impuestos, ya sea por la vía del ISR -en tanto que trabajadores o empresarios--, del IVA -en tanto que consumidores-- o por la propiedad de bienes muebles o inmuebles.

Independientemente del curso que siga la polémica sobre el Fobaproa, cabe preguntarse por la caracterización social que deja entrever la expresión de Provencio y que, por desgracia, podría ser dominante en los altos círculos fiscales del gobierno. ¿Quiénes son los integrantes de esa ``ínfima minoría'' a la que se refirió el vocero? ¿Qué lugar ocupa -en la mente de los funcionarios econó- micos-- esa ``población en su conjunto'' a la que no se le reconoce ni siquiera su condición de contribuyente?