La Jornada 5 de agosto de 1998

Labastida: exigir datos del Fobaproa, ``trampa'' perredista

David Carrizales, corresponsal, y José Gil Olmos, Monterrey, NL., 5 de agosto Ť El titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, aseguró que es una ``trampa'' del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pedir al gobierno federal que presente la información de los beneficiados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

``Si la Secretaría de Hacienda proporciona tal información, violaría la ley y el responsable sería reo de cárcel por cinco años, y si no la proporciona, lo hacen aparecer como encubridor de supuestos delincuentes'', argumentó.

Cuestionó a la dirigencia perredista al señalar que la lista que difundió de los presuntamente beneficiados por el Fobaproa tiene fines ``electoreros'', y manifestó que la impartición y procuración de justicia ``no puede ni debe ser utilizada'' para esos fines, sino que debe servir ``para condenar a los culpables, a los que han cometido un delito y se les ha demostrado''.

Luego de la firma de un convenio de seguridad pública, Labastida cuestionó a los diputados federales de oposición, principalmente del PRD, al expresar su ``extrañeza'' de que ``estén más ocupados de auditorías y persecuciones y dejen de realizar su tarea fundamental que es legislar''.

Censuró además la difusión que hizo el Partido de la Revolución Democrática de una lista de supuestos beneficiados con el fondo bancario, pues afirmó que ese tipo de actos no ayudan al buen entendimiento entre las fuerzas sociales y políticas del país.

Dijo que ``se está prejuzgando a una serie de personas y se les está condenando de hecho, y se dificultan las conversaciones que se han venido sosteniendo durante meses con el propósito de encontrar una solución por consenso a los problema y que supere incluso a la propuesta original''. Además, afirmó, ``no hay ninguna prueba de que los implicados hayan realizado ningún acto violatorio de la ley, como ayer se dijo``.

Expuso que las partes deberán hacer un esfuerzo para seguir avanzando en el diálogo y encontrar una solución que mejore y presente una buena perspectiva para el problema del Fobaproa.

Según el secretario de Gobernación, el gobierno está por una solución que signifique que ``no hay impunidad, que implique que el costo de la deuda sea el menor posible, que le dé el beneficio más grande a la gente y le permita al país mantener su crecimiento económico''.

Afirmó que parte del problema que se ha tenido con el análisis del Fobaproa es que sólo se ven los costos y no lo que dicho mecanismo significó para el país, pues permitió detener la crisis del sistema financiero mexicano y que los ahorradores no perdieran su dinero.

En suma, dijo Labastida, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro evitó una crisis de consecuencias que hubieran sido muy desestabilizadoras para el país, con la pérdida de millones de empleos y de muchos bienes.

``Por eso creo que fue correcta la decisión del gobierno federal de evitar una crisis que hubiera colapsado la economía nacional'', enfatizó.

Cuestionado sobre los destinatarios de su mensaje de que no se deben utilizar los temas de seguridad y justicia con fines electoreros, repuso: ``Es obvio que la presentación que hicieron los dirigentes de ese partido, del PRD (sobre la lista de beneficiados del Fobaproa), tiene ese propósito``.

Más adelante, Labastida Ochoa dijo que un grupo de juristas analiza lo referente a la información que se proporcionó a los legisladores, con el propósito de que puedan evaluar el problema del Fobaproa y se puedan pronunciar sobre el mismo; además, para que se practiquen auditorías a fondo y combatir las presuntas irregularidades con todo el peso de la ley.

Expresó que el grupo de juristas busca que en ese propósito no se viole la ley, porque los legisladores solicitan información con un grado de desglose que está protegido por la ley, lo cual implicaría que los funcionarios que la proporcionen se hagan acreedores a penas de prisión de hasta cinco años.

Entonces, dijo Labastida, los diputados federales no le pueden pedir a ningún funcionario que viole la ley, en un hecho que lo va a privar de su libertad.

Enfatizó el funcionario que si los diputados quieren que toda esa información sea de manejo generalizado, ``tenemos que llevar un cambio de ley, fundamentalmente para modificar lo que se llama secreto bancario''.

Agregó que si hay un problema de leyes, como el actual, hay que cambiarlas, y expuso que el gobierno no defiende ni defenderá que se cometan delitos, ``pero no podemos castigar el que se hayan cometido ilícitos, buscando que se cometan otros ilícitos''.

El funcionario federal recalcó que el gobierno de la República hará lo posible porque el diálogo y las negociaciones sobre el caso Fobaproa avancen, pero siempre bajo la base de la legalidad.

``No me pronuncio sobre si se violó o no el secreto bancario, no soy abogado, soy economista, y no tengo base para decirlo, pero por lo que toca a la política, seguiremos privilegiando el camino de la solución para que con inteligencia y la aportación de voluntades, y siempre en el marco del respeto a la ley, podamos avanzar'', concluyó el secretario de Gobernación.