Astillero Ť Julio Hernández López

Se ha entrampado el intento de llevar a juicio político a la presidenta y a la cuarta visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), a quienes se acusa de defender de la policía a limpiadores de parabrisas, payasitos y lanzafuegos.

La solicitud, hecha por los miembros de un ``órgano consultivo'' del gobernador panista Alberto Cárdenas Jiménez, no ha sido presentada oficialmente ante el Congreso del estado, a pesar de que los denunciantes han afirmado y publicitado, de manera categórica, que gestionaron en forma la petición de juicio político ante la Cámara jalisciense de Diputados y la denuncia de hechos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que preside Mireille Roccatti.

La versión oficial de que la solicitud de juicio político no ha sido formalmente presentada, parecería abrir un atajo por el que se buscaría darle salida al asunto.

La aberrante pretensión de sancionar a la presidenta Guadalupe Morfín Otero (quien es sobrina política del fundador del PAN, Efraín González Luna, y prima de Efraín González Morfín, actual secretario de Educación del gobierno jalisciense) y a la visitadora Sandra Verónica Delgado King, ha generado rechazo en diversos segmentos sociales de la entidad y del país, el deslinde de varios miembros del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social (que es la instancia acusadora) y, al parecer, la intención del propio gobernador Cárdenas Jiménez de desactivar el conflicto con la ombudsman, logrando que la solicitud de juicio político se dé por no presentada.

De ser así, quedarán para el recuerdo los documentos oficiales, de los cuales Astillero tiene copia, con los cuales se trató de acallar a las defensoras jaliscienses de derechos humanos. El oficio 234, del 28 de julio, fue un boletín de prensa con el que se informaba de que el citado consejo, ``a través de su comisión ejecutiva, presentó ayer las denuncias'' ante la CNDH y ante el Congreso estatal. El oficio 229, de la misma fecha, daba cuenta, en 17 páginas a renglón cerrado, del texto íntegro presentado ante los legisladores locales.

Los nombres de los integrantes de la comisión ejecutiva del mencionado consejo son: Hugo Armando Peregrina (un joyero local), Raúl Chávez Fajardo (representante de la Federación de Asociaciones de Colonos de Jalisco), Moisés Goldberg Palastin (representante del Centro Empresarial de Jalisco), Carlos Gabriel López Aranda y Muñoz (representante del Club Rotario de Guadalajara), José Bicieg Ocampo (representante de colonos de Colinas de San Javier), Silvia González de Franco (representante del programa Madres en Contra de Conducir bajo influjo de Alcohol o Drogas) y Armando Aceves Aceves (representante de colonos de Jardines Alcalde).

A la CNDH se le envió, en 18 páginas, la denuncia de hechos, conforme al oficio 215, con los nombres y cargos de las mismas personas. A los diputados locales, y a la comisión nacional, se le enviaron ejecutorias del ``Poder Judicial de la Federación'' en las que se establece la legitimidad de las acciones de las autoridades para preservar el orden público y la seguridad vial frente a vendedores ambulantes, puestos semifijos u otras actividades desarrolladas en las calles. También se citan entrevistas radiofónicas y periodísticas como prueba de la ``intención de deslegitimar a las autoridades municipales''.

Ya para terminar, algunas joyas de la argumentación con la que los miembros de la comisión ejecutiva del consejo consultivo del gobernador Cárdenas Jiménez se quejan contra la ombudsman y la cuarta visitadora:

Con sus declaraciones adversas a los operativos contra los limpiaparabrisas ``se perturba la vida jurídica y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas establecidas y reguladas'' en las constituciones federal y local, ``se causa un trastorno a los intereses fundamentales de la comunidad de Jalisco, porque lesiona la certidumbre jurídica de los ciudadanos acerca del comportamiento de sus autoridades'' y ``sin apegarse estrictamente a lo que la ley les permite, nos colocan ante la opinión pública como violadores de derechos humanos''.

Además, ``podemos afirmar que con lo declarado por las servidoras públicas --en concreto por la presidenta Morfín-- se emite un mensaje a los posibles infractores de la norma, de que no sólo es posible transgredirlas, sino que se debe `institucionalizar' su violación, cuando expresó que `se pueden y se deben sentar las reglas bajo las cuales operen los limpiaparabrisas', lo que lleva un mensaje de impunidad y denota, por parte de las denunciadas, una terrible ignorancia de las normas jurídicas que nos gobiernan''.

Pues bien, todo eso (que ``constituyen reales actos de molestia ejecutados por una autoridad, como es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que afectan indudablemente la buena marcha y despacho de los asuntos públicos'') ahora aparece como todavía no presentado oficialmente.

Es posible que el alegato del consejo ciudadano de seguridad pública quede, finalmente, como simple papel de desperdicio con el que algunos mexicanos miserables puedan ayudarse a limpiar los parabrisas de los automóviles de las calles de Guadalajara.

Vergonzoso error de este columnista

Grave, imperdonable error ha cometido el autor de esta columna. Escribió en la entrega del viernes pasado un agravio para la comunidad entera de la Universidad de Guadalajara y en especial para su rector, Víctor Manuel López Romero, pues a la hora de citar a dicha casa de estudios lo hizo escribiendo ``Universidad Autónoma de Guadalajara''.

La histórica diferencia abismal entre ambas instituciones es ampliamente conocida por el firmante de este texto, pero aun así lo escribió mal, teniendo inclusive a la vista el documento RG/IV/0772/98, que en su parte alta lleva con grandes letras la leyenda Universidad de Guadalajara y a partir del cual se comentaba aquí la postura asumida por el rector López Romero respecto al linchamiento panista contra la ombudsman de Jalisco.

Avergonzado, ofrezco disculpas a la comunidad de la UdeG y a su rector por este involuntario agravio. En mínimo descargo, buscaré alguna oportunidad para equivocarme, con toda intención, y escribir que los tecos firman algún hipotético desplegado contra la derecha, el fascismo, Pinochet y Stroessner.

En fin. ¡Que don Manuel Buendía me perdone, donde esté, por esta pifia que me es tan dolorosa!

Gracias por la invitación

La esposa de este tecleador se privará de ``conocer a fondo la cultura y costumbres de las mujeres indígenas que habitan en la geografía chiapaneca''.

Ella (como otras esposas de periodistas) ha recibido, por mi conducto, una invitación del gobierno del estado de Chiapas para ``realizar un recorrido de tres días (21, 22 y 23 de agosto) por la entidad, encabezado por la señora María Gleason de Albores Guillén'', según la carta enviada por el ``licenciado Juan La Mont'' responsable de Comunicación Social de la representación del gobierno chiapaneco en el Distrito Federal.

Angeles Guerrero, mi esposa, prefiere, en lugar del viaje todo gratis al que la invitan sin conocerla, que pasemos juntos la vista, de nuevo, sobre la famosa fotografía de Pedro Valtierra, en la que se ven las mujeres chiapanecas empujando con valentía contra la ocupación militar de su tierra.

Astillas: Jaime Martínez Veloz ha sido electo coordinador de los diputados priístas de Baja California. En esa condición participará en el esquema de coordinación del Congreso de aquella entidad, que no tendrá un titular permanente sino rotatorio. Con bancadas compuestas por idéntico número de legisladores, el PRI y el PAN tendrán a la pequeña fracción del PRD como fiel de la balanza... Jorge Anaya presentará su novela Barrio viejo el próximo miércoles, a las 8 de la noche, en el Bar Mata, sito en la calle Filomeno Mata del Centro Histórico de la ciudad de México...