León Bendesky
El Fobaproa y la ley

El conflicto desatado por la crisis bancaria que estalló en 1995 se agrava a diario. La disputa está centrada en torno al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y ésta se tensa ante la magnitud de las cantidades involucradas, la iniciativa del gobierno de convertir las deudas de ese fondo en deuda pública y la reacción adversa por parte de la oposición en el Congreso. Y uno de los aspectos que sobresalen en el curso del conflicto es la falta de una referencia clara al marco de las leyes que deben ajustar las controversias existentes.

El PAN y el PRD han rechazado la legalidad misma de las operaciones a las que se destinó el Fobaproa. Sus objetivos iniciales, que eran los de proteger los depósitos de los ahorradores de los bancos ante una eventual quiebra de una de las instituciones, fueron rebasados aun antes de la crisis. Ya a fines de 1994 ese fondo no contaba con los recursos necesarios para enfrentar el crecimiento de las carteras vencidas de los bancos más débiles del sistema. Cuando la crisis económica de principios de este sexenio puso en claro la fragilidad de los bancos, el Fobaproa se usó para hacer operaciones de capitalización y compra de cartera y evitar el colapso.

El Fobaproa no estaba diseñado para cumplir esa función. Las autoridades sabían de antemano que las operaciones que realizaban mediante este fondo se hacían a cargo del erario y que, eventualmente, habrían de consolidarse como deuda pública. Y para ello se requería de la aprobación del Congreso. Eso nunca se hizo. Ahora cuando se quiere modificar la ley de deuda pública no es extraño que con la nueva configuración del Congreso la iniciativa esté atorada. En esta situación, sigue discutiéndose si el Fobaproa es legal o no lo es, si procede la investigación sobre un conjunto de sus operaciones que involucran grandes sumas de dinero, y sobre las cuales existe sospecha de actos ilícitos, y si para estos casos procede el secreto bancario.

Este no es un asunto de opiniones, no es un problema vinculado a distintas posiciones políticas ni es un tema de técnica administrativa o de teoría económica. Se remite en cambio al campo esencial de la ley. Durante meses se ha estado discutiendo el tema de la legalidad del mismo Fobaproa o del secreto bancario sin que aparezcan las instancias encargadas de interpretar y de aplicar la ley. Este se está convirtiendo en un asunto de falta de una institucionalidad legal que pone en entredicho cualquier pretensión de establecer en México un Estado de derecho.

Las operaciones realizadas por los bancos y que ahora están en entredicho, ésas que las mismas autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda han aceptado que podrían ser fraudulentas, se realizaron en un marco legal existente. ¿Dónde está la autoridad competente que aplique la ley y resuelva? Mientras esto no ocurra la apariencia es que se está protegiendo a posibles delincuentes en transacciones económicas y de índole política. Con ello, la propuesta de incrementar la deuda pública con los recursos destinados al salvamento bancario no puede más que provocar un creciente conflicto político. El Poder Judicial está muy a la zaga del desenvolvimiento político del país, el costo de esta situación es muy grande. Este sigue apareciendo como un país sin leyes.

Por eso la posición del gobierno es cada vez más débil. Los tecnicismos a los que tienen que recurrir las autoridades financieras son cada vez menos efectivos para enfrentar una situación que es también eminentemente política. La Comisión Nacional Bancaria está totalmente rebasada y carece de toda credibilidad; el Banco de México se ha salido prácticamente por completo de la disputa, aunque no puede rehuir su responsabilidad; y en Hacienda ya no se sabe qué vuelta darle a la tuerca para seguir adelante. Si será el pueblo o los contribuyentes los que paguen la deuda del Fobaproa es un argumento sin sentido y lo saben bien.

Ahora sólo falta que con los criterios técnicos que prevalecen en esa dependencia se proponga retirar del Congreso la iniciativa de ley del Fobaproa bajo el argumento que de todas formas ese dinero ya está gastado y ``ahí se ven''.

No puede mantenerse el conflicto del Fobaproa al margen de una estricta resolución legal que legitime las acciones del gobierno frente a la crisis bancaria o, mejor dicho, frente a la crisis económica y social que vive el país. Continuar con el debilitamiento de las instituciones tendrá un costo altísimo que pagaremos durante más tiempo que el costo económico. Y mientras tanto la atención está desviada por completo de un asunto esencial: cómo reconformar el sistema financiero para que la producción pueda crecer. El tiempo se agota.