No informar viola la Constitución: presidente de la subcomisión legislativa

David Carrizales, corresponsal, Monterrey, NL, 9 de agosto Ť La negativa del gobierno federal a proporcionar información sobre el Fobaproa es solamente una argucia legal para impedir que se proceda contra quienes se beneficiaron ilícitamente con recursos públicos; sin embargo, el argumento del secreto bancario no puede estar por encima de la Carta Magna, pues los diputados federales tenemos la obligación constitucional de fiscalizar los recursos públicos, sostuvo Ricardo Cantú Garza, presidente de la subcomisión especial del caso Fobaproa.

Afirmó que si el Ejecutivo persiste en su negativa a proporcionar información, los legisladores irán a una controversia constitucional para que resuelva la Suprema Corte de Justicia. ``El mecanismo se podría iniciar a través de las comisiones de Presupuesto o de Vigilancia, presididas por PRD y PAN, respectivamente, que solicitarían la información al Ejecutivo; al negarla éste, la Cámara se iría en queja ante el Presidente de la República, y si no rectifica se pediría la controversia constitucional'', señaló Cantú.

El diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) argumentó que si el Fobaproa utilizó recursos públicos, los legisladores tienen la facultad de conocer todo lo referente a su manejo. Por ello, ``hay una violación del Ejecutivo a la Carta Magna al no proporcionar esa información, porque existe una facultad constitucional que está por encima de cualquier ley reglamentaria del secreto bancario, que está regulado para el derecho privado, no para el público''.

Consideró que lo que buscan las autoridades es ocultar información, ``porque tal vez esto nos permitiría, ya con documentos oficiales, fincar responsabilidades para que se hagan las investigaciones por la autoridad competente sobre el uso indebido de recursos públicos''.

Respecto de la supuesta afirmación del subcoordinador panista Rogelio Sada Zambrano, en el sentido de que para octubre los grupos parlamentarios podrían llegar a un consenso sobre el Fobaproa, Cantú Garza consideró que sería muy difícil que las auditorías hubieran avanzado lo suficiente como para que los diputados cuenten con información que les permita tomar una decisión con responsabilidad.

Expuso que esto podría darse para finales del año o a principios de 1999, ``siempre y cuando el Ejecutivo se comprometa a proporcionar la información necesaria''.

Cantú Garza comentó que este lunes se reunirá el comité técnico que decidirá sobre el despacho que se hará cargo de las auditorías del Fobaproa, y agregó que hay una posición definida de priístas y panistas, mientras PT, PRD y PVEM están porque no haya contratación hasta que exista el compromiso del Ejecutivo federal de proporcionar toda la información que se le ha requerido.

Finalmente, el legislador del PT argumentó que no tiene caso pagarle a un despacho mientras éste no tenga la materia prima para trabajar''.