INHABILITA SECODAM AL DIRECTOR DE RECLUSORIOS DEL DF; SEGUIRE, DICE EL
Gustavo Castillo García Ť Carlos Tornero Díaz, director general de Reclusorios del Distrito Federal, fue inhabilitado para desempeñar cargos públicos por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) por tres años, luego de encontrarlo responsable de haber realizado pagos irregulares y disponer de manera indebida de recursos públicos por más de 304 mil pesos cuando fungió como director del Centro de Rehabilitación Psicosocial en Villa de Ayala, estado de Morelos, entre agosto de 1994 y diciembre de 1995, informó el subsecretario del ramo, José Octavio López Presa.
Tornero Díaz fue notificado desde el pasado 5 de agosto de la sanción que le fue impuesta por la Secodam una vez que concluyeron los dos procedimientos administrativos que en su contra iniciaron en 1996, luego de que auditorías solicitadas por la Secretaría de Gobernación en ese año detectaran irregularidades que afectaron al erario.
Sin embargo, la fecha de su inhabilitación deberá esperar un plazo de 30 días hábiles, ya que antes de que ésta se lleve a cabo la Secodam debe resolver en ese tiempo el recurso de apelación que interpuso Tornero Díaz.
En caso de que la sanción sea ratificada por la dependencia federal, corresponderá al gobierno capitalino hacer cumplir las disposiciones de la inhabilitación y la reparación del daño económico causado por el funcionario durante su gestión como director del centro de rehabilitación psicosocial referido.
El subsecretario López Presa informó en conferencia de prensa que la Secodam sancionó a Tornero Díaz por tres años y a María del Rocío Hernández Romero por cinco años para ocupar cargos públicos, ya que durante su gestión como director y subdirectora del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Villa de Ayala, respectivamente, se detectaron anomalías financieras por un monto de 304 mil 954.85 pesos y otras irregularidades administrativas.
Debido a que todo el proceso se realizó de manera confidencial, fue hasta este lunes cuando de manera pública se dio a conocer que tanto Tornero como Hernández, fueron informados de manera personal y en sus respectivos domicilios de la acusación que pesaba en su contra para presentar las pruebas en su favor que consideraran pertinentes durante una audiencia, tal y como lo establece el artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
La sanción impuesta a Carlos Tornero Díaz y a María del Rocío Hernández Romero se realizó con base en el artículo 53 de la citada ley, ya que los actos cometidos por ambos implicaron perjuicios al erario de la institución carcelaria de la cual estuvieron a cargo, indicaron fuentes de la Secodam.
Empero, la inhabilitación de Tornero Díaz, quien actualmente ocupa un cargo público, corresponde al superior jerárquico de éste, es decir, del gobierno capitalino, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pero como se interpuso un recurso legal en contra de la medida, su inhabilitación deberá esperar.
Durante la conferencia de prensa, López Presa informó que Tornero Díaz y Hernández Romero resultaron ``administrativamente responsables de la comisión de irregularidades consistentes en que realizaron diversos pagos contraviniendo lo establecido en el artículo 32 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, por lo que se les impuso una sanción económica de 38 mil 200 pesos y una amonestación pública'', como lo señala el artículo 53 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
López Presa informó que en contra de Tornero Díaz y María del Rocío Hernández Romero se abrieron dos expedientes: el 101/96 y el 233/96. En el primero se les impuso la sanción económica y en el segundo se detectó que entre el 1 de enero al 15 de noviembre de 1995, ambos dispusieron de recursos presupuestales ``según su propia confesión, por la cantidad de 304 mil 954.85 pesos''.
Daniela Pastrana Ť Carlos Tornero Díaz aseguró que continuará a cargo de la Dirección General de Reclusorios ``hasta que no reciba otras instrucciones de las autoridades superiores''.
En conferencia de prensa, el funcionario rechazó haber realizado un mal manejo de los recursos durante su gestión al frente del Centro de Readaptación Psicosocial en Villa Ayala, Morelos, y señaló que ayer por la mañana interpuso un recurso de inconformidad y revocación contra la resolución de la Contraloría.
Además, sostuvo que todas las operaciones financieras del centro fueron realizadas directamente por María del Rocío Hernández Romero --subdirectora administrativa del penal que también fue inhabilitada en la resolución de Secodam--, y autorizadas por la entonces subsecretaria de Gobernación, Socorro Díaz, actual directora del ISSSTE.
Interrogado en varias ocasiones sobre si existe algún tinte político en su inhabilitación, Tornero Díaz insistió en que no tiene ningún indicio que le pueda sugerir revanchismo político. ``De momento no tengo la menor idea de que pueda ser una revancha'', dijo.
Dice que seguirá en el cargo
El funcionario informó que desde el jueves pasado recibió la notificación de la resolución por parte de la Contraloría de la Secretaría de Gobernación, y que ese mismo día comenzó a integrarse el recurso de revocación, el cual fue presentado ayer por la mañana.
Comentó que el proceso puede llevarse varios años, ya que después de la respuesta a su recurso, que debe darse en los próximos 10 días hábiles, y en caso de que ésta le fuera desfavorable, quedan dos instancias a las cuales recurrir, que son el Tribunal Fiscal Superior, para pedir la nulidad de la sentencia, y el amparo en contra de la ejecución, que corresponde hacer al Ejecutivo local. Insistió: ``Hasta la resolución final no hay ningún impedimento legal para que pueda continuar en el cargo''.
Tornero Díaz aseguró que no ha tenido contacto ni profesional ni personal con Rocío Hernández Romero posterior a su trabajo en el Centro de Readaptación Psicosocial, e insistió en que él sólo se ocupó de la operación técnica del proyecto.
También afirmó no haber tenido comunicación con Cuauhtémoc Cárdenas para comentar este asunto, y que hasta después de la conferencia se reuniría con el subsecretario de Gobierno, Leonel Godoy, su superior directo, para recibir instrucciones.
Ninguna autoridad calificada del gobierno capitalino estuvo disponible para aclarar la permanencia o no del funcionario en la Dirección de Reclusorios durante el tiempo en que esté sujeto a investigación.
Bertha Teresa Ramírez, Raúl Llanos y Daniela Pastrana Ť La inhabilitación de Carlos Tornero Díaz parece más bien una vendetta en respuesta a la detención y encarcelamiento de Fernando Peña Garavito, que de ser cierto ``nos llevará a una espiral muy peligrosa, a un terreno de arenas movedizas y golpes bajos'', afirmó ayer el coordinador general de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito, Pedro Peñaloza, mientras que diputados locales del PAN y del PRD advirtieron que ``es riesgoso para la gobernabilidad de la ciudad'' el caer en ``venganzas o revanchismos políticos'', por el simple hecho de aplicar la ley y combatir la impunidad.
De hecho, la secretaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, Irma Islas, dijo que promoverá que este órgano colegiado tenga acceso a los expedientes de Fernando Peña y de Carlos Tornero, para determinar hasta qué punto se trata de un ``conflicto con fines partidistas''.
Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, el priísta José Alfonso Rivera, es necesario investigar a fondo bajo qué condiciones se designó al director de Reclusorios, ya que al parecer existía anteriormente otra inhabilitación de cinco años por parte de las autoridades federales cuando también se detectaron anomalías mientras Tornero encabezaba un centro de readaptación social en la entidad morelense. Si es así, dijo, se habrá incurrido en un ilícito, ya que a pesar de ese antecedente se le dio un cargo público.
Pedro Peñaloza fue entrevistado ayer durante un foro organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y aseguró que la inhabilitación del director de Reclusorios ``parece obra de algún inteligente que ya dio el banderazo para el enfrentamiento subterráneo para el año 2000'', fecha en que estarán en disputa electoral cientos de cargos de representación popular a nivel local y federal.
En opinión del funcionario, ni la ciudadanía, ni el Distrito Federal ni el país ``merecen este tipo de actitudes, porque ellos no están para las vendettas''.
Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa, la diputada panista Irma Islas calificó de ``preocupante y alarmante'' esa situación, ya que por una parte deja entrever la ``venganza entre intereses partidistas'', y por la otra se designó para un cargo tan delicado, como es la Dirección de Reclusorios, a una persona que quizá no tenía la capacidad suficiente y que estaba inhabilitado''.
--¿Entonces es la segunda inhabilitación, o bien la Secodam ya tenía desde antes el castigo y hasta ahora, con el caso de Peña Garavito, lo sacó a la luz pública?
--Pues así parece, el que a unos días de que se encarceló al ex director de Servicios al Transporte la Secodam informe de la inhabilitación, por eso la Secretaría de la Contraloría debe informar cuánto tarda en integrar un proceso de tipo administrativo, y cabría hacerle la pregunta: ¿si no hubieran detenido a Peña Garavito entonces seguiría en su cargo como si nada, a pesar de que se tenía ya su inhabilitación?
Si es así, dijo, entonces es preocupante que la administración y procuración de justicia esté condicionada a intereses de partido, es decir, la justicia se partidizaría, por lo que es fundamental que los ``primos hermanos'' dejen de ``sacarse los trapitos al sol'', porque el único afectado de todo esto es la sociedad.
En este mismo tenor, el líder capitalino del PAN, Gonzalo Altamirano demandó, en un comunicado de prensa, la salida inmediata de Carlos Tornero; ``al gobierno del DF no le resta más que acatar las disposiciones de Secodam, por lo que el señor debe quedar separado totalmente de su cargo''. Comentó también que ``por lo tardío en la toma de decisiones de la Contraloría'' podrían darse interpretaciones políticas a esa sentencia.
Ante esta situación, advirtió que se corre el riesgo de que tanto el PRI como el PRD entren en el terreno de las descalificaciones políticas y hagan a un lado las leyes.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Pública de la ALDF, Víctor Manuel Soto, comentó que ``no se descarta la posibilidad'' de que la inhabilitación del director de Reclusorios responsa a una venganza por la acción emprendida con Peña Garavito, ya que habría que preguntarse porqué la Contraloría se tardó tanto en conocer ese caso, quizá hasta hubo ahí ``encubrimiento'' hacia el funcionario capitalino.
Subrayó que todas estas situaciones afectan la legalidad de esta ciudad, ya que si hay la voluntad de castigar los hechos de corrupción y acabar con la impunidad, pero si ``un grupo político a nivel federal busca la revancha, pues es grave''.
Con todo y eso, dijo que se deberá seguir aplicando la ley a quienes incurran en anomalías, así sean servidores públicos del gobierno cardenista o ex empleados de la pasada administración de Oscar Espinosa Villarreal.
Nadie tiene la chamba segura
En otro orden de ideas, Pedro Peñaloza se refirió al desempeño del jefe de la policía capitalina, Rodolfo Debernardi, y a pregunta concreta precisó: ``nadie está seguro en le régimen de Cuauhtémoc Cárdenas; nadie tiene la chamba segura, nadie puede decir `yo voy a cobrar el aguinaldo' con seguridad''.
Durante la entrevista realizada en el marco de las Jornadas Internacionales ``Justicia Penal y Derechos Humanos'', mencionó que el jefe del gobierno del Distrito Federal ``es muy estricto, muy adusto y creo que está vigilando a todos y él decidirá qué hacer, pues es su derecho, además de que todos los funcionarios de esta administración estamos bajo el escrutinio público''.
Carlos Tornero... en su propia voz
José Galán Ť La estancia de Carlos Tornero Díaz al frente de la Dirección de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del gobierno del Distrito Federal se ha caracterizado por enfrentar una realidad:
Abril de 1998: ``En los últimos cuatro años la población total de reclusos ha crecido 87 por ciento hasta llegar a 14 mil 871 internos, de los cuales cerca de 6 mil 202 corresponden a procesados y 8 mil 935 a sentenciados. Además, de cada 100 personas que ingresan, tomando en cuenta todas las variables posibles de egresos, permanecen como saldo de población incluida 12 presos por día, o sea 360 mensuales''. Informe a la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa.
Mayo de 1998: ``Las prisiones son hoy grandes centros de operación del crimen organizado que entrelaza relaciones del interior al exterior de las cárceles y viceversa. Nos sentimos eventualmente empequeñecidos''.
``Bajo el supuesto de que no se aplicaran soluciones que ya se reclaman con carácter de urgente, el sistema carcelario será entregado con 25 mil 671 presos para el año 2000''. Foro sobre la Reforma Penitenciaria.
Julio de 1998: ``El crimen organizado hoy priva dentro y fuera de las prisiones. Sus integrantes no son únicamente internos, sino que abarcan y coluden al personal de seguridad, empleados administrativos y no pocas veces a funcionarios''. ``Si tanto he visto en las prisiones, ¿por qué nunca nada he denunciado?''. ``Pues por temor. Pero ahora que el cambio democrático me pone al alcance tribuna, sólo expongo hechos...''.