Iniciativas de PAN y PRD buscan romper el corporativismo sindical

Fabiola Martínez y Elizabeth Velasco/ II y última Ť El PAN y el PRD están listos para presentar en septiembre próximo ante el Congreso de la Unión sus iniciativas para una reforma de ``fondo'' a la Ley Federal del Trabajo (LFT), con el imperativo de romper la relación corporativa entre sindicatos y Estado, definir los alcances de la flexibilidad laboral y establecer un nuevo régimen para la fijación de los salarios.

En tanto, gobierno, empresarios y centrales del movimiento obrero organizado intentan llegar a un ``consenso'' para que las enmiendas al código ``generen empleo, recuperen el poder adquisitivo del salario, den mayor certidumbre a los inversionistas y favorezcan el crecimiento económico del país''.

Por su lado, el PRI permanece en silencio, ``en espera de que el Ejecutivo envíe su iniciativa para respaldarla'', coinciden los legisladores de oposición Javier Paz Zarza (PAN), Rosa Albina Garavito y Rosalío Hernández (PRD).

Son justamente PAN y PRD los que reactivan en 1997 la polémica sobre la reforma laboral y la retoman ahora en una coyuntura que les favorece por la nueva composición política del Congreso de la Unión, la desaparición del jerarca cetemista Fidel Velázquez -pertinaz opositor a cualquier reforma- y la llegada de José Antonio González Fernández a la Secretaría del Trabajo, quien en mayo pasado asume el cargo con la encomienda presidencial de impulsar una reforma de ``consenso''.

Pese a las diferencias, PAN y PRD coinciden en que urge realizar una reforma de ``fondo'' a la LFT, no sólo porque la actual es ``obsoleta'', sino también porque con su postergación los empresarios han hecho cambios laborales a su conveniencia para responder a las exigencias del mercado nacional e internacional.

Las propuestas de ambos partidos comparten la intención de promover la autonomía y democracia sindical. Para ello, sugieren votación directa de los agremiados en asuntos colectivos, como huelga y revisión contractual, imponer sanciones de tipo penal contra quien negocie contratos colectivos a espaldas de los trabajadores y eliminar la cláusula de exclusión que permite a los líderes sindicales cesar a un trabajador cuando éste no acata sus órdenes.

También, demandan ``sacar las manos del gobierno'' de la vida sindical a través de la derogación de la toma de nota, sustituir las juntas de conciliación por jueces dependientes del Poder Judicial, crear un registro público y autónomo de sindicatos y ampliar la base de agremiación para que un mayor número de trabajadores, incluido personal de confianza, goce de las prerrogativas de ley.

En lo económico, se pronuncian por la reducción de la jornada laboral a 40 horas (con pago de 56 y jornada máxima diaria de ocho horas), establecimiento de nuevos criterios para fijar el salario mínimo a través de un instituto que sustituiría a la comisión nacional actual, incremento de los días de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, licencia materna y el porcentaje de utilidades que corresponde al trabajador.

Para gobierno y empresarios -encabezados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)- también es imprescindible una reforma que lleve a la LFT los acuerdos de la nueva cultura laboral (NCL), a fin de elevar ``productividad y competitividad'' en las empresas.

Cabe destacar que la nueva cultura laboral fue puesta en marcha en 1995 por el entonces líder de la CTM, Fidel Velázquez, y Carlos Abascal, ex dirigente de la Coparmex, y signada un año después con el aval del presidente de la República, con el objetivo de poner en marcha cambios laborales que permitieran responder a la crisis del 94 que provocó la pérdida de al menos 800 mil empleos.

El abogado laboral Héctor Barba, asesor externo de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), señala que la NCL, que se firmó ``sin fundamento constitucional o legal'', establece obligaciones y derechos de carácter económico y en materia de educación, capacitación y productividad.

Este acuerdo, subraya, pretende sustituir veladamente y en los hechos el carácter constitucional del salario, para remunerar a los trabajadores conforme a resultados productivos. ``Es, de hecho, una estrategia que prepara el terreno de modificaciones a la LFT, pero es regresiva porque pretende favorecer a los patrones en detrimento de los derechos de los trabajadores y, en consecuencia, o se perfecciona o debe ser rechazada por atentatoria''.

Al respecto, el titular de la STPS ha señalado que si no es posible lograr una enmienda laboral integral y por ``consenso'', se continuará avanzando ``con esos diálogos de la nueva cultura laboral y con prácticas de recomendación a las empresas''.

La posición del sector privado, hecha pública por Jorge Marín Santillán, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), se orienta hacia una ``flexibilidad en la contratación individual y colectiva''. Para ello, propone revisar las causales de rescisión (despido) de manera que se consideren ``las situaciones económicas de fuerza mayor'' y la aplicación de ``normas nuevas''.

En materia de salarios proponen cambios a la jornada de trabajo y el pago por hora, poner fin al escalafón ciego y en su lugar ``remunerar a los trabajadores de acuerdo con su eficiencia y no por antigüedad'', regular la huelga para que ésta se lleve a cabo ``sólo con la voluntad mayoritaria de los trabajadores y no por decisión de la dirigencia sindical''. También, que pueda ser resuelta por empresa y sindicato, pero, en ciertos casos, por la autoridad laboral.

Asimismo, recomiendan hacer ``menos onerosa'' la participación del gobierno en la resolución de las controversias laborales, y a la par una reforma de carácter fiscal que permita a los empresarios disponer de más recursos para ``cumplir con los programas sociales''.

La iniciativa privada y el gobierno coinciden en que la reforma debe abordar únicamente estos puntos y ``dejar para el futuro la postura del todo o nada y aquellas propuestas populistas y temas en donde se anticipa que no habrá consenso'', como la reducción de la jornada laboral a 40 horas con pago de 56, la revisión trimestral de los salarios y la desaparición del apartado ``B'' (relativo a los trabajadores al servicio del Estado); las dos últimas sugeridas por el PRD.

Al respecto, Gerardo Aranda Orozco, dirigente de la Coparmex, señala que ``algunas propuestas (de los partidos) suenan bien desde el punto de vista idealista, se pueden vender, pero es algo que va picado de populachería más que entender la realidad económica del país''.

En cambio, los líderes de las organizaciones sindicales han expresado que sólo aceptarán modificaciones ``siempre y cuando no atenten contra los derechos y conquistas sindicales''. Las organizaciones que integran el Congreso del Trabajo, entre ellas CTM y CROC, rechazan además, tajantemente, cualquier participación de los partidos políticos al argumentar que quienes deben impulsar la reforma son exclusivamente trabajadores y patrones.

Ante lo que consideran como un ``embate de la iniciativa privada y de los partidos políticos'', las centrales oficialistas (CT, CTM y CROC) y la independiente UNT han creado un endeble ``frente unitario'' con el propósito de delinear una agenda de temas de debate, para llegar a mínimos consensos. Sin embargo, este frente coyuntural no ha avanzado porque ``la UNT quiere una reforma de fondo que acabe con las prebendas de los sindicatos oficilistas y la CTM se niega'', afirma Francisco Hernández Juárez, líder colegiado de esa unión. Reconoce que aunque están dispuestos ``a aliarse hasta con el diablo'' para defender los derechos de los trabajadores, es endeble esta coyuntural alianza por las diferencias que existen entre los líderes de las organizaciones obreras.

En tanto, las organizaciones agrupadas en torno a la Coordinadora Intersindical Primero de Mayo y el Sindicato Mexicano de Electricistas manifiestan su rotundo rechazo a una reforma, al considerar que empresarios, gobierno, sindicatos ``charros'' y partidos políticos pretenden modificaciones de tipo ``neoliberal'' que implican la sobreexplotación de los trabajadores por la vía de programas productivistas y flexibilidad laboral. ``Nuestra postura es definitiva. No permitiremos una reforma simulada carente de consenso, sino respeto a la actual normatividad''.

El debate

Néstor de Buen, autor de la iniciativa de ley del PAN, asegura que el viejo sindicalismo rechaza una reforma a fondo de la LFT, porque lo que está en juego -según los proyectos de los partidos de oposición- es ``el desmantelamiento del corporativismo sindical, la pérdida de los grandes negocios que representan la titularidad de los contratos colectivos y de las prebendas políticas y económicas por su alianza con el Estado''.

De Buen y Javier Paz Zarza, coordinador de asuntos laborales del PAN en la Cámara de Diputados, reconocen que la propuesta panista ``sí va en contra de los sindicatos, pero de aquellos corporativos que han hecho de la representación de los trabajadores un negocio redondo y un coto de poder bajo la complacencia del Estado''.

Coincide la senadora del PRD Rosa Albina Garavito, al señalar que ``si queremos construir un país democrático deben eliminarse los candados que existen en la LFT'' y que han impedido que las organizaciones sindicales sean verdaderamente autónomas e independientes del Estado.

Si bien PAN y PRD coinciden en materia de autonomía y libertad sindical, conservan diferencias sustanciales en materia de contratación individual y colectiva.

Mientras el PAN acepta un incremento del empleo temporal por ``exigencias circunstanciales del mercado, exceso de pedidos o acumulación de tareas'', el PRD defiende la estabilidad en el trabajo permanente o de base.

Otro punto que postula el PAN se relaciona con la posibilidad de cambiar temporalmente -hasta por un término de 30 días- el horario, los días laborales y el lugar de trabajo por requerimientos de la productividad. Plantea, además, el contrato a prueba en un periodo máximo de un mes. En cambio, el PRD deroga esta idea en su anteproyecto, al señalar que este precepto es ``altamente peligroso, porque propiciaría la precariedad e inseguridad del empleo''.

Respecto a la rescisión de las relaciones de trabajo, en las que se presuma responsabilidad del empleado, el PAN mantiene sin cambios la actual ley, en tanto que el PRD dispone que el despido sólo procederá cuando sea ratificado ante un juez.

Cuando menos existen 22 diferencias entre las propuestas de los partidos de oposición. Sin embargo, el PAN ha señalado que está en la mejor disposición de llegar a una negociación, mientras el PRD se mantiene firme en la defensa de su anteproyecto. Lo cierto es que ambas iniciativas están listas y se advierte que podrían ser presentadas en el próximo periodo ordinario de sesiones. Gobierno y empresarios están a la expectativa, pero con posturas definidas, mientras que el movimiento obrero organizado, inmerso en pugnas internas, no ha sido capaz de elaborar un proyecto de ``consenso'' que permita la defensa auténtica de los derechos de los trabajadores del país.