El escándalo por los donativos realizados por Gerardo de Prevoisin y Angel Isidoro Rodríguez, El Divino, a la campaña priísta de 1994; la representación legal de una empresa off shore vinculada con el primero, asumida por el ex candidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos, y los nuevos datos sobre el financiamiento, por parte de Carlos Cabal Peniche, a la candidatura de Roberto Madrazo Pintado a la gubernatura de Tabasco, configuran un ámbito de sospecha generalizada sobre la existencia de una red de complicidades y vasos comunicantes entre la corrupción bancaria y financiera y destacados sectores de la clase política.

A estas alturas, es patente que por lo menos algunos de los hilos de esa complicada madeja de intereses pueden encontrarse en la investigación a fondo, plena y sin cortapisas, de las operaciones realizadas por el Fobaproa, entidad que absorbió elevados adeudos de empresarios y banqueros con un doble denominador común: presuntos autores de delitos de cuello blanco, por una parte, y patrocinadores de campañas políticas del partido oficial, por la otra. Con tan numerosos indicios a la vista, resulta fundada la sospecha que una porción significativa de los pasivos que el gobierno pretende convertir en deuda pública derivan --directa o indirectamente-- de desvíos de fondos destinados a financiar las actividades priístas de proselitismo relacionadas con los comicios de hace cuatro años.

Más aun, en presencia de las informaciones mencionadas cabría preguntarse si algunos de los procesos de desincorporación efectuados durante el salinismo --los de las entidades bancarias, en primer lugar-- no estuvieron viciados de origen por acuerdos ilegítimos entre el grupo gobernante y los beneficiados por tales privatizaciones.

En este contexto, no puede pasar inadvertida la súbita evolución de las posiciones de la diputación priísta, cuyos miembros defendían, hasta ayer, íntegra, la iniciativa del Ejecutivo para cargar el costo del rescate bancario a las arcas nacionales, y de pronto pusieron sobre el tapete un ``posicionamiento'', es decir, una iniciativa distinta, en la que se considera una reducción del monto que debería convertirse en deuda pública y un conjunto de medidas de fiscalización y revisión de las operaciones. Es pertinente preguntarse en qué medida las sospechas mencionadas llevaron a los legisladores del tricolor a deslindarse de la indefendible pretensión de socializar números rojos surgidos de maniobras de desfalco.

Los hechos mencionados obligan a concluir que, ahora más que nunca, resulta obligado revisar las cuentas del Fobaproa en forma por demás transparente y de cara a la sociedad, ya sea para despejar las sospechas mencionadas o para confirmarlas. En ello se juega la autoridad moral del Poder Legislativo, la credibilidad de las instituciones y también, por supuesto, la posibilidad de preservar a la de suyo maltrecha economía nacional de un nuevo descalabro y un nuevo saqueo, como lo sería la conversión indiscriminada a deuda pública de los pasivos del Fobaproa.