Impugna Kahwagi la integración de la auditoría relativa al caso Peña Garavito

Humberto Ortiz Moreno Ť Jorge Kahwagi Gastine cuestionó la auditoría del contralor Gastón Luken a la Dirección General de Servicios al Transporte, porque contiene deficiencias contables que propiciaron una mala integración y ``sumas mal hechas'' que aumentan en 283 mil 965 pesos la cantidad por la que es acusado Fernando Peña Garavito, ni tampoco sus cálculos toman en consideración la reducción del 3 por ciento con motivo del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico vigente en 1994.

Compareciente en el juzgado 59 penal como testigo de descargo a favor del ex funcionario del DDF, el apoderado legal de Cosmocolor explicó por qué descalifica las cuentas que redundaron en la acusación al aún funcionario de Sectur: a raíz del convenio, fueron elaboradas 381 mil 487 licencias de automovilista y no, como señalan los auditores y el ministerio público, 381 mil 743.

Y es que esta diferencia significa 283 mil 965 pesos, o sea la tercera parte del monto por el que acusan a Peña Garavito, quien desde la reja de prácticas, apoyado por familiares y sus abogados, escuchó cómo los argumentos de Kahwagi coincidían casi a la perfección con los suyos.

Con estos elementos, la jueza Eva Verónica de Gyves Zárate deberá dictaminar este viernes el auto de libertad o de formal prisión para el ex director de Servicios al Transporte del DDF.

Para el ex presidente de Canacintra, quien permaneció por espacio de cuatro horas en el juzgado 59 del reclusorio preventivo oriente, no hay delito patrimonial qué perseguir en este caso, pues el contrato de prestación de servicios para la emisión de licencias y expedición de tarjetas de circulación fue celebrado el 1 de junio de 1995, con bases de licitación previas, por Cosmocolor, la Oficialía Mayor y la Coordinación General Jurídica del DDF.

Además, aseguró, el convenio suscrito contó con la aprobación de suficiencia presupuestal y la convocatoria a concurso fue lanzada por Manuel Merino García, oficial mayor, y Jaime Alvarez Soberanis, coordinador jurídico, quienes establecieron la necesidad de finiquitar el contrato previo vigente de septiembre de 1994 a mayo de 1995 con Cosmocolor, por los mismos servicios.

El empresario presentó diversa documentación de apoyo a sus argumentaciones, en la que figura el oficio firmado por el director general de Programación y Presupuesto del DDF, Claudio F. Urencio Castro, en el que da autorización a comprometer los recursos públicos en los periodos de 1995 a 1998 con convenios similares.

Kahwagi Gastine aseguró que la inversión para Cosmocolor por concepto de modernización tecnológica derivada de los contratos con el DDF asciende a más de 3 millones de dólares.

A partir de estas declaraciones, la defensa de Peña Garavito confía en que su cliente obtenga el auto de libertad el próximo viernes. Ayer, el ministerio público y los defensores del indiciado se contrapuntearon y prolongaron la audiencia, pero será el 14 de agosto cuando la suerte del aún director de Playas de la Sectur quede definida.

Por su parte, Fernando Gómez Mont, abogado del empresario, dijo estar absolutamente seguro de que en este asunto no hay actos en contra de la ley, sino que hubo una ``auditoría mal realizada e integrada...''

Entrevistado al concluir la audiencia, Kahwagi estableció que Cosmocolor actuó conforme a los términos del contrato con el DDF e, incluso, sigue trabajando para el gobierno capitalino.

Consideró que faltó objetividad a los auditores y remarcó que está claro que ``no tememos a represalias, sino que manifestamos confianza...''

Y seguro de su probidad, llamó a los empresarios a ``tener cuidado y actuar con limpieza'' en la celebración de convenios de negocios con dependencias oficiales.