Libre, un acusado de violación en Tláhuac

Ricardo Olayo y Humberto Ortiz Ť Uno de los principales agresores de las tres jóvenes violadas en el cuartel de la Policía Montada en Tláhuac está libre, a pesar del ofrecimiento de las autoridades de tener a todo el destacamento a disposición, indicó Patricia Olamendi, coordinadora de Promujer en el Distrito Federal.

En tanto, organizaciones sociales solicitarán en la PGJDF la renuncia del subprocurador C, Víctor Carrancá Bourget, quien tiene entre sus antecedentes haber defendido a los agentes judiciales conocidos como ``los violadores del sur''. A propósito de los señalamientos sobre su pasado, Carrancá sostiene que ``hasta los violadores tienen derecho a defenderse'', y sólo después de un juicio condenatorio se les puede llamar delincuentes.

Las violaciones no tienen justificación y el intento de desvirtuar a la víctima ``nos hace retroceder 20 años'', dijo Olamendi, quien durante una entrevista encontró un simil entre la declaración reciente del secretario de Seguridad Pública, Rodolfo Debernardi, y el ex subprocurador de la PGR, Javier Coello Trejo, pues con frases muy parecidas ambos han dicho de sus policías que hechos tan agresivos contra las mujeres se deben a malas conductas que se producen en general en la sociedad.

Debernardi trabajó en la PGR, en una dirección vinculada a los Servicios Aéreos, cuando el subprocurador era precisamente Coello, recordó Patricia Olamendi, quien fue nombrada por el gobierno del DF para proteger los derechos de las tres jóvenes atacadas por integrantes de la Policía Montada, 15 de los cuales están tras las rejas sometidos a proceso por delitos diversos de violación, abuso de autoridad y encubrimiento. Sin embargo, dijo, un sujeto apodado ``El Capi'' está libre y precisamente ha sido señalado por las tres mujeres --dos de ellas menores de edad-- como uno de los más agresivos durante el tiempo en que fueron retenidas y violadas en el cuartel de Tláhuac.

Las investigaciones deben abarcar a todo el destacamento número 18, incluso a su jefe, pues resulta extraño que al paso de los días no se hubiera enterado o dado aviso de la privación ilegal de tres personas en sus instalaciones, dijo Olamendi.

La funcionaria criticó la intención de algunas personas y medios de comunicación de desvirtuar la calidad moral de las jóvenes agredidas, ``porque en el fondo lo que se busca es sostener la idea de que las prostitutas no merecen un trato digno, lo cual es absurdo; tienen un modo honesto de vivir, y no hay duda de que la intención es inhibirlas en las siguientes etapas del juicio'', destacó en entrevista.

Dijo que algunos sectores de la sociedad no acaban de entender que la víctima de una violación experimenta una sensación de culpa, además del cuestionamiento familiar y la idea de quitarse la vida. A ello se acumula la visión masculina que predomina en las leyes y que de seguir así, ocurrirá como en el pasado, que el bien defendido será la ``doncellez'' o la virginidad, como si se tratara de una cosa o un objeto.

Si se continúa inhibiendo a las mujeres, este sector de la población tendrá que recurrir a la iglesia para revelar sus secretos y sus dolores a fin de evadir el escrutinio de una opinión pública, que no entiende la dimensión de las agresiones sexuales en su contra.

ONG piden la renuncia de Carrancá

Organizaciones de mujeres, como Diversa, el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, la Red por la Salud de las Mujeres del DF y el Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias, anunciaron que hoy pedirán la renuncia del subprocurador Carrancá, quien fue el abogado defensor de los agentes judiciales que violaron a varias mujeres por el rumbo de Tlalpan. Los agresores pertenecían a la escolta de Javier Coello Trejo, entonces subprocurador general de la República.

Respecto de las declaraciones de sus detractores, Carrancá sostuvo que una cosa es el ejercicio de la profesión como abogado y otra la función pública. Se dijo dispuesto a hacer las aclaraciones pertinentes respecto de las violaciones y afirmó que la Constitución garantiza no sólo que un abogado represente el asunto que le convenga por las razones que sean, sino que todo procesado debe tener una defensa, así se trate de un violador.

``En todo caso, se tendría que reformar la Constitución para prohibir la defensa de aquellos que sean considerados delitos graves, lo cual sería totalmente absurdo'', dijo.