Luis Linares Zapata
Centro de la intransigencia
La radicalización, subproducto del fundamentalismo rectilíneo del grupo en el poder, no se agota sólo en el discurso, permea el accionar de todos los días y alcanza su mejor momento cuando toca al conflicto de Chiapas y al Fobaproa. Dos son sus mejores exponentes por la simpleza conceptual y el empleo de actitudes irreductibles. Uno tiene su sede en Gobernación y se expresa en la postura de no más concesiones al EZLN y al ``electorero'' Marcos (insiste Labastida en denostarlo, según él, con el fallido Sebastián Guillén). El otro se dibuja, con toda su magnificencia, en la Hacienda de Gurría y su negativa a proporcionar información exhaustiva a los diputados a causa del Fobaproa. Los muy atrevidos la ``usarán en contra del gobierno y sus instituciones'', figúrense nomás.
Por ahora las baterías de la coalición gobernante se concentran en mostrar a un perredismo al borde del rompimiento con toda posibilidad de negociación. Lo mismo arguyen en contra del zapatismo. En ambas entidades, dice la versión oficial, se agazapa la rotunda negativa a sentarse a la mesa de concertaciones y se la viven especulando contra el PRI. Simplemente se rehusan al mínimo compromiso, se afirma como una justificación anticipada para romper todo puente de entendimiento. Ni los puntos sensibles de Larráinzar y menos aún los datos pormenorizados de las transacciones con los bancos pueden ser expuestos o concedidos. El sacrosanto secreto bancario es ya el único parapeto de los hacendarios y la iniciativa indígena con el 2000 en la mira es el postrer escudo de los burócratas de Gobernación.
El esfuerzo de los diputados y dirigentes perredistas por extraer los fangosos contenidos del gigantesco débito del Fobaproa pasó a ser interpretado, por ciertos sectores de apoyo al grupo dominante y obviamente por ellos mismos, como una muestra más de su infantilismo político. Revelar listas de deudores que no han pagado sus compromisos equivale a juzgarlos, de facto, en la plaza de las condenas inapelables. El enfrentamiento del PRD con el gobierno es inevitable y se aleja, a paso veloz, de la simpatía de los votantes, dicen con un dejo de compungida solidaridad tramposa.
Nada más alejado de la vista crítica de muchos miles de ciudadanos que observan tal acto difusivo, y los que deben seguir, como una perentoria obligación de aquéllos que entienden la política como un continuo intercambio con el ciudadano, sus responsabilidades y derechos. Hacer públicos los asuntos de todos deberá ser la constante a pesar de los dolores, las desviaciones y las tensiones que ello acarrea. Se padece por tal forma de actuar, es cierto, pero es la mejor manera de enfrentar los problemas que aquejan a la sociedad. Mantener en el secreto de los pasillos del poder la información sensible es la invitación más directa a las complicidades entre los rapaces y la cobija de los errores garrafales.
Lo anterior no implica el rompimiento y arriesgue del todo por el todo. El PRD no puede y menos se piensa que quiera jugar al aislamiento o salirse del cuarto de las negociaciones. La alianza con el PAN es una posibilidad asequible. Este partido ha dado muestras, a pesar de las denostaciones y los trucos difusivos, de andar a la búsqueda de consensos sabedores del impagable precio de aprobar lo que el gobierno quiere.
Ambos partidos (PAN y PRD) sostienen que las acciones del Ejecutivo fueron ilegales y quieren retornar a la vía del derecho. Los dos niegan la violación del secreto bancario si se hacen públicos los adeudos gigantes y los factibles fraudes y errores. Ambos quieren enjuiciar a todos y no sólo a algunos de los culpables del desaguisado. Quieren, los dos, disminuir el monto de lo que se reconocerá, finalmente, como deuda interna. Andan a la búsqueda de fórmulas financieras para retornar cartera a los bancos y forzar a los deudores, con capacidad de pago y poca vergüenza, a que cumplan con sus compromisos. Estos opositores quieren mejorar el funcionamiento del sistema bancario y alejarlo de las amarras y contubernios ilegítimos con el poder. Y también pretenden situar el costo político en quien en efecto lo debe de cargar.
Una vez encontrada la ruta, tanto el PAN como el PRD pueden visualizar, con toda precisión, la salida factible. El riesgo para el PRI entonces será mayúsculo. Tendrán los priístas que pensar, con toda calma y responsabilidad, si quieren seguir defendiendo a sus dirigentes actuales, sobre todo aquéllos que entraron en las componendas, actuaron irresponsablemente o se beneficiaron con los recursos que ahora quieren ensartarle al pueblo de México.