Solicitó Tornero licencia para defenderse de los cargos de Secodam

Ricardo Olayo Ť El gobierno del Distrito Federal aceptó ayer la solicitud de licencia temporal del director de Reclusorios, Carlos Tornero Díaz, quien se defenderá de las acusaciones de mal desempeño en el servicio público hechas en su contra por la Secodam. Si luego de este proceso resulta que es responsable, por un ``criterio político'' será separado definitivamente del cargo, anunció anoche el subsecretario de gobierno capitalino, Leonel Godoy.

El funcionario explicó que la Secodam no puede obligar a la autoridad capitalina a cumplir la inhabilitación del funcionario, pues su ámbito de competencia sólo es federal. En todo caso, dijo, tiene varias instancias de defensa antes de que quede firmen la resolución dada a conocer el lunes pasado, y si gana su defensa, será reinstalado en un tiempo difícil de establecer, por la duración de los procedimientos administrativos.

En los hechos, la de Tornero es la separación número 14 de funcionarios de jerarquía, en este gobierno. La solicitud de licencia la formuló el hasta ayer director de Reclusorios, a Leonel Godoy, y éste la aceptó luego que junto con la secretaria de Gobierno, Rosario Robles la consultó con el jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, a la llegada de éste al aeropuerto a las cinco de la tarde de ayer, procedente de Ecuador, nación a la que asistió para la ceremonia de relevo presidencial.

Al responder a los reporteros Godoy dijo que no entrará al terreno de las hipótesis, en torno a si la inhabilitación es una venganza por la consignación penal que hizo la procuraduría de justicia del ex director de Servicios al Transporte, Fernando Peña Garavito. Son dos casos diferentes, el primero administrativo y el segundo penal, precisó.

En la dirección general de Reclusorios, quedará al frente en forma provisional el secretario técnico del organismo, Jaime Alvarez Ramos, indicó el subsecretario Godoy.

Antes de que se conociera la aceptación de la licencia, había hablado en entrevista el subsecretario de asuntos jurídicos del DF, Mauro González Luna, dijo que la Secodam invadió la soberanía del gobierno capitalino al pretender aplicar a un servidor público local una sanción que sólo corresponde al ámbito federal.

En este caso no se puede hacer extensiva la inhabilitación en la ciudad de México y tampoco se puede obligar a Tornero a abandonar el cargo, explicó entrevistado en sus oficinas.

¿Pero tiene la obligación moral de renunciar?, se le preguntó.

No, y no se le puede forzar a dejar el cargo, pues además tiene medios de defensa a su alcance. Si en la investigación resulta que es inocente, regresará a la Dirección General de Reclusorios, pero si es responsable de las imputaciones, ``por un criterio político'' saldrá del equipo.

A pesar de que no hay obligación de la ley, Godoy indicó que la separación se daría ``porque estamos obligados a cumplir la ley. Somos respetuosos de la ley y en ese sentido debemos actuar siempre, independientemente de que esto no sea una resolución que deba afectar el ámbito de competencia del Distrito Federal''.

La conferencia de prensa se había aplazado desde las cinco de la tarde, y alrededor de las ocho el subsecretario Godoy, informó de la aceptación de la licencia y dijo que Tornero pagó una fianza que garantiza el pago de la sanción económica impuesta por la Secodam de 38 mil 200 pesos.

La acusación que le hace la Secodam es incurrir en irregularidades administrativas cuando era director del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Villa de Ayala, estado de Morelos, pues en los ejercicios presupuestales de agosto de 1994 a diciembre de 1995, realizó pagos irregulares y dispuso indebidamente de 304 mil pesos.

Tornero fue inhabilitado por tres años y junto con esta resolución se informó que la subdirectora administrativa, María del Rocío Hernández Romero, por cinco años.

Al conocer la noticia el director de Reclusorios del DF se inconformó y argumentó que la Contraloría Interna de la Secretaría de Gobernación -dependencia para la que sirvió en el Centro de Rehabilitación- es la que debe resolver un recurso de inconformidad.

Godoy dijo que si las diferentes etapas del proceso administrativo le son adversas, puede recurrir al Tribunal Fiscal de la Federación e interponer un juicio de amparo.

Pero aún si quedara firme la resolución de la Secodam la inhabilitación decretada ``no obliga legalmente al gobierno del Distrito Federal a acatarla, ya que el DF tiene su propio marco jurídico'', expresó.

Rosa Elvira Vargas Ť La directora general del ISSSTE, Socorro Díaz Palacios, se deslindó ``de manera muy clara y enfática'' de toda responsabilidad en que pudiera haber incurrido el doctor Carlos Tornero Díaz, titular de Reclusorios del Distrito Federal, y que fue inhabilitado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo administrativo (Secodam) para desempañar cargos públicos, acusado de disponer indebidamente de fondos del erario.

Dijo que cuando el galeno incurrió en esas conductas, de acuerdo con los señalamientos de la Secodam, ella ya no era subsecretaria de Gobernación. ``Lo que pienso --indicó-- es que el doctor Tornero padeció una confusión de tiempos''.

``Conmigo acordó --precisó Socorro Díaz-- durante 1993 y 1994, cuando (Tornero) era funcionario de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, pero por lo que leí, lo están inhabilitando por su ejercicio en 1995, época en que yo ya no era subsecretaria de Gobernación''.

Además de que no coinciden los tiempos, la directora del ISSSTE mencionó que no es responsabilidad de un subsecretario ver cuestiones administrativas de los diversos Centros de Readaptación Social que, efectivamente, dependían de su área laboral.

Explicó además que el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Villa de Ayala, en Morelos, se construyó en 1994 para el tratamiento de presos llamados ``inimputables'', esto es, personas que tienen padecimientos mentales graves y que están en las cárceles. Ese año se terminó la construcción del lugar, pero se presupuestó que en 1995 pudiera equiparse e iniciar operaciones. Por tanto, dijo enfática, ``no me correspondió ya, ni la puesta en operación del centro ni su equipamiento''.

Insistió entonces: ``no vi de manera directa ninguno de los asuntos por los que puedan estarle fincando responsabilidades administrativas'' al doctor Tornero.