El gobierno, sin voluntad para solucionar el caso chiapaneco

José Gil Olmos Ť El gobierno federal ha carecido de voluntad política para resolver el conflicto en Chiapas, señaló la Fundación Arturo Rosenblueth al presentar un balance de los resultados de una encuesta, y agregó que el Ejecutivo ha ejercido prácticas antidemocráticas y la represión, especialmente en la masacre de Acteal, con una responsabilidad ``similar a la de Gustavo Díaz Ordaz por las sangrientas acciones de 1968''.

Realizada en 23 estados a 4 mil 854 personas, la encuesta destaca que 56 por ciento está de acuerdo en que se retire el Ejército de las comunidades y 32 se pronunció por su estancia. Además, 70 por ciento rechaza que las acciones del gobierno hayan mejorado las condiciones de vida de los indígenas; 50 dijo que el gobierno no ha respetado los acuerdos de San Andrés y 57 por ciento sostuvo que no está trabajando por alcanzar la paz.

Respecto de las tareas del EZLN por lograr la paz, 49 por ciento indicó que no ha hecho su mejor esfuerzo y 41 por ciento señaló que sí. Además, 41 por ciento lo consideró como un peligro para la paz nacional.

Luego de presentar los resultados de la consulta efectuada en las ultimas dos semanas, Enrique Calderón Alzati, vocero de la fundación, dijo que la encuesta es una llamada de atención para el gobierno y los zapatistas sobre su actitud respecto del proceso de pacificación en Chiapas, datos que habrán de retomar con prudencia para estudiarlos y constatarlos.

Dijo que la fundación no pretende quedar bien con algunos actores del conflicto sino pulsar la opinión de la ciudadanía al respecto, sobre todo en medio de una campaña de propaganda efectuada por el gobierno.

En la encuesta 86 por ciento señaló que los indígenas constituyen el grupo social más pobre del país y 73 por ciento justificó el levantamiento armado.

Respecto al EZLN, se reconoce su lucha por el bienestar de los indígenas y no obstante que 49 por ciento dice que no ha realizado su mejor esfuerzo en el proceso de paz, ``la sociedad le otorga una condición de protector de los indígenas''. Así, 44 por ciento lo reconoce como representante de los grupos indígenas, y 47 lo ve como un riesgo de paz para el país.