Magdalena Gómez
Chiapas, voces frente a oídos sordos

La encuesta de la Fundación Rosenblueth contiene posiciones contundentes en torno a aspectos básicos del conflicto en Chiapas, como la reiteración de la legitimidad de las causas del movimiento zapatista, su impacto nacional y la opinión de que el gobierno de la República no ha mejorado las condiciones de los indígenas ni cumplido los acuerdos de San Andrés. La confiabilidad de estas voces sociales se expresa cuando nos muestran a una sociedad dividida respecto a temas como los relativos al papel de los actores en el desarrollo y destino del diálogo, la participación del ejército y la de organismos internacionales.

La percepción clara de la crisis del diálogo se refleja en que ni el gobierno ni el EZLN obtuvieron una votación sobresaliente en los esfuerzos por alcanzar la paz. Es en ese sentido que se considera la persistencia del conflicto como un peligro latente. Este elemento llama la atención y es probable que se pretenda sacar de contexto. Sin duda es resultado del desgaste y la confrontación durante los últimos dos años; sin embargo, habría que considerar que ha sido el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés la principal condición que el EZLN ha planteado para la reanudación del diálogo y, de manera destacada, el mas alto porcentaje de opinión se ha orientado a enfatizar la demanda social al gobierno federal respecto a dicho cumplimiento. En todo caso queda claro que no se está sugiriendo el logro de una paz sin contenido.

Respecto al Ejército mexicano se observa que se le continúa valorando como una fuerza institucional que actúa bajo las órdenes del titular del Ejecutivo. Si bien se expresa claramente que debe retirarse de las comunidades indígenas, que no respeta, que representa un peligro para los pueblos indígenas, y que ha permitido o fomentado la actuación de paramilitares, no se le incluye como principal responsable en la masacre de Acteal.

La Iglesia fue valorada altamente en sus tareas de defensa pacífica de los pueblos indígenas. Hay un deslinde claro respecto a la acusación presidencial de practicar la ``teología de la violencia''. Sin embargo, no se define de la misma manera cuando se considera que debe hacerse a un lado del conflicto, entendido éste como el escenario del diálogo. También los organismos internacionales son vistos con reserva pero sin abierto rechazo, útiles para difundir información veraz y como posibles partícipes del proceso de pacificación. Es importante anotar que en este tema la visión oficial que califica de intervencionista toda participación externa, omite considerar la dimensión universal de los derechos humanos y la necesidad de que esto sea un motivo de atención internacional conforme a las normas suscritas.

Por otra parte, la Fundación Rafael Preciado Hernández realizó una encuesta con el mismo objetivo. Cerca de 70 por ciento de sus entrevistados manifestó preocupación e interés por lo que pasa en Chiapas y pidió se restablezca el diálogo directo, se cumplan los acuerdos de San Andrés y el reconocimiento a los municipios autónomos. Reportó que casi 70 por ciento piensa que el conflicto no se ha resuelto por culpa del gobierno, mientras 5......8 por ciento también lo atribuye al EZLN, criticando duramente la actuación de los diversos actores, incluidos los partidos políticos, el Congreso de la Unión --la Cocopa sacó 3 por ciento en capacidad propositiva-- y los observadores internacionales. Los encuestados se muestran divididos respecto a la posibilidad de que el gobierno solucione el conflicto por la vía de la intervención del ejército. En general se manifestó poca esperanza de resolución del conflicto a corto plazo. Sobre las vías adecuadas para ello, el porcentaje más alto, 46 por ciento, señaló que tardará en resolverse más de dos años.

En ambas encuestas resulta significativo el fracaso de la estrategia oficial ante los medios en el sentido de cargar al EZLN el costo de la crisis del diálogo, pero nada iguala al elemento que consigna la Rosenblueth respecto a la asignación de la máxima responsabilidad del gobierno de la República en la masacre de Acteal lo que indica que se falló en la tarea básica inherente a todo orden constitucional: la garantía de los derechos y la judicialización de sus violaciones. Acteal es el referente que marcará al actual gobierno porque hay fuertes indicios de la participación de sectores oficiales en el financiamiento y adiestramiento de paramilitares, porque sin duda pudo ser evitado y porque aún no hay garantías para que no se presente de nuevo el escenario de la masacre a población civil inerme. Lejos de ello se suman otras situaciones igualmente oscuras como los crímenes de El Bosque.

Así, mientras estas y otras voces nos muestran una sociedad madura y crítica, que deslinda responsabilidades y a la vez demanda de las partes nuevas y mejores iniciativas políticas, el gobierno estrecha el círculo vicioso de su discurso y de su política de oídos sordos empeñado como está en descalificar al EZLN y a su dirigencia, porque no ha sido capaz de enfrentar mediante el diálogo y la negociación las legítimas causas que dieron origen al conflicto armado como correspondía, con una convicción más zapatista que la de los zapatistas.