Uno de los cambios políticos más importantes en México es el equilibrio de poderes que surge de las elecciones federales de 1997. La simple pérdida de la mayoría priísta en la Cámara de Diputados hizo posible que las decisiones importantes -tanto en lo político, como en el ámbito económico- tuvieran que discutirse en búsqueda de consenso. En este sentido, el famoso Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) ha sido el tema central del país en estos días, no sólo por su magnitud financiera, sino sobre todo por su importancia estratégica para el desarrollo del país.

Gracias a que la oposición, PAN y PRD, tiene una situación de fuerza, la iniciativa del Ejecutivo ha entrado en un debate con la finalidad de buscar una salida alternativa. Desde hace algunas semanas el PRD ha presionado por una respuesta diferente a la del presidente Zedillo; a su vez, el PAN hizo un planteamiento interesante que busca una solución integral, y al final el PRI tuvo que pronunciarse también.

Los tres principales partidos políticos han hecho sus propuestas, tienen algunas coincidencias y diferencias importantes. La oposición presenta dos versiones, en las que se pueden destacar ciertos consensos: como el de la reforma al sistema financiero, la creación de un organismo público y autónomo, la reducción de intereses a los pequeños deudores (argumento propuesto también por el PRI) así como la realización de auditorías y castigo de los manejos fraudulentos. El PRI se acerca mucho a la propuesta gubernamental y entre sus argumentos se pronuncia por el restablecimiento de la figura de la concesión bancaria y la reducción de 30 por ciento de la deuda.

Tenemos claramente tres posiciones, una más radical, la del PRD, que abiertamente rechaza convertir los pasivos del Fobaproa en deuda pública; una más intermedia, la del PAN, que quiere una asignación más equitativa y un reparto de los costos (descuento de casi la mitad del fondo), y la del PRI, que se apega más a lo que presentó el presidente Zedillo hace ya casi cinco meses.

El problema de las propuestas partidistas es doble: por una parte, salvo el PRD que se niega a asumir la transferencia de los pasivos a la deuda, los otros dos partidos no especifican de dónde saldrán los recursos de las quitas, quién los pagará y en qué se distinguen de los programas gubernamentales que ya se han aplicado en años pasados; y por la otra, en ninguna propuesta política se enfrenta claramente la parte medular del conflicto, es decir, cuánto pasará a deuda y cuánto se recuperará. El problema financiero presenta pocos márgenes.

Las propuestas opositoras insisten en una serie de reformas al sistema financiero para darle mayor transparencia en el manejo de los recursos. La crítica también, sobre todo por parte del PRD, apunta hacia la necesidad de que la banca sea un factor de desarrollo económico, porque con la crisis y las actuales políticas financieras resulta prácticamente imposible para cualquier empresa conseguir crédito a tasas razonables.

El debate sobre Fobaproa ha dejado claro que se necesita una revisión a fondo de los mecanismos institucionales y de los manejos financieros, así como una revisión del modelo económico que propició esta crisis. Frente a la tesis gubernamental de que no había opción, la opinión pública y la ciudadanía han conocido los lamentables casos de los banqueros que cometieron fraude. La desconfianza crece y con razón, y la solución no parece fácil.

Sin embargo, hay avances políticos en varios sentidos, de la posición inicial del gobierno, de todo o nada -transferencia de todos los pasivos a la deuda pública o la quiebra del sistema financiero- a las propuestas de Acción Nacional y del PRD, se ve la posibilidad de generar otros equilibrios. A pesar de todo, parece haber cierto consenso que se empieza a formar en torno a una salida que reparta de forma más equitativa los costos de la crisis.

En la solución del Fobaproa está en juego no sólo un grave problema económico, sino la construcción de una nueva manera de gobernar: llegar a acuerdos plurales, en los que cada actor político se haga cargo de su responsabilidad pública, asuma sus costos y pague sus consecuencias en las urnas.