Tláhuac: lucha sin fin por una vivienda digna

Daniela Pastrana Ť Las letras negras y rojas, mal pintadas, sobre los ladrillos blancos de la construcción, permanecen, irónicamente, firmes: ``Contra la miseria, por una vivienda digna''. Es una de las consignas de campaña de Pedro Ferriz Santacruz, ex candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal por el ex Partido Cardenista (PC), hoy reconvertido en el Partido Socialista.

Del otro lado de la barda, en un espacio de 20 metros cuadrados, Eduarda Minerva --con 27 años a cuestas-- sobrevive, precisamente, a la miseria. Comparte con su esposo y sus cuatro hijos una construcción provisional, una fosa séptica, el robo de la luz y el agua sucia que sacan de los registros.

Nada más. Para las 500 familias asentadas en este terreno ubicado en los límites de la delegación Tláhuac, apenas a 25 kilómetros del Zócalo capitalino, la vida transcurre lentamente.

Eduarda ha vivido aquí la mitad de su vida y ya no se espanta de nada. Sabe de las lluvias que cada año traen las inundaciones que pudren los muebles, la ropa, los zapatos (por eso anda siempre con sandalias de plástico y las piernas desnudas bajo la falda y el delantal), y que levantan la basura y el excremento de casi 500 fosas sépticas, impregnando el aire de un olor penetrante que, sin embargo, nunca es peor que el que en épocas de calor llena el lugar de moscas y ratas.

Sabe también que mañana o cualquier día de esta semana, uno de los niños del lugar se hará adicto a alguna droga --cada vez es más común la cocaína, aunque la mona sigue reinando entre los chicos de la comunidad--, y que cualquier otro día de este mes alguna chamaca resultará embarazada o se volverá prostituta.

Sobre todo, sabe que algún día de este año llegará un dirigente, un diputado o un funcionario, a decirle que ``ahora sí'' está a punto de tener una vivienda digna, como le prometió, hace 14 años, uno de los líderes del entonces Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Un tal Rafael Aguilar Talamantes.

Y Eduarda, delgadita, de cabello corto y libre el rostro de maquillaje, sonríe sin ganas y encoge los hombros: ``ya no creemos nada'', dice sin inflexión.

Nosotros no invadimos...

En 1970, Hilario Porchini era militante activo del PST. Hombre recio, acostumbrado al trabajo duro, fue de los que llegaron a ocupar el predio de 71 mil metros cuadrados de la zona cercana a Los Olivos, en Tláhuac.

Entonces no había nada más que terreno, recuerda.

``Durante meses nos quedamos a vivir alrededor del predio'', cuenta. ``Hacíamos guardias día y noche para protegerlo, porque el delegado en esa época, Felipe Astorga Ochoa, quería quedárselo y en varias ocasiones mandó a los granaderos para desalojarlo''.

Integrante del grupo disidente de los dirigentes del Movimiento Tláhuac --asociación civil que posee tres cuartas partes del terreno--, Porchini asegura que el asentamiento no fue producto de una invasión.

``Nosotros no invadimos'', dice tajante. ``El 75 por ciento del terreno fue donado al partido por María Luisa Meza, que era la dueña original. Lo que pasa es que cuando llegamos tuvimos que rodear todo para protegerlo, y como no conocíamos bien los límites, ya adentro se ocupó todo, pero es sólo una parte, la del Paula López, la que tiene problemas por la propiedad'', aclara.

En 1980, la familia de Porchini ocupó un lote en el terreno que desde entonces se denominó Roberto Esperón, y que es el más grande de los tres predios que forman el asentamiento. Patricia, su hija, tenía seis años.

Dieciocho años después, Patricia está casada con un vendedor de carnitas que conoció aquí mismo, en el predio, y tiene dos hijos. ``Planos y maquetas han ido y venido con los dirigentes y diputados, y nosotros ya hasta nos casamos y tuvimos hijos y seguimos igual'', dice con fastidio.

Broncuda hasta en la risa, Patricia suelta en la plática su coraje: ``Cuando llueve nos empuercamos como ranas... seguimos colgados de la luz y no podemos te-ner aparatos porque cuando vienen des-cargas se echa todo a perder... el agua que tenemos es de los hidrantes (registros), y sale tan café que a veces ni para lavar sirve... vivimos como animales''.

... Ellos sí están invadiendo

El terreno original, ubicado entre las avenidas La Turba, El Cisne y Lázaro Cárdenas, muy cerca del límite con la delegación Iztapalapa y del territorio dominado por el Frente Popular Francisco Villa, está dividido en tres asentamientos que llevan los nombres de líderes sociales: Roberto Esperón, Genaro Reyes y Paula López.

El Roberto Esperón, al centro, es el más grande. Ocupa 39 mil metros cuadrados y tiene un padrón de 247 familias asentadas, a las que se suman otras 18 que se instalaron en una cuchilla conocida como La Paloma y que no son del Movimiento Tláhuac.

``Ellos sí están invadiendo, no tienen ningún sustento legal'', acusa Hilario Porchini. Llegaron hace unos años, encabezados por Cristina Luna, líder de comerciantes de La Nopalera, y fincaron sus viviendas. ``Así nomás'', aprovechando las divisiones internas que han impedido, luego de 28 años en el lugar, llegar a un acuerdo de lotificación.

El Genaro Reyes es el más pequeño --poco menos de 9 mil metros cuadrados--, pero el más adelantado en la regularización. Por lo menos, ya hay un acuerdo para construir 90 casas de 90 metros cuadrados cada una y el censo de la organización encabezada por Amparo Castro está aprobado.

Paradójicamente, este predio es una estampa descarnada de la marginación. Extendido a la vista como un enorme basurero humano, sin una sola construcción bien cimentada, el lugar no da tregua al ojo del fotógrafo. Salen de aquí las imágenes de Manolo y su mona, de los niños que trabajan de payasitos, de José Antonio (que rehuye la cámara) y sus hermanos, que viven de los desperdicios de la Central de Abastos.

Sale también la historia de Herminia, joven que a los 28 años ya es madre de ocho hijos. A la mayor, Lorena, la tuvo a los 13, y es la única que existe oficialmente, porque el resto de sus hermanos ni siquiera están registrados. ``El marido --cuentan las vecinas-- es un borracho perdido que sólo ha servido para llenarla de chamacos''.

En el otro extremo, el Paula López, área de 16 mil 500 metros cuadrados en la que se calcula un asentamiento de 100 familias --no hay un censo oficial--, tiene sus propios problemas.

Pertenece al 25 por ciento que no entró en el contrato de donación y los asentados perdieron el juicio de prescripción positiva en contra de los actuales propietarios. Para colmo, están prensados del mercadeo político de cuatro grupos -MPI, Movimiento Tláhuac, el Partido Socialista y algunos independientes- que, en la pugna por el liderazgo, impiden cualquier avance.

Y el riesgo del desalojo es latente.

Las broncas internas, un obstáculo

Rubén Escamilla, subdirector de Regularización de la Tenencia de la Tierra en Tláhuac, piensa unos segundos y resuelve sin dudas: ``los asentamientos del Cardenista. Esos son los más marginados de la delegación''.

Sin embargo, aclara rápido el funcionario perredista, ``la bronca son los problemas internos, no dejan avanzar porque ellos mismos no se ponen de acuerdo en lo que quieren''.

Coincide con él Julián Sánchez, integrante de la comisión revisora que se formó el año pasado para auditar a la mesa directiva de Movimiento Tláhuac. Hombre sencillo, de pocas palabras, explica que las inconformidades comenzaron hace un par de años, cuando aún pertenecían al Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN).

``Habíamos hecho pagos a la mesa directiva de la organización y sólo nos traían de proyecto en proyecto, pero cuando por fin preguntamos, Fividesu nos dijo que no había ningún crédito en trámite'', dice Julián.

Cuenta su historia, que suena igual a la de todos los asentamientos: ventas dobles de terrenos, líderes que lucran con la necesidad, presiones para acudir a las marchas, desalojos, cuotas. Ninguna cuenta.

Todo está incluido en la demanda 483/98-2 que se sigue en el segundo juzgado civil del Distrito Federal y cuya sentencia a favor, emitida el 18 de mayo de este año, no ha sido cumplida. ``En mucho, porque no nos ponemos de acuerdo'', admite Julián.

Y es que las divisiones llegan a extremos ridículos. Por ejemplo, con el asunto de la electrificación.

A principios de este año, la comisión revisora logró un acuerdo con la Compañía de Luz para instalar la energía eléctrica en el predio. Los asentados cooperaron con 760 pesos cada uno y se contrató el servicio.

Por fin, después de 28 años, llegaron los camiones a instalar los postes y el cableado. Pero en el último eslabón, los trabajadores se toparon con una enorme malla metálica y una antena de televisión que bloquea el paso.

¿El motivo? La casa de la que sale el obstáculo está levantada, de acuerdo con el proyecto, sobre la calle, y la familia se niega a ser reubicada.

Sin posibilidad de acuerdo, los cables cuelgan enrollados en dos círculos del penúltimo poste colocado por la dependencia oficial para la electrificación del asentamiento.

Se lucró con la necesidad de la gente

En la delegación Tláhuac hay registrados 43 asentamientos irregulares. La gran mayoría, asegura Rubén Escamilla, están constituidos por dos o tres viviendas, aunque también está el caso de Olivar Santa María, en San Juan Ixtayopan, donde el problema alcanza a 700 familias asentadas.

Y el drama, en todos, es el mismo.

``Son producto de ventas irregulares, que no tienen una base legal sólida porque quien les vendió no acredita la propiedad, y que fueron aprovechadas por dirigentes corruptos que lucraron con la necesidad de la gente'', dice el funcionario.

Luego están las particularidades. ``En el caso del Paula López --explica-- hemos tratado de localizar a la propietaria, pero no queremos arriesgar una negociación si los vecinos no están de acuerdo. Creemos que convendría más una compra pactada a más bajo precio, sobre todo porque ya hubo un juicio de prescripción positiva y no alcanzaron a comprobar sus límites, pero ellos quieren la expropiación''.

En la discusión pasa el tiempo, advierte Escamilla, y ``si la propietaria quiere ejecutar su sentencia, la va a ejecutar, y si el juez da la orden de intervención a la fuerza pública, nosotros no podemos hacer nada''.

De los otros dos predios, afirma, ``lo que nos detiene es que no se ha consolidado el asentamiento, para eso se necesita que las bardas perimetrales estén bien hechas y hasta ahora sólo hay como 70, ni siquiera el 50 por ciento, y así no podemos entrar a regularizar''.

Pese a todo, los veteranos del predio siguen luchando por la promesa de una vivienda digna.

Cuenta Julián Sánchez que en la mesa de acuerdos con la delegación ya está la propuesta para instalar el drenaje. ``Tenemos una cotización de 80 mil pesos del tubo y estamos dispuestos a pagar el material y la mano de obra, porque por lo menos cavar si sabemos, sólo queremos la orientación técnica'', afirma.

Pero los avances son lentos y las soluciones complicadas. La gente se desespera.

Resume Hilario Porchini: ``Quienes hemos entendido y sabemos como se nos ha manejado ya no tan fácil vamos a aceptar cualquier explicación. Por la credibilidad a los líderes, ¿qué tenemos?. Después de 20 años en esto, con la traición del partido y una partida de hocico que le di a mi familia... No se vale''.

El dirigente endurece el rostro cuando alerta que ``aquí va a haber muertos al por mayor''. Y no concede nada, dice, ``porque hay muchos amigos que tragaron lodo y mugre con nosotros que están rentando y no vamos a aceptar que otros externos oportunistas se queden en su lugar''.