Se volvió usual que periódicamente algunos funcionarios escritores, y hasta simples provocadores, traten de sembrar desconfianza hacia las organizaciones civiles, más conocidas en México como organismos no gubernamentales (ONG). Hace algunas semanas reaparecieron esos comentarios refiriéndose a la información sobre el manejo de recursos y a los financiamientos internacionales que reciben. Conviene alguna reflexión al respecto, no con ánimo de respuesta a quienes no la merecen, sino con intención de ampliar la información a la sociedad.

Las ONG, como cualquier organización privada o como cualquier persona, rinden sus declaraciones al fisco y éste puede auditar sus estados financieros cuando lo decida; a nadie se le ocurriría que todas las personas o entidades privadas tengan que dar cuenta a todos los demás. ¿Qué es lo que hace que en países con sistemas políticos desarrollados las propias ONG impulsen la discusión en torno de la rendición de cuentas, tanto del gobierno como de ellas mismas, a la sociedad? El principio de la sociedad tiene derecho a saber en qué se emplean sus recursos, es decir, los recursos públicos. Caracteriza a los regímenes con democracias desarrolladas la libertad de participación de la ciudadanía organizada de forma voluntaria y libre, tanto en las discusiones como en las decisiones y la ejecución de acciones para resolver problemas sociales. Es por ello que la transferencia de recursos públicos hacia las ONG es una práctica común.

Desde los sesenta ha crecido la preocupación por el desarrollo en varias dimensiones: sociales, política, económica; organizaciones privadas, públicas e intergubernamentales canalizan desde entonces recursos para el desarrollo, sea a través de gobierno o de ONG. La cooperación internacional ha variado en los últimos años, en parte por el empuje de las organizaciones ciudadanas, quienes han presionado para que estos organismos queden sujetos a la vigilancia de sus sociedades. Ver hoy a las agencias de cooperación con el enfoque del pasado es, en el menor de los casos, deficiencia de información.

En nuestro país buena parte de los avances democráticos han sido producto del trabajo de las ONG, precisamente por ello quienes tratan de monopolizar el poder las ven como una amenaza e intentan sembrar sospechas sobre su desempeño. Se les acusa de destruir la imagen de México en el exterior y de propagar falsedades. Lo que en el fondo les molesta de las ONG es su capacidad para informar en los foros internacionales sobre las atrocidades que se cometen en el país al amparo del poder, y la credibilidad que han alcanzado en la opinión pública internacional. La mayoría de los ONG mexicanas subsiste por el apoyo de la cooperación internacional cuya idoneidad no puede determinarse por las preferencias políticas e ideológicas de los cooperantes, sino de quienes reciben estos recursos. Esto recuerda algo ya dirimido en el país: hace varios años había un partido que sostenía que el financiamiento público implicaba sujeción política al gobierno bajo la idea de que ``el que paga manda''. Tiempo después, ya nadie cree que recibir recursos públicos tenga que constituir una merma de la libertad política. Algo similar pasa con la cooperación internacional. Recibir financiamientos para acciones que se realizan a la luz del día no tiene por qué condicionar la conducta política; el asunto de la cooperación hay que juzgarlo no por quienes aportan los recursos, sino sobre la base de qué es lo que hacen quienes los reciben.

La actitud hacia las ONG expresa uno de los rasgos del autoritarismo mexicano: la desconfianza por todo aquello que no está gubernamentalmente controlado. Es por ello que algunos funcionarios intentan levantar dudas obstaculizan recursos y calumnian. De nada vale que en este desesperado esfuerzo estos personajes requieran, o reciban la obsequiosidad de primitivas plumas que en su afán de salir del anonimato pretenden ponerse al servicio del poder despreciando la inteligencia de los miembros de la sociedad que no aceptan más la acusación falaz, mucho menos el ataque doloso a personas cuyo peso moral trasciende al poder de quienes calumnian. Una de las incongruencias más evidentes en el discurso gubernamental es la admiración hasta el delirio por la modernización en lo económico, mientras que se frena el desarrollo político.

El funcionariado del país es liberal a medias; aceptan y promueven el mercado como mecanismo económico, pero les aterra la dimensión política del liberalismo. Aceptan no sólo donativos sino que a la vez contraen adeudos para promover el mercado. Pero ante fondos para promover el mercado político, echan mano de la peor demagogia para calificarlos de conspiración internacional.

Cuando los economistas de los organismos financieros opinan y deciden sobre la economía nacional, se dice que es parte de la globalización; cuando observadores de los derechos humanos se preocupan por lo que ocurre en el país, se les acusa de intervencionistas. ¿Se puede ser tan incongruente para proclamar las libertades económicas mientras se mantiene el autoritarismo político?

En un pueblo sumido en la ignorancia de sus derechos y en la adulación al poder, sí, pero en una sociedad que ha madurado y que ha probado los triunfos de la lucha política tendientes a construir la libertad, no. Hace falta de cara a la verdad discutir la relación entre recursos públicos, cooperación y sociedad. Discutir estos asuntos de interés público reclama un esfuerzo de congruencia lógica y política. Ya no se puede opinar a la ligera sobre instituciones que a fuerza de su credibilidad en la opinión pública se vuelven factores de cohesión social.