Tal como lo habían previsto los analistas, las turbulencias financieras de Rusia ya repercutieron en Wall Street y ayer el índice Dow Jones retrocedió hasta el punto de poner en riesgo sus ganancias de este año. Esta caída, que arrastró consigo a mercados de valores de Asia, Europa y América Latina, entre ellos el mexicano, muestra que ni siquiera la economía estadunidense, con todo y que pasa por un momento de notoria solidez, es inmune al cada vez más acentuado desasosiego financiero que recorre el planeta.

En nuestro país, en la jornada de ayer, a los embates externos de incertidumbre -causales de una de las peores caídas de la Bolsa Mexicana en lo que va del año- se sumó la excepcional suspensión, por parte del Banco de México, de la subasta de Cetes programada para ayer.

Así comenzó una semana más de inestabilidad y barruntos de crac, síntomas en los que se expresan los peligros a los que nos conducen las normas que rigen la economía global. El pánico de capitales es un fenómeno que se retroalimenta y que, en el sistema de transacciones financieras desreguladas, puede desestabilizar al conjunto de las economías.

En el corto plazo, ello nos coloca ante la posibilidad de una crisis mundial de grandes dimensiones; en una perspectiva más amplia, muestra la inviabilidad de un modelo regido no por la producción, sino por la especulación, en cuya lógica los símbolos tienen más peso que los contenidos; que carece de mecanismos de control, de instrumentos de certeza y de herramientas de regulación, y que se juega el bienestar y el futuro de sociedades y países en transacciones que tienen mucho en común con los juegos de casino.

Los estragos que ha dejado la aplicación del modelo a nivel mundial se observan igualmente en México. Después de tres lustros de una política económica orientada al libre mercado y a privilegiar el sector financiero por encima de los restantes factores económicos, los mexicanos tenemos una banca que ha sido factor principalísimo de la inaceptable concentración de la riqueza, que no le sirve a la mayor parte de la sociedad, que se agota en un rejuego de capitales entre un pequeño número de grupos empresariales -poderosísimos, eso sí- y que se ha desentendido del campo, de la pequeña y la micro empresas y de las necesidades de la clase media, por no hablar de las de los núcleos menos favorecidos de la población. Con todo, la aplicación ortodoxa de la ideología económica imperante reclama que la nación, en su conjunto, se haga cargo de rescatar a ese sistema financiero.

Las voces optimistas que descartan una incidencia negativa de los desplomes bursátiles, las presiones devaluatorias, la restricción del circulante, los recortes presupuestales, las abruptas alzas de las tasas de interés y la caída de los ingresos por exportaciones petroleras, deben ser contrastadas con un panorama por demás preocupante, caracterizado por el cierre de empresas y el consecuente aumento del desempleo. Para colmo, el encarecimiento del precio del dinero coloca a la economía ante la posibilidad de una nueva crisis de cartera vencida.

Si las tendencias negativas se acentúan, ello podría colocar a las autoridades económicas en una difícil encrucijada: emprender un cuarto recorte presupuestal, elevar los impuestos o incrementar las tarifas. Pero, en las circunstancias presentes, el margen político del gabinete económico es sumamente estrecho. Es poco probable, en efecto, que la población estuviera dispuesta a aceptar un enésimo sacrificio de esa naturaleza y a pagar, una vez más, los costos del dogmatismo económico dominante. Ha de insistirse, por ello, en la necesidad de reorientar el manejo de las finanzas públicas hacia una reactivación de la inversión productiva, una revitalización de la economía nacional y un fortalecimiento del mercado interno.