Iniciativas del Ejecutivo en espera, signo del nuevo Congreso

Víctor Ballinas y Alonso Urrutia Ť La pérdida de la hegemonía priísta en la Cámara de Diputados introdujo nuevos rasgos a la vida parlamentaria y condiciones inéditas para las iniciativas del Ejecutivo en el Legislativo. Signo de estos tiempos, las iniciativas presidenciales para la nueva ley de derecho indígena y las reformas en materia de seguridad pública -por citar sólo dos temas, ambos considerados de prioridad en las estrategias gubernamentales- han tenido que hacer cola, enfrentar críticas y oposición, y esperar este primer semestre el sueño de los justos.

La iniciativa presidencial en materia de derechos indígenas, turnada a la Cámara en marzo pasado para precipitar la negociación en torno al conflicto chiapaneco, es considerada por PAN y PRD como parte de una estrategia errónea del gobierno.

Felipe de Jesús Vicencio, integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación por parte de Acción Nacional, afirma: ``de nada sirve aprobar una iniciativa ajena a la realidad que deje intactos los motivos del conflicto''.

Esta nueva correlación política, expresada en la mesa de enlace entre coordinadores parlamentarios y la Secretaría de Gobernación, ha sido la que detuvo el dictamen y generó un acuerdo para buscar nuevas alternativas de diálogo.

La suerte de las iniciativas en materia de seguridad pública tiene otras condicionantes. El Ejecutivo optó por enviarla al Senado de la República, instancia que el PRI controla con una cómoda mayoría, donde ha encontrado la oposición no sólo de PAN y PRD, sino incluso de los propios priístas. Las razones de este rechazo se explican por las diferencias sobre el posible efecto que estas iniciativas tendrían en materia de derechos humanos y la posibilidad de que dispondrían los jueces para librar órdenes de aprehensión contra cualquier persona por la sola sospecha de haber delinquido.

Chiapas, múltiples iniciativas y nula negociación

``Si hemos de definir la situación que prevalece en Chiapas, sería simplemente de descomposición, una descomposición alentada por el gobierno... hoy vemos que Chiapas no fue una omisión del Presidente en su informe pasado, fue parte de una estrategia'', advierte Vicencio.

Este ha sido un año más de sucesos en el conflicto chiapaneco que han agudizado la situación: las masacres de Acteal y El Bosque; la caída del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y la del gobernador Julio César Ruiz Ferro; la recomendación de una subcomisión de derechos humanos de la ONU; el polémico pressing de la secretaria de Estado norteamericana Albright; la desaparición de la Comisión Nacional de Intermediación; la iniciativa de consulta del EZLN.

El conflicto chiapaneco (junto con los esfuerzos legislativos por destrabarlo) es quizá el único de los temas de la agenda nacional que ha seguido su propia lógica y ha escapado al absorbente debate sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro.

La propia iniciativa presidencial es valorada de manera contrastante entre los representantes de la Comisión de Concordia y Pacificación. Desde la perspectiva del PRI, es una muestra de la voluntad de diálogo del Ejecutivo; para los legisladores del PRD, es una propuesta que contraviene los acuerdos de San Andrés Larráinzar, expresados en la iniciativa elaborada por la Cocopa.

-¿Qué efectos tendría la aprobación de la iniciativa presidencial de ley indígena?

-Dudo que tuviera un aporte significativo, responde Vicencio. ``Quieren legislar sin resolver el conflicto. Diría que hay una estrategia para momificar el conflicto, extraerle lo que les interesa y dejar descomponer el resto''.

Para el perredista Gilberto López y Rivas la propuesta sólo es parte de una estrategia caracterizada por el hostigamiento hacia los diversos actores políticos, cuyo efecto principal se ha sentido tanto en la desaparición de la Conai, como en el acoso a los grupos de la sociedad civil que apoyan al EZLN y a la Cocopa.

-¿Cuál el estado que guardan actualmente los trabajos de la Cocopa?.

-Cada vez es más difícil alcanzar consensos. Existe un claro hostigamiento del gobierno para alinearla a su política en el conflicto -responde López y Rivas.

La existencia de esta comisión es explicada por Vicencio porque ``aún le somos útiles al gobierno para legitimar el discurso de que busca la negociación''.

Sin embargo, la imagen negociadora recibió recientemente el más duro golpe desde el exterior, desde que se inicio el conflicto: la resolución de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El documento emitido por esa instancia se resume en dos aspectos principales: solicitar al gobierno mexicano que dé alta prioridad a la lucha contra la impunidad de violadores de derechos humanos, ``en particular, a los miembros de las poblaciones autóctonas'', y un exhorto a la reanudación del diálogo.

Promotor tradicional de condenas a dictaduras militares latinoamericanas como en los casos de Guatemala, Nicaragua o El Salvador, hoy México está del otro lado.

Las reformas en materia de seguridad pública, detenidas

En el marco de la crisis de seguridad pública que enfrenta el país, el Congreso y el Ejecutivo discrepan sobre las reformas legales que se requieren para enfrentarla.

Presentado en diciembre pasado a la Cámara de Senadores, el proyecto sobre seguridad pública no ha tenido mejor destino que las iniciativas turnadas a la Cámara de Diputados.

Las reformas a los artículos 16 y 19 constitucionales, a los códigos Penal y de Procedimientos Penales, así como a la ley de amparo, tienden a endurecer las penas para los delincuentes y a modificar las condiciones para su aprehensión, ampliando atribuciones a la autoridad judicial.

Ocho meses después de haber sido turnada esta iniciativa, el debate sobre el impacto en los derechos humanos de la población se ha convertido en el eje de las críticas al proyecto del Ejecutivo. Con matices, ha recibido un rechazo generalizado.

Senadores priístas han sugerido que las reformas podrían abrir la puerta a la violación de las garantías individuales, mientras que el PRD acusa al gobierno de pretender imponer un estado policiaco en la defensa de los derechos humanos. El PAN, por su parte, ha adelantado que tal y como se envió la iniciativa simplemente no pasaría.

De nada han valido los continuos exhortos públicos del presidente Zedillo al Congreso para apremiarlos a dictaminar sobre este proyecto. Hoy, al rendir su informe de gobierno, la seguridad pública volverá a ser un tema central, aunque este aspecto estará precedido por el inicio de la Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia.

Mas allá de las críticas de los propios priístas, el Ejecutivo deberá convencer a la oposición de su proyecto y lograr consenso, pues en tanto reforma constitucional, requerirá del apoyo del PAN o del PRD.