El país camina por las mismas rutas que hace cuatro años cuando se inició el sexenio, simplemente que ahora el tiempo político es diferente. Quedan pocos meses para que este gobierno pueda interesar a la ciudadanía en un proyecto de país, tal vez por eso a la sociedad le quedan muy pocas expectativas positivas sobre lo que se pueda lograr de aquí al año 2000. Si recordamos las promesas iniciales de diciembre de 1994 y las cotejamos con los retos y problemas del país, el saldo resulta desafortunadamente negativo: la economía sigue en crisis y poco a poco se deteriora más; el conflicto de Chiapas está atorado, pero los niveles de descomposición social y polarización son mucho mayores; la inseguridad pública se ha desparramado de forma preocupante, a tal grado que los ciudadanos somos rehenes de la delincuencia organizada y de la impunidad. Frente a este panorama, ¿cuál será el balance que haga el presidente?

El 1o. de septiembre de 1997 el presidente Zedillo compareció ante un Congreso con una composición sin mayoría para ningún partido político, terminaron los informes presidencialistas. Ahora, el Presidente asistirá por segunda ocasión en estas mismas circunstancias. Los diputados no sólo modificaron las reglas para rendir el Informe de Gobierno, sino que incluso cambiaron la geografía misma del salón de sesiones, con el fin de darle una forma más acorde a los nuevos tiempos republicanos de la separación de poderes.

La propuesta zedillista de una política económica de Estado, como la principal propuesta del tercer Informe, ha quedado empolvada; no forma parte del debate nacional, tampoco aparece como prioridad en la agenda legislativa y últimamente se ha olvidado. En su lugar, la opinión pública se ha encargado de discutir -de forma intensiva- el tema del Fobaproa. Una política económica de Estado supone una serie de consensos básicos entre los principales actores económicos y políticos del país, un acuerdo general sobre el rumbo del país. Con el debate sobre el famoso rescate bancario queda la impresión de que los consensos están fracturados. Las propuestas del poder Ejecutivo sobre las reformas financieras, que se hicieron en marzo pasado, han sido superadas ampliamente por las propuestas de los partidos políticos de oposición. De forma similar ha pasado con la iniciativa del presidente Zedillo sobre derechos indígenas, ha quedado rezagada porque la oposición perredista está en contra y el panismo optó por presentar su propia iniciativa. La reciente propuesta sobre seguridad pública, además de tardía, no despertó grandes esperanzas sociales porque se apoya en una visión parcial que desconecta las razones de las consecuencias; de cualquier forma es un planteamiento que tendrá su prueba de fuego en los hechos.

Con el cuarto Informe existe, tal vez, una última oportunidad para llegar a acuerdos entre las fuerzas políticas. La sucesión presidencial adelantada que vivimos impedirá que dentro de un año se puedan lograr consensos. El clima de 1999 será de una cerrada competencia, de una guerra política despiadada por el poder. Hoy en 1998 existe un pequeño margen de tiempo para amarrar el manejo político sobre algunos de los problemas más urgentes del país: nudos económicos, Chiapas, inseguridad pública. Todo lo que se construya en las siguientes semanas y en los primeros meses de 1999 servirá para fortalecer una ruta un poco más cierta durante la sucesión presidencial, porque después será prácticamente imposible debido a la tormenta electoral que experimentará el país. Los recientes casos de elecciones estatales, donde la guerra sucia ha sido el factor dominante, serán sólo un juego infantil respecto a la lucha frontal que veremos en la última etapa de este sexenio. Este es el momento político del cuarto Informe de gobierno.

Los acuerdos políticos y económicos que se necesitan serán para establecer un clima político de mayor certidumbre. Se requiere con urgencia dar respuestas a la sociedad; señales presidenciales para transitar los dos difíciles años que vienen. Sin estos acuerdos seguirá la incertidumbre de que cualquier cosa terrible puede suceder durante la próxima sucesión presidencial. Se trata de enfrentar institucionalmente los jinetes desatados de la violencia, la inseguridad pública, el caos económico, la corrupción y la impunidad. Cualquier señal en este sentido puede generar un piso mínimo de confianza frente a una sociedad desconfiada y temerosa. ¿Será posible?