La Jornada 3 de septiembre de 1998

Hacer a un lado rencores, insta la defensa de Raúl Salinas a la PGR

Roberto Garduño y Juan Manuel Venegas Ť Una vez que se cerró el periodo de presentación de pruebas del proceso que se sigue contra Raúl Raúl Salinas de Gortari, por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, la defensa del acusado confió que en la última etapa del juicio la Procuraduría General de la República (PGR), ``como un órgano público responsable de confirmar las mejores esencias del estado de derecho, abandonará las pasiones personales y las actitudes rencorosas o de resentimiento'' contra su cliente, de quien insistió, ``es inocente''.

Eduardo Luengo Creel, abogado del hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, dirigió un comunicado a los medios de información en torno al cierre de presentación de pruebas, y fijó su postura sobre la actuación de la fiscalía y de la defensa en el futuro inmediato.

``El órgano acusador no es el enemigo de la defensa; sino su adversario. Finalmente ambas instituciones hacen y confían en lograr lo mismo: un esfuerzo técnico y jurídico que, en nombre de la justicia, procura el castigo o la libertad''.

El documento señala las formas en que se ha desarrollado el proceso entre acusadores y defensores durante los últimos 3 años y siete meses: ``El combate conceptual y estructural de estos extremos explica y justifica las expresiones autoritarias de la fiscalía, y la vehemencia con que debe actuar todo defensor penal durante la instrucción. Ahora el debate debe se la serena exposición de los hechos, las pruebas, y los argumentos en que las partes sustentan su aspiración punitiva o libertaria''.

Con el anuncio del juez tercero de distrito en materia de procesos penales federales, Ricardo Ojeda Bohórquez, que declaró cerrado, el martes pasado, el proceso de instrucción del proceso 14/95 contra Raúl Salinas de Gortari, la defensa reitera que sin quedar prueba pendiente por ofrecer, admitir o desahogar, sólo resta precisar el debate en los términos técnicos que establece la ley, con la consecuente presentación de conclusiones. Primero corresponderá a la Procuraduría General de la República hacer lo propio y después a la defensoría, para que posteriormente el juez dicte el fallo.