En el contexto de la política económica vigente, una buena parte del agro mexicano ha sido objeto del desinterés y el abandono por parte del gobierno. La apertura indiscriminada de los mercados alimenticios, así como la severa reducción de los subsidios a la producción agrícola de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, han propiciado la postración económica y social del campo y, por consiguiente, una caída de la producción de granos básicos que obliga, a su vez, a adquirir en el extranjero --principalmente en Estados Unidos-- cerca de 30 por ciento del consumo nacional, según lo señalan el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano y la Central Independiente de Obreros y Campesinos en sendos documentos.

Esta segunda organización señaló, además, que la caída en la producción de maíz llevó al desempleo a cerca de 300 mil campesinos, fenómeno que agrava la situación de un sector social en el cual 70 por ciento de sus integrantes se encuentra en la pobreza y en el que 50 por ciento de su población infantil padece desnutrición.

Por lo demás, las mermas de la producción agrícola no sólo afectan a los campesinos, sino al conjunto de la población, en la medida en que las importaciones de alimentos --pagadas en dólares-- llevan al encarecimiento de la canasta básica, constriñen aún más la viabilidad económica del cultivo de granos en el país y magnifican el desamparo de los mexicanos más necesitados ante las vicisitudes e incertidumbres económicas que caracterizan el actual escenario internacional.

En otro sentido, la creciente dependencia alimentaria del exterior se traduce indefectiblemente en una mengua de la soberanía nacional y en un incremento de la vulnerabilidad ante eventuales presiones del exterior.

A estas alturas es innegable que las actividades menos competitivas de la producción agrícola, especialmente los cultivos de autoconsumo, las siembras de pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros, no pueden sobrevivir a la lógica simple del libre mercado mundial; para subsistir en ese entorno requieren de subsidios públicos.

Así lo comprendieron, desde hace mucho tiempo, los gobiernos de Japón y Estados Unidos y las autoridades europeas. Las subvenciones gubernamentales a la agricultura en tales países no expresan --como pudiera pensarse desde una lógica de ortodoxia neoliberal-- un empecinamiento en preservar a un sector económico ineficiente, sino una preocupación más general por reducir los riesgos de la población en su conjunto a las fluctuaciones de los mercados mundiales, arraigar y dar empleo a los campesinos --y evitar, de esa forma, ulteriores conflictos sociales en las ciudades--, fortalecer las soberanías e incluso preservar expresiones de cultura e identidad nacional, como ocurre en el caso de los cultivos arroceros japoneses.

Los responsables de la conducción económica nacional debieran reflexionar sobre estos hechos y rectificar un rumbo que, a pesar del optimismo reflejado en las cifras oficiales, ha colocado al campo mexicano en una situación de injusticia, explosividad y postración.