Un suceso desorbitado, como el diferendo entre Fernando del Paso y algunas autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), no debería oscurecer ni, peor aún, finiquitar una discusión que sigue siendo urgente sobre un problema mayor: la política cultural privatizadora del gobierno y su aplicación específica en la Unidad Artística y Cultural del Bosque.

Declaraciones categóricas de personajes del mundo teatral, en defensa del director escénico y coordinador nacional de Teatro del INBA, Mario Espinosa, dan la impresión de avalar la discutible política que a él toca poner en práctica como funcionario. Lo cual se complica aún más al definirse estas individualidades como representantes de la ``comunidad teatral'', a lo que ha hecho eco una revista tan prestigiada como Proceso (en su número 1138, cabecea: ``Cierra filas la comunidad teatral a favor de Mario Espinosa''). Dada la seriedad de lo que está en el fondo del asunto, valen la pena algunas muy personales puntualizaciones que sólo intentan intervenir en el debate.

En primer término e independientemente de las virtudes del maestro Espinosa, o de su cercanía fraternal con gente de teatro, su nombramiento o su remoción sólo pueden corresponder a su jefe, porque es a quien él representa. Movilizarse para impedir una u otra cosa es ignorar que no se trata de un esquema parlamentario y, por tanto, que Espinosa no es ``nuestro hombre'' en el INBA. Ningún funcionario puede tener un proyecto personal divergente de quien lo nombra --y, si lo tiene, debe renunciar-- ni puede representar otros intereses. Esta confusión, aparentemente nimia, que no es la primera vez que se suscita, forma parte de la cultura corporativista a la que el PRI nos tiene perversamente acostumbrados. En esta cultura no importa la discusión de los proyectos sino la cercanía con los hombres del poder. También por ello, en esta cultura política, renunciar es suicidarse. Por tanto, si el maestro Espinosa queda en su cargo es porque Rafael Tovar no consideró que los denuestos de Del Paso lo descalificaran ni para representarlo ni para llevar a cabo una política que tampoco es la suya propia, sino la del gobierno al que Tovar representa y la cual está obligado a implementar mientras dure en el cargo, independientemente de sus virtudes y simpatías personales.

Es, pues, la política gubernamental la que debe discutirse. Y a ese nivel debemos enfocar las cuestiones específicas. Al contrario, presionar y cerrar filas en torno de personas significan acomodos corporativistas que, por más estentóreos y amplios que se quieran, sirven finalmente para legitimar un proyecto clarísimo de gobierno contra el cual está, por lo menos, este modesto miembro de la comunidad teatral (con minúsculas), mientras otros, de la ``Comunidad Teatral'' (con mayúsculas) lo declaran avalable siempre y cuando se les tome en cuenta al realizarlo.

La legitimación de la política cultural privatizadora del actual gobierno, por parte de una pretendida ``Comunidad Teatral'' que exige ser tomada en cuenta, no sería algo nuevo: ya ocurrió con los teatros del Seguro Social, y quien esto escribe se declara culpable de no hablar entonces. En tiempos de Coquet y de López Mateos se consideró un derecho más de los trabajadores el acceso a la cultura y, al tiempo que quirófanos, se levantaron teatros.

Tal vez tal política haya sido errónea, pero nadie ha explicado por qué. Simplemente se escamoteó mágicamente tal derecho y, hoy, el Programa de Cultura 1995-2000 sólo se refiere a los trabajadores en dos páginas de un ``proyecto especial'' que nadie dice ni contradice de aquella herencia que el PRI de entonces dejara al PRI de ahora.

Y con el consiguiente pragmatismo neoliberal se privatizaron los teatros, pero eso sí, dando la prioridad a la ``Comunidad Teatral'' para que se convirtiera en iniciativa privada y los salvara de ``ser vendidos a la iniciativa privada'', como con lógica diáfana afirmara la maestra Olga Harmony (La Jornada, 13/VIII/98), colaboradora cercana y defensora ``por amor al teatro'' de Mario Espinosa, el funcionario que cumplió limpiamente entonces con la política que le fue encomendada.