Manuel Merino, oficial mayor de Espinosa en la regencia y Sectur, inhabilitado 20 años en el DF

José Galán Ť Luego de cinco meses de auditorías e investigaciones, la Contraloría General Interna del gobierno del Distrito Federal resolvió ayer inhabilitar por 20 años como servidor público en el ámbito citadino --la pena más alta en su tipo-- a Manuel Merino García, ex oficial mayor de la última regencia y actualmente oficial mayor de la Secretaría federal de Turismo, debido a un faltante sin comprobar de más de 80 millones de pesos, etiquetados como ``gastos originados en eventos con los medios de comunicación''.

Además de la inhabilitación, el ex funcionario deberá pagar --entre la suma faltante y recargos, incluyendo intereses bancarios-- 235 millones 322 mil 672 pesos, la sanción administrativa más importante impuesta a funcionario alguno en la historia de la ciudad de México.

La Contraloría Interna interpondrá, hoy mismo, una denuncia de hechos contra quien resulte responsable del faltante en las arcas capitalinas, y que fue detectado incluso desde el intercambio de información entre las comisiones de enlace de los gobiernos entrante y saliente, en junio de 1997. De acuerdo con las auditorías, Merino García recibió una partida presupuestal que a juicio de la instancia no tenía facultades para ejercer y, aún así, aunque hubiera acreditado el destino del dinero, estaría sujeto a una sanción administrativa.

Representantes de la Contraloría Interna se apersonaron ayer en las oficinas de los representantes legales de Merino García, el bufete de abogados de Guillermo Narváez Bellacetín, donde un velador les informó que el despacho abriría hasta lunes. Posteriormente, se dirigieron a las oficinas de la oficialía mayor de la Secretaría federal de Turismo para hacer entrega de la notificación. Allí, una secretaria les dijo primero que sí estaba, que esperaran un momento. Media hora más tarde fueron informados de que no se encontraba, y que nadie sabía su paradero.

Ante ello, la Contraloría decidió darlo por notificado e informar hoy a la Procuraduría de Justicia para la investigación penal contra quien resulte responsable.

Merino García encabezó la lista de los 15 colaboradores de alto nivel de Oscar Espinosa Villarreal que suscribieron una carta de protesta el 15 de febrero de este año, luego de que Cuauhtémoc Cárdenas hiciera público el estado en que recibió la administración citadina, ocasión en que llamó la atención de los ciudadanos sobre la corrupción, la impunidad y prácticas sucias ``que apuntan hacia la acción del crimen organizado'', y que fueran rechazadas por los ex funcionarios del DF.

De igual forma, en abril pasado respondió a las acusaciones de Jesús González Schmal, y alegó que como oficial mayor de la administración de Espinosa Villarreal nunca incurrió en irregularidades, y que en caso de que se mantuvieran las acusaciones en su contra, ``más valdría comprobarlas''.

Pero lo que está sin comprobar es una suma de 80 millones de pesos. La cantidad original llegaba a 215 millones, pero el ex oficial regresó a las arcas capitalinas, el 4 y 5 de diciembre de 1997, poco más de 135 millones de pesos más intereses.

La Contraloría Interna detectó, luego de su revisión, irregularidades en la partida 3605, y determinó que Merino García dispuso de manera irregular recursos etiquetados bajo el rubro ``otros gastos de difusión'', a través de 24 cuentas por liquidar entre el 23 de enero y el 25 de noviembre de 1997, depositadas en firme o en efectivo y cobradas de la misma forma. El único registro consta de 24 recibos sin membrete ni folio, firmados por el propio Merino García, todos con el mismo concepto: ``por gastos de eventos con los medios de comunicación'', y que amparaban los 215 millones de pesos.

A pesar de que representantes del propio Merino García asistieron en varias ocasiones a dialogar con los representantes de la Contraloría, nunca ofrecieron la comprobación adecuada de los movimientos financieros que implican los 80 millones de pesos faltantes. Incluso, llegaron a comentar que esa suma se encontraba considerada dentro del acta de recepción-entrega de la oficialía mayor que en aquel entonces, 5 de diciembre de 1997, recibió Jesús González Schmal.