Tuvo razón el Presidente al subrayar en su Informe la importancia del sistema financiero, y sostener la necesidad de impedir su quebranto en medio de la crisis creada por su gobierno y el de su antecesor. Efectivamente, el sistema financiero constituye la red de ductos, válvulas de control y tanques de almacenamiento que aseguran el flujo del dinero vital para la economía, de la misma manera que la red de distribución de agua de una ciudad es vital para el funcionamiento de ésta.
Es por ello, por la importancia del sistema financiero, que resalta la irresponsabilidad y la falta de ética permitida por el gobierno de la República en el control de sus operaciones, con lo que, lejos de resolver las dificultades de origen de la nueva banca, se sentaron las bases para generar el colosal problema que enfrenta el país, y que incluye desmanes de los propios banqueros, encubiertos por altos funcionarios públicos, que hoy se ven obligados a reconocer (propuesta del PRI en el Congreso) que implican, al menos, la mitad de toda la deuda del Fobaproa.
La participación del PRI en los beneficios de esas operaciones ilícitas, y su canalización a la campaña política que llevó a Zedillo a la Presidencia, inhabilitan cualquier propuesta del Presidente para resolver ese grave problema, mientras él y su partido se nieguen a explicar su participación en tales hechos.
Tiene también razón el Presidente al resaltar el grave deterioro de la seguridad en que vivimos los mexicanos de todas las clases sociales del país; sin embargo, su convocatoria a unir esfuerzos en una cruzada contra la delincuencia dista mucho de convencer a la sociedad, en la medida que la situación de violencia ha tenido su origen, por una parte, en el modelo económico impuesto por él, con sus consecuencias previsibles de empobrecimiento, desempleo y rencor social; y por otra parte, en el clima de impunidad y violencia incubado desde las estructuras del poder.
¿Puede acaso ignorar el Presidente el ejemplo de impunidad que disfruta su compadre Rubén Figueroa, ante su presunta responsabilidad en el crimen de Aguas Blancas? ¿Desconoce el Presidente el efecto desmoralizador que la patente de corzo que él mismo dio a Roberto Madrazo causó en la sociedad, la cual reconoce en éste a un delincuente común con posibles ligas con el narcotráfico? ¿Se olvida también de la existencia de Carrillo Olea, que hizo de su gobierno en Morelos cuartel general de los principales secuestradores y extorsionadores del país, sin que la autoridad federal se decidiera a intervenir pese a las airadas demandas populares?
Quizás fue a estas cosas a las que se refirió el Presidente al admitir que el gobierno le ha fallado al pueblo, y entonces tuvo razón en sus afirmaciones; pero al mismo tiempo, ellas lo descalifican para convocar a una cruzada creíble contra el crimen.
Tuvo razón igualmente el Presidente para no hablar de otras cosas, como Chiapas, aunque no sean desde luego las que supone el secretario Labastida. Hablar de Chiapas, después de la serie de bravatas expresadas en sus visitas a ese estado, cuando la responsabilidad de Acteal recae directamente en su gobierno y la incongruencia entre el discurso oficial y los hechos son cosa del dominio público, no sólo lo habría llevado a una confrontación con el Congreso, sino con la sociedad mexicana en su conjunto.
Así pues, no podemos ignorar que hubo razones en el Informe del Presidente; desafortunadamente sus razones se diluyen y pierden en el obscuro mar de contradicciones y complicidades que conforman los cuatro años de su gestión.