Como han expresado analistas políticos, el mensaje que escuchamos el pasado martes en ocasión de la entrega del cuarto Informe de Gobierno al Congreso, se limitó en términos constitucionales al estado que guarda la administración pública federal. Se ha calculado que 79 por ciento de su contenido se ocupa de este rubro. Pareciera que el Ejecutivo, en el último trecho de su mandato, limita sus objetivos a controlar las variables macroeconómicas y a mantener cada vez con mayor dificultad los programas de compensación social.

Todos los graves problemas de fondo, como la modernización y reforma del Estado, y la transición y consolidación de la democracia, aparentemente se los deja al Congreso y a otras fuerzas políticas y sociales, lo cual no deja de resentirse como una falta peligrosa de liderazgo político y aumenta la corresponsabilidad de todos los demás actores, pues no se vislumbra en su discurso un proyecto de nación y menos aún los medios para poder alcanzarlo. Como explicó el pasado jueves el director del Instituto Mexicano de Estudios Políticos, parece que el Presidente desde este punto de vista dio ya por terminado su sexenio, y lo que de su parte nos aguarda en el futuro es simplemente dos años más de administración pública sin política. ¿Han reflexionado seriamente en esto los intelectuales, representantes, partidos políticos y demás actores sociales?

Aun reconociendo que se refirió tar-díamente al grave rezago de la administración pública en materia de procuración e impartición de justicia, y que esperamos sea reformada para que no se siga salvajemente diciendo que el respeto de los derechos humanos quedó a la zaga de la delincuencia organizada, hubo ciertamente en su mensaje ausencias que no se justifican.

Puede quizás admitirse que aludió implícitamente a Chiapas --es más irresponsable afirmar que ese conflicto no afecta a todos los mexicanos--, pero no puede perdonarse la falta de referencia a Acteal, hecho simbólico, crucial y complejo que dio la vuelta al mundo, y afectó profundamente las entrañas de la nación.

Otro hecho es el que anacrónicamente tiende a calificarse como presiones del exterior en materia de comercio, democracia y derechos humanos, realizada de acuerdo a modelos civilizados, no en conformidad con los estilos del país del norte, y que en este mundo globalizado de fin de siglo ya no pueden oportunísticamente seguir siendo interpretadas simplemente como intervenciones del exterior.

Aun cuando se aprecia su llamado a levantar unidos la esperanza y la voluntad, no deja de echarse de menos una mirada autocrítica a la forma como se manejó originalmente el asunto del Fobaproa, típica de la discrecionalidad presidencial en el viejo sistema político mexicano, y, según especialistas en derecho, violatoria incluso de la Constitución y de las leyes. Y ya que Chiapas sigue siendo un problema de la mayor trascendencia para todos los mexicanos, nos permitimos reproducir en este contexto al menos cuatro de las observaciones que en su último informe, sintomáticamente titulado ``La Legalidad de la Injusticia'', hace el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas:

Que al buscar la aplicación de la ley y el establecimiento del estado de derecho, los gobiernos estatal y federal no pierdan de vista la dimensión subjetiva y ética del derecho, evitando ir en contra de la justicia al buscar la legalidad.

Que cesen las detenciones arbitrarias, los allanamientos, los retenes ilegales y las incursiones, el hostigamiento y todo tipo de violaciones de los derechos humanos en contra de las comunidades indígenas.

Que al llevar a cabo sus funciones el Ejército Nacional Mexicano, la policía de Seguridad Pública, las policías federal y estatal, y demás corporaciones, se apeguen cabalmente a la ley, al ámbito de sus facultades, al respeto de los derechos humanos y a derecho.

Que las autoridades migratorias dejen de impedir y dificultar la presencia de observadores y visitantes no mexicanos en Chiapas, que se otorgue el visado correspondiente a todo aquel extranjero que desee venir a nuestro país a observar la situación de derechos humanos, y se le garantice el derecho al libre tránsito.

No quisiéramos terminar sin decir que urge, además, el combate a la impunidad de la delincuencia organizada de cuello blanco.