Denunció el PRD presuntos ilícitos con aportaciones al PRI en 93 y 94

Roberto Garduño y Georgina Saldierna Ť El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia formal de hechos presuntamente constitutivos de delitos contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI); empresas canalizadoras de recursos para las campañas electorales de este último partido en 1993 y 1994, y contra quien resulte responsable, por la utilización de 30 millones de dólares provenientes del Banco Unión, que ingresaron después al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y que el gobierno federal pretende convertir en deuda pública.

El dirigente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, ingresó a la Dirección General de Averiguaciones Previas de la PGR con el documento de ocho cuartillas -dirigido al procurador, Jorge Madrazo Cuéllar- que entregó al titular del Ministerio Público Especializado, Aquiles Montes.

Más tarde, respondió a la acusación que hizo Mariano Palacios, líder nacional del PRI, sobre malos manejos perredistas de los recursos para la campaña de 1994: ``Nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos. El PRD tiene trayectoria limpia, no estamos metidos en actos de corrupción o narco. Somos transparentes. El PRI tiene que decir cómo recibió los fondos e informar a los ciudadanos'', dijo

Sólo duró 5 minutos el trámite judicial

El trámite en las oficinas de la PGR duró cinco minutos. López Obrador refirió que en su conversación con Montes le solicitó se iniciaran las pesquisas para que se ``termine ya, de una vez y para siempre, con este régimen de corrupción y de impunidad''.

En la denuncia se puntualiza que el pasado 25 de agosto el PRD se comprometió a presentar ante la PGR la información que prueba la canalización de fondos del Banco Unión -entonces propiedad del banquero prófugo Carlos Cabal Peniche--y de empresas creadas ex profeso para las campañas del PRI en los años de 1993 y 1994.

``Estas operaciones, entre otras, causaron el quebranto de Banco Unión y de dichas empresas, lo que motivó la intervención del Fobaproa, destinándose y comprometiéndose recursos públicos con el correspondiente daño patrimonial al erario y a la nación''

Las pruebas consisten en documentación que da cuenta de cinco fideicomisos que el PRI constituyó y operó con Banca Unión, Banca Cremi y BCH: fideicomiso 1718-0 Comité Ejecutivo Nacional del PRI-Banca Cremi; fideicomiso 2929-4 Comité Ejecutivo Nacional del PRI-Banca Unión; fideicomiso 2739-9 Comité Directivo Estatal del PRI de Chiapas-Banca Unión; fideicomiso 2939-1 Comité Directivo Estatal del PRI en Tabasco PRI-BCH; y, fideicomiso 3110-8 Comité Directivo Estatal de Campeche-Banca Unión.

En el desglose de las pruebas se apunta que esos fideicomisos ``fueron alimentados por la cuenta concentradora número 964004-5, a nombre de Administración Fiduciaria por Cuenta de Terceros. Hasta ahora, podemos probar que de esta cuenta salieron fondos para apoyar al PRI por una cantidad de 30 millones de dólares''.

``Los fondos de esta cuenta concentradora -se agrega- eran obtenidos mediante créditos quirografarios (a la palabra), sin garantías, otorgados por Banca Unión a diversas empresas, casi todas ellas vinculadas a Carlos Cabal Peniche, dueño de dicho banco''.

En el documento se describe que en esa red de financiamiento participaron varias empresas mediante el otorgamiento de créditos cruzados: Servicios Tecfin, S.A. de C.V.; Grupo Asesor de Comercio Internacional, S.A. de C.V.; Grupo Inmobiliario Reforma, S.A. de C.V.; Servicios Inmobiliarios Reforma, S.A. de C.V.; Reforma Grupo de Inversión Inmobiliaria, S.A. de C.V.; Servicios y Asesoría Inmobiliaria Reforma S.A. de C. V.; Afil y Asociados, S.A. de C.V.; Grupo Empresarial Agrícola Mexicano, S.A, de C.V.; A. Zavala Internacional, S.A. de C.V.; Naturas Mexicanas, S.A de C. V.; Platanera San Carlos del Golfo, S.P.R. de R.L., entre otras.

La denuncia incluye un desglose de las operaciones que realizaron Banca Unión y las empresas referidas para beneficiar al PRI. El total comprobado, según obra en la documentación entregada por el PRD, asciende a 30 millones de dólares.

Conforme al artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, el PRD solicitó al procurador, Jorge Madrazo Cuéllar, que se designe a un agente del Ministerio Público Federal para que integre la averiguación en los archivos del Banco Unión, ``con el objeto de que se practique la compulsa respectiva de los originales de los documentos que se acompañan a la presente denuncia y que obran en los archivos de la citada institución''.

EL PRD fundamenta, con base en el artículo 125 del Código Federal de Procedimientos Penales, que cada una de las personas que aparecen en la denuncia, ya sean físicas o morales (éstas a través de sus representantes legales), tienen la obligación de declarar respecto a los hechos que se investigan, ``y quienes deberán ser localizados por la autoridad ministerial, reservándonos el derecho de aportar más adelante elementos que ayuden a su localización''.

Que se terminen corrupción e impunidad

López Obrador fue prácticamente asaltado por decenas de reporteros que intentaban conseguir una declaración sobre la citada denuncia. El líder perredista respondió a un vendaval de interrogantes.

-¿Cuál es el espíritu de esta denuncia?

-En 1993 y en 1994 se erogaron gastos de campaña que beneficiaron al PRI, que fueron otorgados a través de créditos de Banca Unión y de empresas que actualmente se encuentran en el Fobapora.

-¿De quién eran esas empresas?

-De Carlos Cabal Peniche y muchas otras de personas físicas que aportaron dinero al PRI en 1993 y 1994.

-¿Cuál sería el delito?

-Lo tiene que investigar la PGR, pero desde luego que hay una presunta asociación delictuosa entre empresas y Banco Unión. La autoridad competente, en este caso la PGR, tiene que investigar sobre la responsabilidad del PRI, porque Cabal, por ejemplo, en una remesa entregó a ese partido 50 millones de pesos ¡En una sola remesa! Y desde luego que al recibir, tenía que imaginar que era una cantidad considerable, tenía que saber cuál era el origen de ese dinero, mediante qué operaciones había obtenido ese dinero y, sobre todo, a cambio de qué.

-¿Cuáles son las pruebas?

-Son auditorías que hizo Banco Unión cuando fue intervenido por la Comisión Nacional Bancaria; informes que entregó la Comisión Nacional Bancaria a la Cámara de Diputados y otros documentos. Está bien sustentada la denuncia.

-¿La denuncia va al PRI como partido?

-Al PRI, a las empresas canalizadoras y a quienes resulten responsables.

-¿No se atorará esta denuncia en la mera investigación?

-No, porque nosotros lo que queremos es que se termine, de una vez y para siempre, con este régimen de corrupción y de impunidad.

-¿ Se exige la reparación del daño?

-Desde luego, una vez que se finquen responsabilidades. Lo que queremos es que el PRI devuelva el dinero.

--¿Hay confianza en la PGR?

--Vamos a presentar la denuncia en la PGR, pero también en el Instituto Federal Electoral. Vamos a entregar copia de esta denuncia a la Cámara de Diputados, porque ahí se están siguiendo juicios políticos, y vamos también a dar conocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Enrique Méndez Ť El PRD ``está en falta'' con las autoridades electorales desde 1994, pues en ese año ``dejó muchas cuentas sin informar'' sobre su financiamiento para la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, aseguró el dirigente nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer.

Consideró que ahora que el PRD presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de recursos públicos al tricolor, ``será una buena oportunidad para que (Andrés Manuel) López Obrador y el PRD actualicen la información que tienen pendiente de recursos recibidos y no comprobados de 1994''.

En entrevista, Palacios Alcocer afirmó que, a diferencia de su partido, el PRD no actuó con estricto apego a la ley al momento de informar sobre sus ingresos y egresos en ese año, y refirió que ``eso obra en los documentos que han sido del conocimiento de la opinión pública'', en referencia al dictamen que publicó el Instituto Federal Electoral (IFE) el 11 de diciembre de 1995 sobre las auditorías realizadas a los institutos políticos.

-¿Usted asegura que el PRD recibió financiamientos no claros?

-Yo no tendría la irresponsabilidad que ha demostrado López Obrador al hacer afirmaciones fáciles. No tengo elementos y no podría hacer imputaciones dolosas.

En el documento al que se refirió Palacios Alcocer, y en referencia a los ingresos y gastos del PRD en la campaña electoral de 1994, el IFE detalla que ese partido ``presentó de manera deficiente los informes requeridos por ley'', y añade que ``no siempre se sujetó a los lineamientos y formatos autorizados por el Consejo General''.

Asimismo, subraya que sus gastos ``frecuentemente no fueron referidos dentro de los tiempos y territorios pertinentes de la campaña electoral que se informaba'', y establece que, sin embargo, las faltas más recurrentes se limitaron a la presentación de ``varios comprobantes de gastos de manera duplicada y algunas alteraciones en esos documentos de soporte''.

No obstante, informa que el PRD se ubicó por debajo de los promedios de gasto general y costo por voto, y precisa que, si se compara con el resto de los partidos, ``es el que guarda una relación más baja (económica) entre el gasto y los votos'' que obtuvo en la elección presidencial.

Palacios Alcocer expresó la disposición del PRI a responder cualquier solicitud que se le haga para aclarar su financiamiento privado de 1994, pero insistió en que el tricolor actuó, ``de manera permanente, con apego a la ley, cumpliendo en tiempo y forma'' la entrega de sus comprobantes, y reiteró que en su momento el IFE sancionó que las cuentas públicas priístas fueron ``claras y limpias''.

``En este momento -abundó- el partido realiza un intenso trabajo administrativo y de reposicionamiento político-electoral.''

-Sin embargo, el tema ya no es sólo electoral, pues adquirió un giro penal al presentar el PRD una denuncia ante la PGR.

-Depende. No tengo mayor información, de tal suerte que lo que podría decir es que desde el punto de vista administrativo, y con estricto apego a la ley, hemos cumplido como partido político.

``No así el PRD, que en los propios informes publicados por el Diario Oficial de la Federación, relativos a las cuentas de sus campañas y al gasto administrativo de 1994, dejó muchas cuentas sin informar.''