La denuncia penal interpuesta en contra de Manuel Merino, ex oficial mayor del gobierno del Distrito Federal durante la administración de Oscar Espinosa Villarreal, por los presuntos delitos de fraude y peculado, es importante desde múltiples puntos de vista.

En primer lugar, resulta meritorio el rigor sin oportunismos con que, tras cinco meses de auditorías, se fincaron responsabilidades al ex funcionario capitalino por un faltante de 80 millones de pesos: las autoridades no dieron a conocer públicamente las investigaciones ni procedieron judicialmente contra Merino hasta que contaron con las evidencias suficientes. Así, además de prevenir que una acusación apresurada o sin el suficiente sustento entorpeciera la correcta aplicación de la ley, se dejó en claro que, lejos de emprender una cacería de brujas o actos de revancha política, el gobierno de la metrópoli cumple con su obligación jurídica y moral de investigar los presuntos delitos y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante las instancias de procuración e impartición de justicia competentes.

Es igualmente relevante la determinación de aplicar a Merino una sanción administrativa sin precedentes --20 años de inhabilitación como servidor público en el ámbito del Distrito Federal y multa millonaria-- ya que con ello, independientemente de las penas que dispongan, en su caso, los tribunales, se muestra la firme decisión del gobierno de la ciudad de erradicar, sin concesiones y con todo el rigor de la ley, la corrupción y la impunidad. En este sentido, resultan pertinentes las declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas, quien señaló que durante su mandato se combatirá la corrupción ``dondequiera que se encuentre, de esta o de otra administración''.

Por último, debe destacarse la serenidad y el respeto a los cauces y procedimientos legales que las diversas instancias del gobierno federal -sin caer en polémicas estériles ni en actitudes contestatarias- han mantenido ante este caso, máxime si se considera que las investigaciones sobre prácticas de corrupción en el Distrito Federal, como sucedió con Fernando Peña Garavito, podrían alcanzar a otros funcionarios de la regencia encabezada por Espinosa Villarreal.

Tanto la actitud responsable de quienes tienen a su cargo sanear las instituciones de la capital y buscan comprobar fehacientemente sus sospechas antes de realizar acusaciones y formular denuncias, como la civilidad y el respeto que han prevalecido entre los diferentes poderes y jurisdicciones de gobierno, son muestras de que en el país comienza a operar una nueva cultura democrática y un compromiso decidido para, al margen de diferencias ideológicas o partidarias y en respuesta a las legítimas demandas ciudadanas, hacer valer en todo momento la normatividad y el estado de derecho.