Legalmente se puede pedir su cancelación: magistrado de la Corte de la Haya

Jesús Aranda Ť Tras calificar de ``apática'', con falta de entereza y vigor la actitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) en relación con la construcción del confinamiento de desechos tóxicos y peligrosos Sierra Blanca, en territorio estadunidense a unos kilómetros de la frontera con el estado mexicano de Chihuahua, el magistrado de la Corte Internacional de La Haya, Víctor Carlos García Moreno, aseveró que, a diferencia de la postura oficial, sí hay mecanismos bilaterales considerados por el Tratado Trilateral de Libre Comercio e instancias internacionales como a la organización que representa, en las que el gobierno puede iniciar acciones en contra de la intención ilegal de Estados Unidos.

En entrevista, el jurista en materia internacional precisó que en las instancias referidas existe la posibilidad de que el gobierno mexicano solicite la intervención de especialistas en las ramas de la química y la medicina con la finalidad de que invesiguen a fondo las consecuencias negativas que tendrá la construcción de instalaciones que confinen desechos tóxicos, para que con un dictamen de los especialistas, incluso demande al gobierno de Estados Unidos una indemnización económica por posibles daños.

``Si un funcionario no conoce sobre el asunto, mejor que se calle''

En relación con la reciente declaración de la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), Julia Carabias Lillo, en el sentido de que el gobierno mexicano ``no tiene nada que hacer'' en términos legales en ese caso, García Moreno no ocultó su extrañeza y dijo que si un funcionario no conoce sobre un asunto, ``lo que debería de hacer es por lo menos quedarse callado''.

El también director del seminario de derecho internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) precisó que en los acuerdos: ``Convención entre México y Estados Unidos sobre cooperación para la protección y mejoramiento del medio ambiente de la frontera norte'', firmado el 14 de agosto de 1983; Acuerdo Trilateral de Coordinación Ambiental; la Comisión de Cooperación Ecológica en la Frontera para la Cooperación; el Plan Integral Fronterizo (México-Estados Unidos), y el programa Frontera Siglo XXI, establecen claramente la prohibición para la creación de confinamientos a una distancia menor a 100 kilómetros de la frontera común; es decir, de la línea divisoria hacia los Estados Unidos y hacia México, respectivamente.

Clara violación a los acuerdos bilaterales

En este contexto, dijo, la instalación de los confinamientos de desechos tóxicos y peligrosos -uno de los cuáles sería el de Sierra Blanca-, constituye una clara violación a esos acuerdos, porque representa un riesgo considerable para los mantos acuíferos subterráneos que abastecen de agua a El Paso, Texas, y a Ciudad Juárez, Chihuahua.

Aun cuando el gobierno mexicano tiene todo el derecho de inconformarse legalmente, dijo, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha mantenido ``apática'' y ``no ha actuado como debería de ser'', lo cual es muy grave, sentenció Víctor Carlos García Moreno.

Al respecto, el especialista dijo que nuestro país debería convocar a la Comisión de Cooperación formada, a partir de la puesta en marcha del Tratado Trilateral de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, para solicitar que una comisión de expertos determine el riesgo del confinamiento de Sierra Blanca.

El gobierno mexicano, en condciones de fincar responsabilidades al de EU

También está la Comisión Bilateral Fronteriza, que tiene a su vez paneles jurídicos donde el gobierno mexicano estaría en condiciones de fincar responsabilidades en contra del gobierno de William Clinton.

Esto sin contar con la Corte Internacional de La Haya, la cual cuenta con tribunales arbitrales ad hoc, para este tipo de controversias.

Presiones para que no se ``haga mucha escandalera''

Por otro lado, indicó que es evidente que el gobierno de Estados Unidos presiona al de México para que éste se mantenga pasivo y ``no haga mucha escandalera'' al respecto. Es claro, añadió García Moreno, que de continuar con la construcción del confinamiento de Sierra Blanca, el gobierno estadunidense violará el acuerdo bilateral que prohibe contaminar un área a menos de 100 kilómetros de la línea divisoria, lo que está estipulado expresamente, y por eso amenaza al gobierno mexicano con otros temas de la agenda bilateral para que éste no actúe.

Ante esta situación, el gobierno debe apoyarse en la acción de organizaciones no gubernamentales, grupos civiles de la frontera norte, partidos políticos y sociedad en general para actuar en contra de la construcción de confinamientos de desechos tóxicos a sólo unos kilómetros de la línea fronteriza, concluyó el magistrado de la Corte Internacional de La Haya.