Greenpeace: sabe México de fallas en depósitos tipo Sierra Blanca

Tras señalar que la construcción del confinamiento de residuos radiactivos de Sierra Blanca, Texas, no ha sido autorizada, las secretarías de Energía, de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente advirtieron que ``darán un seguimiento escrupuloso al proyecto'' y responderán ``con el sustento de los mejores conocimientos científicos en torno a su viabilidad''.

En un comunicado conjunto, las dependencias subrayan que ``el gobierno de México considera adecuada la construcción de confinamientos siempre y cuando cumplan estrictamente con las normas nacionales e internacionales de seguridad''. Agregan que dichos confinamientos ``no son un problema, sino una solución cuando se han agotado las posibilidades de reducción y reciclaje de los residuos producidos en procesos industriales''.

Sin embargo, reconocen que de acuerdo con los estudios elaborados por las secretarías de Energía y la de Medio Ambiente, el proyecto no implica riesgos para la salud de la población ni la ecología. Subrayan que de los análisis técnicos se desprende el pleno cumplimiento de la normatividad nacional e internacional en materia de confinamiento de desechos radiactivos.

Asimismo, puntualizan que ``toda economía industrializada genera diariamente desechos tóxicos y radiactivos que deben encontrar resguardo en confinamientos que cumplan la normatividad que existe al respecto''. Por ello, señalan que en el futuro deberá incrementarse la construcción de ese tipo de instalaciones.

Las dependencias explican que la autorización de depósitos como el de Sierra Blanca ``es materia de competencia estatal''. Mencionan que el Congreso de Estados Unidos sólo aprobó una iniciativa de ley que permite a otros estados cumplir obligaciones respecto a la disposición de desechos radiactivos, ``utilizando la infraestructura localizada en Texas'', pero aclaran que el Congreso estadunidense no fue específico en la localización de dicho confinamiento dentro de ese estado ni lo autoriza.

El denominado Grupo Intersecretarial señala que se han realizado seguimientos técnicos, económicos y sociopolíticos, y hasta la fecha han enviado 14 notas diplomáticas en relación con el caso.

La cancillería ha solicitado información amplia sobre el conjunto de proyectos de confinamientos en la zona fronteriza, en especial el de Sierra Blanca. Ha propuesto la conformación de mecanismos bilaterales para abordar el tema y ``ha transmitido las preocupaciones y sensibilidad de las comunidades mexicanas de la frontera'' sobre la construcción del proyecto, solicitándose incluso ``que se reconsidere su ubicación''.

La SRE indicó que la construcción de dichos proyectos deben estar sustentados ``en el principio de buena vecindad''; por lo tanto, deben tomarse en cuenta las inquietudes de ambos lados de la frontera.

A su vez la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, ``estudió y revisó cuidadosamente la información proporcionada por el gobierno de Estados Unidos sobre el diseño de la instalación y los análisis de impacto radiológico ambiental''.

A partir de ello, las instancias mexicanas han concluido que el proyecto cumple con la normatividad mexicana y los requisitos internacionales de seguridad. ``El confinamiento de Sierra Blanca no representaría riesgo alguno para la población y el medio ambiente en nuestro país, siempre y cuando la instalación para almacenar los deschos se construya, opere y clausure conforme a la documentación presentada''.

En el comunicado conjunto se señala que ``la prioridad del gobierno mexicano en esta materia es y seguirá siendo la salud de la población y el medio ambiente''.

Matilde Pérez U. Ť Desde hace cinco años las autoridades ambientales del gobierno mexicano tenían información de que seis depósitos de Estados Unidos similares al que se pretende construir en Sierra Blanca tuvieron filtraciones, y que cuatro de ellos fueron cerrados por eso, indicó Greenpeace México. A su vez, especialistas en geología y en materia de residuos radiactivos reiteraron que ``sí es de alto riego'' instalar el basurero nuclear en esa comunidad del condado de Hudspeth, Texas, a 30 kilómetros de la frontera con México.

Protestas diplomáticas, más de 30 mil firmas en contra del proyecto, reuniones entre legisladores mexicanos y estadunidenses y acuerdos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para declarar que los proyectos de confinamientos en la frontera con México ponen en riesgo la salud de la población de la región y son una agresión a la dignidad nacional, no han sido suficientes para detener el proyecto que implica una aportación de 50 millones de dólares de los estados de Vermont y Maine a Texas.

El geólogo H. C. Clark y Marvin Resnikoff, especialista en residuos radiactivos y consultor de la firma Radioactive Waste Management Associates, en sus respectivos estudios señalan que el sitio no es apto por ser una zona de alta sismicidad y por la presencia de acuíferos y escurrimientos que podrían llevar la radiactividad hasta el río Bravo. En la zona existe una falla profunda del subsuelo y han ocurrido 64 temblores, el último en 1993.

Su preocupación es también por la degradación del concreto que se utilizará para los contenedores. ``Es un material vulnerable al ataque corrosivo de sulfatos y cloros presentes en las infiltraciones de agua'', y los cálculos de la dosis de radiación a la que se expondrá a los pobladores son demasiado modestas, explican.

Greenpeace indicó que las autoridades mexicanas tenían el antecedente de que los depósitos ``radiactivos de baja intensidad'' de Beatty, Nevada; Maxey Flats, Kentucky; West Valley, Nueva York, y Sheffield, Illinois, fueron cerrados entre 1975 y 1992. Sin embargo, sus acciones para tratar de frenar el depósito de desechos nucleares en Sierra Blanca -a 30 kilómetros de la frontera con Chihuahua- se limitaron a notas diplomáticas que esgrimen la ``política de la buena vecindad'', y ahora dicen que no pueden acudir a la ONU ni al tribunal del TLC porque ``no son foros para el gobierno''.

A su vez, las comisiones unidas de Ecología y Medio Ambiente, de Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores de las cámaras de Senadores y Diputados puntualizaron que los informes de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas respecto a ese confinamiento se basaron en información de la Texas Natural Resource Conservation Commission y la Texas Low Level Radioactive Waste Disposal Authority -``íntimamente ligadas con la viabilidad del proyecto de Sierra Blanca-; la segunda comisión asegura que el sitio seleccionado cumple con los requerimientos reguladores de Texas y la Nuclear Regulatory Commission, y que ``el impacto radiológico ambiental, en condiciones normales y de accidente, son de muy bajo riesgo''.

Por su parte, la legisladora del PRD Laura Itzel Castillo dijo que propondrá a los partidos lanzar una convocatoria amplia para defender los intereses de México y evitar que se ``convierta en el traspatio de Estados Unidos''. Ese es un problema que ya trasciende a la secretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias; requiere la intervención directa del presidente Ernesto Zedillo, aseveró.

La vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del PRD aseguró que sí hay una violación al TLC, en cuyo apartado referente a la Comisión para la Cooperación Ambiental (artículo 10) se establece que ésta podrá ``examinar o elaborar recomendaciones referentes a cuestiones ambientales en zonas fronterizas o de naturaleza transfronteriza; promover la entrega de información sobre materiales o actividades peligrosas; hacer una evaluación de impacto ambiental de los proyectos que tengan efectos transfronterizos perjudiciales; actuar para alentar a los países a reducir, eliminar o atenuar la contaminación transfronteriza y, si procede, recomendar el acceso, derechos y recursos ante tribunales y dependencias administrativas a las personas que hayan sufrido daño o perjuicio causado por la contaminación originada en territorio fuera de su país de origen, pero firmante del TLC''.

Tras insistir en que Carabias sí puede llevar la denuncia del basurero nuclear en Sierra Blanca a la CCA, la legisladora dijo que ``hay una falta de oficio y responsabilidad de las autoridades mexicanas por aceptar todos los argumentos de Estados Unidos''.

Sierra Blanca es uno de los 11 proyectos de confinamiento en la frontera con México que tiene Estados Unidos, de los cuales tres son radiactivos, cuatro de lodos de drenaje, dos de residuos líquidos o sólidos peligrosos, un relleno municipal y otro de incineración de residuos peligrosos; la mayoría de ellos se ubicarán en Texas y sólo dos estarán en la frontera de California con Baja California, precisó el senador Norberto Corella.

Al condado de Hudspeth -70 por ciento de los residentes son hispanos y 40 por ciento viven en condiciones de extrema pobreza- llegan, desde 1995, 225 toneladas diarias de aguas residuales de Nueva York que contienen plomo, arsénico y cadmio; allí también hay un manto freático que surte de agua potable a cinco condados y que a partir del 2000 surtirá a El Paso.

La región podría convertirse en el depósito de gran parte de los desechos radiactivos almacenados en las centrales nu- cleares estadunidenses, consideró la organización ecologista Greenpeace.

Agregó que en 1991, la legislatura de Texas aprobó una ley que sirvió para designar un área de 400 millas cuadradas para la construcción del confinamiento donde, de acuerdo con el proyecto de las autoridades estadunidenses, se depositarán 15 mil metros cúbicos de desechos nucleares durante 30 años.

Esta discusión está atrapada en una visión económica y no se ve el problema de saneamiento ambiental, opinó Hilda Salazar, integrante de Oilwatch internacional. Dijo que es urgente que se abra la discusión técnica sobre el confinamiento y que la titular de la Semarnap convoque a una reunión extraordinaria de la Comisión para la Cooperación Ambiental para dirimir ese problema; no hacerlo es restarle fuerza jurídica y política a esa instancia. Además, recordó que ya es tiempo de revisar el TLC, los acuerdo así lo señalan, y eso abriría la posibilidad de plantear nuevas leyes y acuerdos.