La Jornada martes 8 de septiembre de 1998

ASTILLERO Julio Hernández López

Aun cuando todavía le queden cuatro días de ejercicio formal del poder (oficialmente entregará la gubernatura hasta el próximo 12), el cetemista Arturo Romo Gutiérrez termina hoy en Zacatecas, al rendir su sexto Informe, un ciclo político que resulta muy ilustrativo de los cambios que en un sexenio ha vivido la política mexicana.

Adiós cetemista a las cuotas de poder

Un primer dato resaltable del sexenio zacatecano feneciente es el indudable sepelio de las cuotas cetemistas de poder que, durante décadas, tan vergonzantemente anegaron al país con las aguas negras del corporativismo, de la obediencia lacayuna a los dictados mafiosos de las cúpulas sindicalistas y de la perversión extrema de las reglas de la participación política.

Hoy, por fortuna, parece que no habrá más gobernadores impuestos por gracia y obra del cetemismo. La alta competencia electoral no permite al priísmo el lujo de postular candidatos políticamente iletrados como sucedió en el pasado reciente.

(El único candidato cetemista que hoy ha sido presentado por el PRI es Juan Sigfrido Millán, quien, sin ser un santo, ganó su lugar a pesar de ser cetemista, distanciándose desde mucho antes de las prácticas tradicionales de su central, asumiendo posturas heterodoxas e inclusive zafándose de la presunta promoción que en su favor habría intentado el sucesor de don Fidel, Leonardo Rodríguez Alcaine.)

¿Y el cetemismo ilustrado?

Romo Gutiérrez no fue en su momento un ejemplo tozudo de cetemismo tradicional. Estudioso y analítico, corrió durante largo tiempo con el sambenito interno de ser demasiado, digamos... intelectual. Ciertamente, su formación y sus posturas políticas contrastaban escandalosamente con las de otros de sus congéneres como, por citar a otro que llegó al mismo nivel de gobernador y que también prepara sus maletas, Rigoberto Ochoa Zaragoza.

Pero, además, Romo Gutiérrez practicó con buena suerte las artes de la oratoria nacionalista y revolucionaria, emparentada con una especie de izquierdismo institucional. Era, digamos, un ejemplo de la batalla por lograr cambios desde dentro del PRI y del sistema.

Muchos otros practicantes verbales de virtudes cívicas, ideológicas y políticas ya han mostrado a la hora de llegar al crudo ejercicio del poder que no son lo mismo los discursos que los hechos. Con Romo Gutiérrez pasó igual. Como gobernador de Zacatecas sumió a la entidad en un cuadro en el que abundaron las intrigas, las corruptelas y la irritación popular.

El costo de un veto caprichoso

Es posible que Romo Gutiérrez pudiese tener como inmejorable epitafio el acta de mayoría que su principal adversario político logró en las recientes elecciones. Poco habría que decir más respecto a la gestión de don Arturo, luego de saber los resultados en los que la mayoría de la población votó contra las fórmulas que apoyó el mandatario en funciones.

En Zacatecas, por lo demás, el empecinamiento de Romo Gutiérrez contra Ricardo Monreal generó un fenómeno de impacto nacional que arrasó la pradera tricolor zacatecana, e instaló a un peculiar perredismo pragmático como imán para desprendimientos priístas en el norte del país.

Al momento de definir la sucesión zacatecana, Romo Gutiérrez sólo puso una condición al tambaleante y cuasicercenado dedo presidencial: que no fuera Monreal. En esa tesitura, el ganador fue el grupo del ex gobernador Genaro Borrego, quien se sacó de la manga a un diputado federal poco conocido fuera de su terruño: José Olvera, que en cualquier otro momento hubiera sido gobernador con sólo ser candidato del PRI, pero que ahora fue el gran derrotado.

Una obra que se pagó, pero no existe

Pero, ¿qué hace que en el camino queden las presuntas convicciones, los desplantes oratorios, las propuestas reformistas como las del cetemismo ilustrado, por ejemplo?

Los negocios, las complicidades compartidas: el pegamento principal del sistema que es la corrupción generalizada.

Véase si no el siguiente ejemplo: el 15 de septiembre de 1992, el alcalde priísta de Zacatecas, Jesús Manuel Díaz Casas, aceptó (``en muy desventajosas condiciones'', a juicio del ahora regidor independiente Jorge Muñoz Franco, quien ha estudiado y denunciado el caso, aun a costa de preocupantes amenazas personales) el otorgamiento de un importante crédito de Banobras para la construcción de una central eoloeléctrica que generaría 80 por ciento del consumo municipal de energía para alumbrado público.

Aquel 15 de septiembre era especial. Díaz Casas dejaba de ser alcalde y tomaba posesión su correligionario Javier Suárez del Real. Nadie sabía cuál cabildo debía sesionar ese día de transición y, bueno, ese cuerpo edilicio no discutió ni aprobó el crédito que aun así fue asignado.

Siete meses que han sido seis años

El proyecto establecía que siete meses después de aquel día patrio de 1992 estaría funcionando la obra que costaría 9 mil 297 millones de pesos viejos más IVA. Luego de esos siete meses, el municipio de Zacatecas estaría vendiendo energía a la Comisión Federal de Electricidad y aseguraría su autosuficiencia en materia de alumbrado público, según el proyecto cuya concepción y aval correspondieron al gobierno, entonces también saliente, encabezado por Genaro Borrego Estrada. ¡Ah, los grandes proyectos financieros inteligentes, positivos, deslumbrantes de aquellos años del salinismo primermundista!

Seis años después nada se ha hecho, salvo pagar por una obra pública que no existe y significa para el erario estatal y municipal una deuda de por lo menos 34 millones de pesos que ya ha comenzado a cobrarse el gobierno federal a lo chino.

¿Y Romo Gutiérrez, el del pensamiento avanzado, hizo algo en favor de la justicia? Nada, a pesar de que se demostraron todos los elementos que allanarían el camino a acciones judiciales: aparte de las irregularidades antes mencionadas, se mostró que la obra no se concursó en licitación pública, que se otorgó a precio alzado con la empresa Fuerza Eólica que no tenía experiencia en la materia (pues fue creada dos meses antes de conseguir el contrato zacatecano, según acta del notario 147 del DF, Javier Gutiérrez Silva), y lo único que Fuerza Eólica desembolsó a cuenta del millón y medio de dólares recibido de adelanto fueron algunos aerogeneradores usados y reconstruidos que nunca llegaron a Zacatecas, pues se quedaron en las bodegas de la propia empresa, según dijo el regidor Muñoz Franco al corresponsal de La Jornada, Alfredo Valadez Rodríguez.

Múltiples denuncias hubo, ante autoridades diversas. El propio gobernador consignó el caso ante la Procuraduría estatal. Pero nada pasó.

Tal vez sirva para ilustrar el criterio de los lectores saber que José Miguel Falcón Borrego, quien fue delegado de Banobras y aplicó condiciones ``desventajosas'' para los zacatecanos, es subsecretario B del gobierno de Romo Gutiérrez, y que el notario público que dio fe del terreno donde se construiría la inexistente obra, José Luis Velázquez González, es el procurador general de Justicia del estado.

Ellos, junto con Romo Gutiérrez, dejarán el gobierno el próximo 12.

Ese día llegarán Monreal y su carga de expectativas y compromisos con quienes lo llevaron al poder. También tomará posesión como alcaldesa de Zacatecas, postulada por el PRD, Magdalena Núñez.

¿Cambiará algo en Zacatecas, o continuará la feria de las complicidades?

Astillas: Hay un nombre que está en la carpeta de investigaciones del gobierno que entrará a Zacatecas el próximo día 12. Pedro Eliel Carmona Calossi, quien durante cuatro años fue jefe de la Policía Judicial del estado y a quien, luego de las sospechas de su involucramiento con diversos episodios como, por ejemplo, los secuestros, se le nombró representante del gobierno de Romo en el Distrito Federal...

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