El reciente informe presidencial dejó, en diversos ámbitos de la vida política, la sensación de una agenda nacional irresuelta en sus puntos principales: vulnerabilidad y fragilidad económica, crisis de la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia, empantanamiento del conflicto chiapaneco y falta de avances reales en el esclarecimiento de las oscuras acciones gubernamentales del sexenio pasado.

Si a ello se suma que los ritmos políticos tradicionales del país se han adelantado considerablemente durante el mandato del presidente Ernesto Zedillo y que, cuando aún faltan casi dos años para los comicios del 2000, ya se han iniciado las actividades proselitistas reales de cara a la sucesión presidencial, resulta lógico que los debates nacionales en curso se vinculen, o incluso se contaminen, con los intereses electorales que se pondrán en juego en las próximas elecciones generales.

Diversas voces oficiales han protestado por lo que llaman la ``politización'' y la ``instrumentación con fines electorales'' de asuntos como la forma en que habrán de saldarse los astronómicos pasivos que dejó el rescate bancario; el clamor ante la falta de voluntad política para avanzar en la solución del conflicto chiapaneco --cuya persistencia es un peligro y una vergüenza para todo el país--; la exasperación por la inseguridad pública y por la incapacidad de las autoridades para esclarecer homicidios como los de Juan Jesús Posadas Ocampo --asesinado hace ya cinco años--, Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu, Abraham Polo Uscanga y otros, las irregularidades financiero-electorales como las reveladas recientemente por la dirigencia perredista y la existencia de espacios de impunidad para ellas, y la insatisfacción generalizada ante un manejo económico que produce resultados perceptibles en los indicadores macroeconómicos, pero no en los bolsillos y las despensas de la población.

Es difícil imaginar que tal cúmulo de problemas irresueltos no se tradujera en descontentos políticos concretos y en propuestas alternativas para solucionarlos emitidas por partidos políticos y organizaciones civiles. A fin de cuentas, toda acción, inacción u omisión gubernamental está sujeta a los juicios --necesariamente políticos-- de la ciudadanía.

En este escenario sin duda preocupante, las dirigencias de los principales partidos opositores --PAN y PRD-- han lanzado sendas y coincidentes propuestas orientadas a conformar un pacto de gobernabilidad que garantice la estabilidad institucional en lo que resta de este sexenio.

La pertinencia de esas iniciativas está a la vista. El país debe hacer frente a los temas mencionados y sería deseable que lo hiciera en un marco de civilidad, institucionalidad y búsqueda de consensos.

Cabe esperar que el poder público y el partido del gobierno logren percibir la sensatez y la utilidad de las propuestas opositoras y sean capaces de sumarse a ellas, en lugar de repudiarlas y caracterizarlas como ``expresiones de intereses partidistas''. La aceptación razonada y consensual de esas iniciativas de gobernabilidad sería benéfica, en primer lugar, para el propio gobierno.