Del alboroto al silencio, la política gubernamental hacia Chiapas llegó ya a un callejón sin salida. Al no atreverse a confesar públicamente el fracaso del camino recorrido por su gobierno entre la masacre de Acteal y la matanza de El Bosque, el jefe del Ejecutivo prefirió no mencionar el conflicto en el mensaje leído el 1 de septiembre. Así, del alud de declaraciones a los medios y el ejercicio del turismo administrativo en seis viajes seguidos a Chiapas el gobierno pasó al silencio y al menosprecio: ``no es de la trascendencia ni relevancia de otros problemas y asuntos nacionales'', dijo el secretario de Gobernación.

Este aparente desinterés gubernamental por el asunto no es compartido por amplios sectores de la población. Para ellos Chiapas importa y mucho. Según la encuesta realizada por la Fundación Ronsenblueth para medir la percepción de la sociedad mexicana sobre el conflicto en Chiapas, el 73 por ciento de los entrevistados opina que el conflicto de Chiapas tiene una dimensión nacional, el 57 por ciento considera que el gobierno no ha hecho su mejor esfuerzo para solucionarlo, y el 68 por ciento cree que las acciones gubernamentales no han mejorado las condiciones en que viven los indígenas.

De la misma manera piensan cientos de organizaciones sociales urbanas, de productores rurales e indígenas, agrupaciones civiles y personalidades de la vida intelectual, empresarial, artística y religiosa que el pasado viernes publicaron un desplegado en el que expresan su convicción sobre la ``actualidad permanente de Chiapas'' y acerca de la necesidad ``de la exigencia de paz en la región y de justicia de toda índole en el mundo indígena''.

Y, precisamente porque el conflicto en Chiapas importa, y el gobierno sigue sin cumplir los compromisos pactados en San Andrés y su estrategia actual de pretender una negociación directa sin mediación alguna y la solución de las demandas comunitarias ha fracasado, es que ``llaman a un encuentro de las organizaciones y personas firmantes con el EZLN'', ``para analizar propuestas y llegar a acuerdos sobre la realización de la consulta, y además, para un intercambio de juicios, puntos de vista y alternativas posibles de solución al conflicto''. La iniciativa está elaborada no con el ánimo de que quienes la suscriben quieran ser intermediarios entre el gobierno y los zapatistas, ni porque piensen que representan al conjunto de la sociedad civil, sino porque ``ven en el proceso de Chiapas a una de las formas esenciales de reconstitución o creación de la democracia en México'', y porque creen que por esta vía se puede ``reabrir ese camino de la solución que es por naturaleza el diálogo''.

La incapacidad gubernamental para construir salidas negociadas para Chiapas es evidente. Lejos de facilitar una solución al conflicto, la presentación unilateral por parte del Ejecutivo de una iniciativa de reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígena ajena a los Acuerdos de San Andrés no hizo sino entramparlo aún más. La lucha por la sucesión presidencial ha hecho que el secretario de Gobernación, responsable de la negociación, esté neutralizado para llegar a acuerdos con los zapatistas.

Por si todo ello fuera poco, las declaraciones de Emilio Rabasa ante la resolución sobre la situación de los derechos humanos en México --aprobada el pasado 20 de agosto por la Subcomisión de las Naciones Unidas para la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías-- y acerca del el Informe Presidencial lo invalidan aún más como interlocutor del zapatismo. Si el funcionario de la Secretaría de Gobernación ve en una fuerte crítica al gobierno mexicano un ``llamado al EZLN'', y encuentra en el mensaje presidencial del 1 de septiembre, a contracorriente de lo señalado por su jefe Francisco Labastida, que no fue poco el espacio que Zedillo dio a Chiapas en su texto, o tiene graves dificultades para percibir la realidad o no tiene ningún empacho en emitir opiniones que no tienen nada que ver con los hechos. En estas condiciones ¿cómo negociar con él?

Ante la parálisis del diálogo y el fracaso de la estrategia gubernamental se requieren nuevas vías para buscar la paz. Una vez más, es la hora de la sociedad civil. El asunto es demasiado serio para dejarlo solamente en manos de quienes no quieren su solución sino la rendición de los rebeldes.