TERCER ROUND ENTRE TRABAJADORES DE LA EX RUTA 100

Fabiola Martínez y Bertha Teresa Ramírez Ť Por tercera ocasión, trabajadores de la extinta Ruta 100 se enfrentaron a golpes en disputa por el control de tres empresas de transporte y de la representación sindical de más de 700 empleados. La gresca de ayer, ocurrida frente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), dejó como saldo 27 personas lesionadas, cuatro detenidos y al menos 16 taxis dañados, por lo que fue necesaria la intervención de más de 200 granaderos para ``separar'' a los rijosos.

Los trabajadores fueron convocados por la JLCA para una reunión conciliatoria ante el emplazamiento de huelga en la empresa Sistema de Transportes de Taxis que promovió Leonel Villafuerte Zavala; al eventual paro se opone el grupo liderado por el asesor jurídico del sindicato, Ricardo Barco, al argumentar que, ``movidos por intereses oscuros'', los disidentes pretenden apropiarse de los consejos de administración de las tres empresas propiedad de trabajadores de la extinta Ruta 100.

Ante la próxima revisión de las concesiones de Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo, Autotransportes 17 de Marzo y Sistema de Transporte de Taxis -que operan en el oriente de la ciudad--, el gobierno capitalino advirtió que dichos permisos podrían ser cancelados por los constantes sucesos violentos, las pugnas por la administración de las unidades y la posible irregularidad en el servicio.

El director de Trabajo del gobierno del Distrito Federal, Manuel Fuentes, dijo que tras el primer suceso violento -12 de junio de este año-- se llamó a los grupos a una mesa de conciliación; sin embargo, ésta fue suspendida ``debido a los intereses sumamente opuestos de ambos grupos''.

En junio pasado, Villafuerte y un grupo de aproximadamente 500 trabajadores intentaron tomar las instalaciones del local del Sutaur ubicado en la colonia Agrícola Oriental, mientras que la segunda gresca ocurrió en agosto en la primera reunión frente a los tribunales laborales.

El enfrentamiento de ayer se inició alrededor de las 9:30 horas cuando un contingente de trabajadores bloqueó el tránsito vehicular en avenida Fray Servando y las calles Doctor Río de la Loza y Doctor Andrade, frente al tribunal laboral.

Dos horas después empezó la gresca en la que los trabajadores utilizaron para la agresión tubos, piedras, palos y botellas para impedir, en principio, que se realizara la audiencia. En la riña fueron dañados los vehículos del grupo representado por Barco, hechos de los que se presentó denuncia en la 50 agencia investigadora del Ministerio Público.

El conflicto interno

Tras el acuerdo político firmado con las autoridades del Distrito Federal, con el que se puso fin al conflicto generado por la declaratoria de quiebra de Ruta 100, este gremio empezó a dividirse en dos bandos, uno encabezado por Villafuerte Zavala y Arturo Fernández Arraz, este último titular del contrato colectivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de Autotransportes y Comunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana Constituyentes de 1917 -que aglutina a los 700 trabajadores-- y el otro identificado con el asesor jurídico Ricardo Barco.

En principio, Villafuerte exigió ante la Dirección de Trabajo del gobierno del Distrito Federal la realización de auditorías al argumentar irregularidades en la administración de las empresas y de los millonarios fideicomisos de operación, y solicitó un recuento para definir la titularidad de la representación sindical; sin embargo, semanas después se desistió de estos trámites e interpuso dos emplazamientos de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y uno más en la JLCA.

Fernando García, administrador del corporativo del transporte que constituyeron los trabajadores del Sutaur-100, dijo que las acciones de Villafuerte representan un ``autoemplazamiento'' porque los trabajadores son a la vez socios de las empresas y aseguró que ``intereses oscuros'' promueven la división del gremio.

Dijo que existen ``diversas evidencias'' de que Villafuerte es apoyado por ex funcionarios del gobierno del Distrito Federal, en la administración del ex regente Oscar Espinosa Villarreal, para desintegrar -por la vía de las pugnas internas-- los proyectos productivos de los ex trabajadores de Ruta 100.

Mientras tanto, está pendiente aún el cumplimiento definitivo del acuerdo político con el gobierno capitalino, mediante del pago de bienes inmuebles propiedad del Sutaur, el finiquito de más de 30 millones de pesos en efectivo y la concesión de la tercera empresa de autotransporte para dar empleo a más de 3 mil ex trabajadores de Ruta 100. Actualmente cuentan con dos empresas con 570 autobuses y el control de 500 taxis.