García Ramírez: la reforma anticrimen, una ilusión con este modelo económico

María Esther Ibarra Ť Mientras persista una sociedad injusta y no se modifique la política económica del país, ``son ilusiones legislativas'' las reformas enviadas por el Ejecutivo al Congreso de la Unión para combatir la delincuencia y el crimen organizado, afirmó Sergio García Ramírez, ex procurador general de la República.

En tanto que para Jorge Carpizo McGregor, también ex abogado de la nación, en gran parte el fracaso de las acciones contra la criminalidad se debe a la corrupción y a la impunidad de las instituciones y de los responsables de combatir la delincuencia.

García Ramírez subrayó que ``es más sencillo reformar la Constitución que modificar la economía, pero consideró que aunque las enmiendas a la carta magna son espectaculares, sus resultados no son tan efectivos.

Por ello, confió en que al reformar ``paulatina, juiciosa y prudentemente la política económica, probablemente obtendremos moderación en la tasa de crecimiento de la criminalidad''.

Al participar en la mesa Derechos Humanos, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, dentro del seminario ``La sociedad mexicana frente al nuevo milenio'', García Ramírez hizo un amplio examen de las distintas reformas hechas para frenar la delincuencia, las que -señaló- en algunos casos tuvieron aportaciones significativas, progresistas y convenientes, pero en general también ``por la premura dejaron un terreno sembrado de problemas''.

Así, refirió que el proyecto del Ejecutivo sobre la reforma constitucional -diciembre de 1997-, si bien justifica el rigor hacia los delincuentes mientras esté ajustado a derecho, ``me preocupa porque reduce drásticamente las garantías individuales y por el rigor en el trato en general de los ciudadanos por medio de los procedimientos penales''.

Y agregó el vocero de la Corriente Renovadora del PRI: ``No somos un país necesitado de suprimir garantías o reducirlas, por el contrario, necesitamos ampliar- las, actualizarlas y trasladarlas a la vida cotidiana, lo cual por cierto no es el camino que plantea la reforma del presidente de la República''.

Para García Ramírez el hecho de que esa propuesta estuviera varada durante casi diez meses, expresa la saludable preocupación que se despertó en los legisladores. ``Así lo interpreto porque es un proyecto reductor de garantías y pone en riesgo la libertad de los ciudadanos y no de los delincuentes''.

Insistió en que se deben hacer grandes reformas, pero no sólo en la estructura jurídica, sino también en la social, política, económica, y hasta moral, pues ``las modificaciones penales, por sí solas, no podrán contener la delincuencia''.

En tanto, para Carpizo McGregor es obvio que muchas políticas de justicia y contra la criminalidad -que ``ha aumentado en forma espantosa''- han fracasado e incluso se ``han dado pasos, que a veces han sido zancadas de gigante, hacia atrás por el cambio constante de procuradores y porque en muchas ocasiones ellos y sus colaboradores no eran las personas indicadas para esos cargos''.

Sin precisar quiénes o en qué momento, el también ex secretario de Gobernación atribuyó las deficiencias en la impartición de justicia a la ``corrupción y la impunidad de policías, agentes del Ministerio Público y jueces, y de sus jefes que los protegen y se benefician, a su vez, de sus vicios''.

Para mejorar la labor de las procuradurías de justicia, Carpizo McGregor dijo que ``no hay que descubrir el Mediterráneo para encontrar las respuestas'' y propuso nuevos puntos, entre ellos, el ``viejo principio de la zanahoria y el garrote'', es decir -explicó- ``estimular a los buenos elementos (policiacos) y castigar con la ley a quienes por desgracia cometen delitos''.

Carpizo expresó que es urgente se defina con claridad la relación jurídica de los cuerpos de seguridad con el Estado, porque de lo contrario ``se imposibilita la depuración de los cuadros internos de la Procuraduría y se lesiona gravemente el servicio civil de carrera''. Este último punto lo planteó com una de las vías para mejorar la labor de los agentes del ministerio público y de los policías.

Respecto de las enmiendas constitucionales en materia de justicia, Carpizo dijo que se reforme lo que se deba reformar, pero de manera cuidadosa. ``Nada que atente contra los derechos humanos, cuya defensa es ciento por ciento compatible con la procuración y administración de justicia''.

Asimismo, abundó, ``nada que atente contra la protección del ciudadano, de un sistema penal propio de un estado democrático de derecho, o que propicie la discrecionalidad y la arbitrariedad de los policías, de los agentes del Ministerio Pú- blico y de los jueces''.