Más allá del autismo político presidencial y de la irrelevancia de las declaraciones del secretario de Gobernación, no hay señal visible de voluntad política del gobierno federal para reanudar el diálogo de paz en Chiapas; sigue inamovible el desconocimiento gubernamental de los acuerdos suscritos en San Andrés Larráinzar; persiste, intacta, la red de grupos paramilitares que siembran el terror en las regiones de fuerte influencia política del EZLN; continúan impunes los autores intelectuales de la matanza de Acteal, perpetrada el 22 de diciembre pasado en el municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas, mientras fuerzas combinadas de policías y militares hacen presencia en más de 200 puntos geográficos de la entidad.

El riesgo siempre presente está en que el gobierno federal utilice a las fuerzas armadas para aniquilar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y destruir sus bases de apoyo. Para ello, no tendría más que aplicar fielmente el tomo II del Manual de Guerra Irregular, editado por el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 1995, y utilizado para adiestrar al personal militar mexicano en el arte de la ``contraguerrilla o restauración del orden''.

Con un tiraje de cinco mil ejemplares, el documento contiene párrafos idénticos al Manual de Operaciones Psicológicas, publicado por el Ejército de Estados Unidos en julio de 1987, que a su vez revisa y aumenta la primera versión publicada en agosto de 1979.

La doctrina militar mexicana contenida en el Manual de Guerra Irregular indica que ``toda operación de contraguerrilla tendrá como finalidad el exterminio de las fuerzas de traidores y enemigos a que van dirigidas''.

Establece dos etapas: una, el inicio de las operaciones en la que se restringe el uso del poder de fuego debido a ``consideraciones políticas, económicas y sociológicas'', y otra posterior en la que ``este poder puede ser empleado''.

La guerra irregular ``se conduce con unidades de personal militar, civil o militarizado en terreno propio para localizar, hostigar y destruir fuerzas integradas por el enemigo y traidores a la patria con operaciones militares''.

Hay razones fundadas para creer que el ``personal civil militarizado'' equivale a lo que conocemos como los grupos paramilitares que operan con uniformes y armas reservadas para el uso exclusivo de las fuerzas armadas.

En el informe más reciente del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, llamado The Military Balance 1997/98, se indica que las fuerzas armadas mexicanas cuentan con un total de 14 mil efectivos paramilitares organizados en las Milicias de Defensa Rural.

Mientras el manual considera que los mexicanos que tomen las armas en contra de las instituciones legalmente constituidas son ``rebeldes, transgresores de la ley y traidores de la patria'', asume que ``el personal militar, civil o militarizado que enfrente a las guerrillas, será tratado conforme a los acuerdos internacionales como beligerante, con tal de que porte uniforme o distintivo fijo y esté subordinado a sus jefes militares''.

Las premisas de la guerra irregular toman al personal civil militarizado como su medio fundamental:

``Está dirigido, entrenado y coordinado por el comandante militar del área''.

Apoya en retaguardias.

Sirve de informante, mediante recompensas u organizaciones secretas de información.

Sirve de guía de tropas, camuflado o uniformado como militares.

Según el referido manual, la población civil puede servir en la guerra irregular; el comandante (militar) del teatro de operación deberá emplear a la población civil para localizar, hostigar y destruir a las fuerzas enemigas. El control de la población civil dosifica la labor social, el racionamiento táctico de medicinas y víveres, el aislamiento de bases ocultas de apoyo, organiza comités, prohíbe reuniones, efectúa cateos crónicos, así como restricción de movimientos con verificación de identificación y eventualmente toques de queda.

La guerra psicológica irregular, instruye el manual, consiste en ``el empleo planteado de la propaganda, la contrapropaganda y otras medidas con el propósito de influir en las operaciones, emociones, actitudes y conductas de grupos amigos, neutrales u hostiles, de tal forma que ayuden a la obtención de los objetivos nacionales''.

Los medios psicológicos incluyen:

--La circulación de rumores.

--La propagación de noticias falsas en periódicos y otros medios.

--Una sistemática ``división y desorganización'' de comunidades con inducción de comportamientos para reducir o eliminar a los simpatizantes del enemigo.

--Medidas para obtener el apoyo de la población civil neutral.

--Los blindados.

--Vuelos y patrullaje constantes.

Varias de estas tácticas de guerra irregular parecen estar en plena aplicación en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, las entidades con mayor actividad guerrillera en el país. Sin voluntad pacificadora, el gobierno puede caer en la tentación de pasar a la segunda etapa de la guerra irregular: la del aniquilamiento de mandos y tropas zapatistas, así como de las comunidades y pueblos indígenas que los apoyan.

Debemos cerrar filas y evitar que el gobierno empuje a nuestras fuerzas armadas a una guerra de exterminio en Chiapas. Aún estamos a tiempo.