El señalamiento formulado ayer por Ricardo Monreal Avila durante su toma de posesión como gobernador de Zacatecas, en el sentido de que recibe el gobierno del estado en una situación financiera ruinosa --con un déficit de al menos 140 millones de pesos y deudas por casi 58 millones--, representa una señal de alerta que no debe pasar desapercibida, sobre todo si se considera que no es la primera vez que un mandatario surgido de la oposición hereda de sus antecesores priístas una administración estatal con elevados pasivos, algunos no plenamente justificados, y severas dificultades económicas.

Debe señalarse que en Zacatecas, como sucede en todo relevo democrático, la ciudadanía espera que su nuevo gobernante emprenda una serie de acciones de beneficio común y contribuya a resolver los graves problemas que aquejan a la sociedad en materia de empleo, seguridad pública, infraestructura básica, educación y salud. De igual modo, la sociedad exige a sus autoridades erradicar y, en su caso, castigar conforme a la ley las prácticas irregulares y corruptelas cometidas por servidores públicos, cualquiera que sea su jerarquía o el periodo en el que se desempeñaron.

El hecho de que Monreal comience su gestión con las arcas públicas vacías y con elevados compromisos económicos por saldar podría redundar en que, al menos en el corto plazo y mientras no se establezca un acuerdo con el gobierno federal para renegociar la deuda pública zacatecana, el Ejecutivo estatal vea limitados sus márgenes de maniobra. Por ello, resulta indispensable que, a la brevedad, se lleve a cabo una investigación para identificar las posibles irregularidades y malos manejos, se combata a fondo la corrupción en las oficinas públicas y se verifique si los recursos estatales fueron ejercidos de manera legal, efectiva y transparente.

En esta perspectiva, habría resultado adecuado que el jefe de gobierno de la ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas, hubiese hecho del conocimiento público, desde el principio de su mandato y con toda la amplitud, apertura y meticulosidad posibles, los faltantes, las irregularidades y los compromisos, legítimos o espurios, heredados de gobiernos anteriores. Como lo señaló ayer el líder de la bancada del PRD en la Asamblea Legislativa, Martí Batres, ningún gobierno podría resistir una evaluación como la que se ha hecho a la gestión de Cárdenas, pues no debe olvidarse que la gran mayoría de los problemas que enfrenta actualmente la capital del país tienen su origen en las desviaciones, los abusos, las prácticas clientelares, los privilegios y la deficiente administración pública acontecidos durante el periodo de la regencia.

Informar del estado en que un nuevo gobierno recibe la administración constituye una práctica sana y un deslinde necesario de responsabilidades. Una medida de esta naturaleza permite que los ciudadanos identifiquen las causas de los problemas y los rezagos existentes, juzguen con base en un panorama objetivo y transparente el desempeño de sus gobernantes, y evalúen los resultados de las tareas que éstos realizan en función de los medios y los recursos disponibles.