Los Tratados de Guadalupe Hidalgo de 1848 sellaron la anexión a
Estados Unidos del antiguo norte mexicano. Desde entonces, el gobierno
de México no sólo reconoció la nueva frontera, sino también aceptó el
divorcio entre la población mexicana que quedó en territorio
estadunidense y el achicado Estado mexicano del otro.
Para los mexicanos a quienes cruzó la frontera y para los migrantes, documentados o no, esto ha significado, entre otras cosas, una especie de orfandad nacional. En ninguno de los dos países se les ha reconocido la categoría de iguales: son ignorados en una sociedad y despreciados en la otra, y en ambas son víctimas de estereotipos y prejuicios.
La no política
Hasta hace relativamente poco tiempo -parafraseando a mi amigo Jesús Martínez Saldaña-, podríamos decir que el criterio de las instituciones mexicanas hacia los mexicanos en Estados Unidos fue la política de no tener política. Durante más de un siglo, el gobierno mexicano simplemente ignoró los problemas de los mexicanos en EU.
Varios estudiosos de los asuntos mexico-estadunidenses señalan que esa línea empezó a modificarse desde finales de los sesentas. Durante el movimiento chicano, por ejemplo, se tejieron tenues relaciones, principalmente entre líderes chicanos y funcionarios mexicanos.
A mediados de los ochentas el gobierno mexicano inició el Programa de Apoyo a las Comunidades Mexicanas en el Exterior (PACME), por medio del cual se realizaron actividades artísticas, educativas y culturales, siempre privilegiando el trato con los clubes de oriundos.
El PACME, iniciado en el sexenio de Miguel de la Madrid, sobrevivió en el sexenio de Carlos Salinas, quien además lo completó con el programa Solidaridad Internacional (una versión del Pronasol). Con estos programas y otras actividades, el gobierno mexicano trató de cooptar a los clubes de oriundos, vía los consulados, a fin de corporativizar sus organizaciones y capitalizar políticamente el apoyo de esos clubes a las comunidades de origen de sus miembros.
El 88 y el TLC
Dos momentos fueron claves para una relación más estrecha y diversificada entre los mexicanos de ambos lados de la frontera: la campaña electoral cardenista de 1988 y el debate sobre el Tratado de Libre Comercio.
La campaña del 88 mostró, de manera más o menos sorpresiva, las sensibles articulaciones políticas que existían sin expresión tangible entre los mexicanos de ambos lados de la frontera, al margen de sus representaciones institucionalizadas.
En 1992, el TLC dividió a las sociedades nacionales, pero tanto quienes lo apoyaban como quienes se oponían a él, cruzaron frecuentemente la frontera. El intercambio de personalidades y delegaciones gubernamentales y no gubernamentales reventó todo esquema previsible. Algunas de las relaciones resultantes sobreviven hasta hoy (UE-FAT, STRM-CWA, CTM-FLOC).
Los puntos aquí referidos son tan sólo una muestra de la ruta más reciente de las relaciones entre mexicanos de ambos lados de la frontera: inexistentes durante un largo tiempo, tímidas después, intencionales, finalmente numerosas y desordenadas.
En 1995 inició un proceso de debate y reformas legislativas sobre la idea de la doble nacionalidad, que culminó con la entrada en vigor, en marzo del presente año, de una ley sobre la no pérdida de la nacionalidad mexicana.
En 1996 se modificaron la Constitución y la legislación electoral para abrir paso a la posibilidad del voto de los mexicanos en el extranjero. Tanto la doble nacionalidad como el voto en el extranjero tienen como destinatarios principales a los mexicanos que viven en EU y representan el clímax de la relación política entre los conciudadanos de ambos lados.
El hecho de que el Ejecutivo y los legisladores decidieran tocar la Constitución para introducir la figura de la doble nacionalidad y la posibilidad del voto, habla de cambios profundos en la percepción que el gobierno de México tenía de los mexicanos en EU.
Una demanda antigua
El voto de los mexicanos residentes en EU no es ninguna excentricidad impracticable. Actualmente los ciudadanos de más de 40 naciones pueden ejercer su derecho a sufragar fuera de sus países.
La demanda es ya septuagenaria, pero curiosamente fue a partir de la campaña de 1988 cuando revivió con fuerza y comenzó a tener eco en los medios de difusión mexicanos.
El voto es una demanda popular muy sentida en EU, apoyada por simpatizantes de todos los partidos mexicanos. Nunca fue, como se pretendió presentar, una ``estrategia de la oposición'' para avergonzar al gobierno mexicano.
La popularidad de la demanda y la pluralidad de los demandantes quedaron ampliamente acreditadas en las elecciones paralelas que grupos de ciudadanos realizaron en julio de 1994, en tres estados de los EU y otros lugares del mundo. Los miles de participantes repartieron sus votos entre todos los partidos registrados.
La parte legal
El argumento jurídico más socorrido para oponerse fue que no era posible ejercer el voto, porque el texto del artículo 36 de la Constitución, referente a las obligaciones del ciudadano de la República, establecía en su fracción III que una de ellas era: ``Votar en las elecciones populares en el distrito electoral que le corresponda''.
Y como México nunca ha tenido distrito electoral alguno fuera del país, simplemente no existía ninguna posibilidad de que los mexicanos pudiesen votar en el extranjero.
La mejor prueba de lo falaz de esa interpretación es que en elecciones federales mexicanas cualquier ciudadano puede sufragar fuera ``del distrito electoral que le corresponda'', como sucede con los votos para diputados plurinominales y presidente de la República. Algo similar ocurre en cualquier comicio estatal para diputados plurinominales y gobernador. Las llamadas ``casillas especiales'' se inventaron precisamente para recoger el voto de quienes el día de la elección se encontraran fuera de su distrito electoral.
Para quienes, por razones de aritmética electoral, se oponían al voto
desde el extranjero, resultaba más cómodo echarle la culpa a la
Constitución que expresar sus propios temores.
A pesar de lo engañosa, esta interpretación prevaleció. En consecuencia, la batalla tenía que pasar primero por la modificación del artículo 36 constitucional.
Esa modificación ocurrió. Su reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996. A partir de entonces, la fracción III del 36 constitucional se lee así: ``Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley''.
Se entendería que el problema había quedado resuelto. Pero no fue así de sencillo.
Algo que fue percibido como una especie de subproducto de la campaña por el voto fue la reforma constitucional para la ``no pérdida de la nacionalidad mexicana'', como oficialmente se le designa, o ``doble nacionalidad'', como popularmente se le conoce. Lo cierto es que la doble nacionalidad y el voto en el extranjero son asuntos totalmente diferentes, con beneficiarios potenciales distintos. Habría que aclarar que mientras la primera iniciativa fue impulsada desde el Estado, la segunda fue una demandada de la sociedad civil.
Nacionalidad y ciudadanía
Parte de las suspicacias que existen contra el voto en el extranjero se deben a la confusión entre ``nacionalidad'' y ``ciudadanía'' mexicanas. Explicar la distinción que la Constitución mexicana hace de ambas nociones podría ser material para un tratado completo, pero si fuera útil una explicación breve ésta sería: a la ``nacionalidad'' corresponden los derechos económicos y sociales, por ejemplo, al empleo y a la propiedad en costas y fronteras; mientras que a la ``ciudadanía'' corresponden los derechos políticos, por ejemplo, a votar y ser votado.
Los mexicanos en el extranjero no están reclamando derechos a la propiedad ni al empleo, porque precisamente la falta de ello fue el motivo original de su emigración. Que ahora se les reconozcan tales derechos, así sea en la Constitución, no creará en México ni los empleos ni los recursos necesarios para que puedan comprarse propiedades playeras.
Según quienes proponen la ``doble nacionalidad'', ésta serviría para ayudar indirectamente a que los mexicanos en EU puedan protegerse de leyes estilo la 187. En la lógica de esos promotores, la ``doble nacionalidad'' contribuiría a que los mexicanos en Estados Unidos optaran por la ciudadanía estadunidense para votar en contra y ponerse a salvo de legislaciones antiinmigrantes. La intención es positiva, pero sucede que los inmigrantes indocumentados, que son las principales víctimas de esas leyes xenófobas, no pueden solicitar la ciudadanía estadunidense, y por lo tanto no pueden acogerse a la ``doble nacionalidad''.
La ``doble nacionalidad'' es, en el fondo, un coqueteo del gobierno mexicano con dedicatoria especial a los ciudadanos estadunidenses de origen mexicano, con la esperanza de que algún día regresen a México y gasten sus dólares ahorrados.
A diferencia del concepto de doble nacionalidad, que atribuye derechos a los mexicanos de nacimiento que se naturalizan en el extranjero, el derecho al voto desde otro país sólo beneficiaría a los ciudadanos mexicanos que, aunque residan fuera de México, no han adoptado ciudadanía distinta a la original.
Los especialistas
Decíamos que las reformas de 1996 dejaron en muchos la impresión de que el derecho al sufragio para los ciudadanos mexicanos en el extranjero había quedado resuelto. Pero nadie pareció darle importancia a la falta de reglamentación secundaria.
El Cofipe también fue reformado y se le agregó el artículo octavo transitorio, el cual establece que el Instituto Federal Electoral debe designar una comisión de especialistas para proponer las reformas legales necesarias para el voto desde el extranjero, ``una vez que se encuentre integrado y en operación el Registro Nacional Ciudadano y se hayan expedido las cédulas de identidad ciudadana''.
Pues resulta que terminó 1996 y transcurrió todo 1997, pero ni el IFE, ni los partidos políticos, ni los legisladores, hicieron nada al respecto. Esta especie de ataque de amnesia colectiva ponía seriamente en peligro el voto desde el extranjero para el año 2000.
La delegación de mexicanos en EU
En Estados Unidos, a finales del año pasado, vía correo electrónico, un grupo de antiguos activistas retomaron la discusión. Convencidos de que el ejercicio de ese derecho corría el peligro de esfumarse, acordaron integrar una delegación de mexicanos residentes en Estados Unidos para ir a la ciudad de México a entrevistarse principalmente con las autoridades electorales.
La delegación, integrada por una veintena de personas procedentes de California, Illinois, Iowa y Texas visitó México del 19 al 21 de febrero. La delegación se reunió con el IFE, legisladores del PRD y del PRI, organizaciones no gubernamentales y académicos.
La delegación hizo varias propuestas a los funcionarios del IFE: a) Integrar de inmediato la Comisión de Especialistas, mencionada en el artículo octavo transitorio del Cofipe; b) incluir mexicanos residentes en Estados Unidos como integrantes de la Comisión de Especialistas, y c) realizar consultas públicas sobre el voto en Estados Unidos.
El IFE sólo se comprometió a formar ``en breve'' la Comisión de Especialistas sin definir la fecha exacta. En las reuniones con legisladores del PRD y del PRI recibieron declaraciones de apoyo a la gestión. Los medios de difusión, tanto en México como en Estados Unidos, dieron una cobertura formidable a las actividades de la delegación, antes, durante y después de sus reuniones en México. Antes de regresar a Estados Unidos, la delegación, junto con académicos y organizaciones no gubernamentales presentes en la reunión de balance, decidieron integrar la Coalición de Mexicanos en el Exterior, Nuestro Voto en el 2000.
La coalición envió una segunda delegación a México con motivo de la entrada en vigor de la ley de ``doble nacionalidad'' (21 de marzo). En esta ocasión tuvo otra reunión más informal en el IFE, volvió a reunirse con dirigentes y legisladores del PRD y, por primera vez, con dirigentes y legisladores del PAN.
La coalición había preparado también una propuesta de puntos de acuerdo legislativo para que la Cámara de Diputados integrara una comisión especial que diera seguimiento al asunto del voto. La delegación venía a cabildear para la aprobación de ese proyecto.
La segunda delegación fue todo un éxito. Llamó la atención de los
medios y obtuvo respaldos importantes del PAN y del PRD. El punto de
acuerdo que propuso fue aprobado por la Cámara el 31 de marzo.
El 29 de abril, en la sesión del Consejo General del IFE se aprobó la integración de la Comisión de Especialistas, la cual se instaló el 12 de mayo. A partir de ese día cuenta con un plazo máximo de seis meses para presentar los resultados de sus estudios.
En la misma sesión del 29 de abril, José Woldenberg, consejero presidente del IFE, informó que la Secretaría de Gobernación (SG) le había comunicado que el Registro Nacional Ciudadano (Renaci) no estará listo antes de las elecciones del año 2000.
Unos días después comparecieron ante la Cámara funcionarios del IFE y de la SG. Ahí todos parecieron coincidir que el Renaci es la condición previa para que se otorgue el voto en el extranjero.
El reconocimiento oficial de que el registro no estará listo es muy importante, porque da pie a una lectura restriccionista del octavo transitorio del Cofipe: se entendería que si no hay Renaci no puede haber voto en el extranjero. Esta, por ejemplo, es la posición original del presidente del IFE. Otra lectura, del consejero del IFE Juan Molinar Horcasitas, es que se tendría que buscar otro mecanismo
Es necesario insistir: no está a discusión si los mexicanos en el extranjero tienen derecho a votar o no. Este punto quedó resuelto en 1996, con la reforma apoyada por los cinco partidos. Lo que está a discusión ahora son los mecanismos para ejercer ese derecho. La decisión se tendrá que tomar sobre los resultados de los trabajos de la Comisión de Especialistas, que serán entregados a más tardar el 12 de noviembre próximo.
Los mecanismos para el voto se deberán establecer en la ley reglamentaria, que debe ser aprobada por el Congreso de la Unión.
Las resistencias
Hasta ahora ningún partido se ha expresado en contra de que el voto de los mexicanos se manifieste por primera vez en la próxima elección presidencial. Pero hemos percibido que, de manera extraoficial, son funcionarios del Ejecutivo quienes circulan sus objeciones. Tomando en cuenta que, en el pasado, el PRI ha estado en contra, no sabemos cuál será su postura definitiva. La hora de mostrar las últimas cartas no ha llegado.
Es un debate a muchas voces.
La posibilidad de que los mexicanos residentes en el extranjero -particularmente en Estados Unidos, donde están el 95% de ellos-, voten en el año 2000, ha desatado los argumentos y las cifras.
¿Los votos de los mexicanos podrían decidir la elección presidencial? Pocos lo creen, porque aun los cálculos optimistas señalan que, del otro lado de la frontera, acudirían a las urnas menos de 2 millones de electores.
¿Estamos en la víspera de una elección cerrada que multiplica el valor de esos votos?
Los polemistas de las últimas semanas no quieren presentarlo así: sus argumentos van de la necesidad de reconocer un derecho negado históricamente a la invocación del fantasma de los riesgos para la soberanía nacional mexicana.
El tema, por el momento, está en manos de una Comisión de Especialistas que entregará resultados la segunda semana de noviembre. Entonces la pelota pasará al Congreso de la Unión.
Disminuido por asuntos acaso más urgentes, el tema no ha desaparecido de la agenda.
Si los argumentos de los juristas no sonaran convincentes, siempre queda el recurso del alto costo económico. El dato lo puso, durante la glosa del informe presidencial, el secretario de Gobernación, Francisco Labastida: ''Muy probablemente, dijo frente al pleno de diputados, la organización de las elecciones en el exterior requiriría recursos del orden de los mil millones de dólares. Es una estimación preliminar...''
La cifra cayó en un terreno abonado por un alud de pronunciamientos en contra, como los de los ex abogados de la Nación Diego Valadés y Jorge Carpizo, quienes hicieron un listado de los ``riesgos'': ``La cuestión del voto de los mexicanos en el extranjero pudiera ser el comienzo para México de un proceso político similar al que ha ocurrido en Puerto Rico'', escribió Carpizo en un artículo de Nexos.
Otros actores también participan en la batalla.
La Secretaría de Relaciones Exteriores ha informado oficialmente que, en el corto plazo, no puede colaborar en la elaboración de un listado electoral. Los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) están divididos sobre el asunto y algunos pidieron que Francisco Labastida informe cómo calculó los mil millones de dólares. En la Cámara baja, los diputados afilan sus armas en espera del informe de los especialistas.
Mientras esto sucede en México, en Estados Unidos (EU) se fortalecen los esfuerzos organizativos de los mexicanos que quieren votar. ``¡Nunca más un México sin nosotros!'', retoma la consigna indígena el desplegado de plana entera publicado el jueves por el Consejo Electoral Mexicano del edio Oeste en este diario.
El coro parece atorar aún más el enredo político-técnico-jurídico.
En medio del barullo, aparecieron las voces de especialistas foráneos, provenientes de países cuyos ciudadanos ya han votado fuera de sus fronteras. Con matices, su conclusión es una:
La limpieza del proceso y la credibilidad de las autoridades electorales no sería menoscabada, a menos de que se incurrieran en errores u omisiones en la reglamentación del proceso y la acreditación de los posibles votantes.
A dos meses de la entrega de su informe final, la Comisión de Especialistas, o al menos algunos de sus integrantes, han hecho suyos los temores de los oponentes a la idea del voto en el extranjero.
En el marco de la Conferencia Trilateral Canadá-EU-México, efectuada en la ciudad de México hace diez días, los especialistas mostraron sus desconfianzas.
Masiosare conoció del desarrollo de la charla privada e ``informal'' y, con las notas de algunos asistentes, pudo reconstruir los diálogos. Las versiones coinciden:
Los mexicanos radicados en el extranjero no se harían acreedores a sanciones o penalidades si acudieran a votar.
No hay conflicto de intereses para quienes cuentan con la doble nacionalidad, pues los criterios que la rigen no abarcan los aspectos electorales.
En EU, el riesgo de actitudes revanchistas contra los mexicanos que
voten ``es mínimo''.
No existirían problemas legales o diplomáticos si el gobierno mexicano quisiera firmar acuerdos de cooperación para organizar elecciones en otras naciones.
La acreditación consular para los funcionarios electorales que viajaran al exterior sería casi inmediata. Y para los dirigentes políticos o candidatos que acudieran a realizar campañas tampoco habría restricciones mayores (de hecho, desde hace varios años candidatos a gobernadores e incluso presidenciales han visitado diversos lugares de EU).
La Conferencia Trilateral fue auspiciada por el IFE, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Participaron especialistas de varios países, de organizaciones no gubernamentales y ponentes invitados.
Una de las sesiones fue una ``reunión privada'', en el salón B del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la tarde del miércoles 2.
Ahí estuvieron especialistas como Richard Soudriette, del IFES; Jean-Pierre Kingsley, director general de Elecciones de Canadá; Henry Valentino, ex director del Programa Federal de Elecciones de Estados Unidos, y Jorge Alberto Díaz, presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador.
Además, Luis Zavala, asesor principal de la oficina de Procesos Electorales de Perú; Augusto Arzubiaga, cónsul de Perú en Washington; Constance Kaplan, de la Junta de Comisionados Electorales de Chicago; Tony Surviello, administrador electoral de Harris County, en Houston.
También Scott Wiedmann, subdirector del Programa Federal de Asistencia para el Voto en los Estados Unidos; Conny McCormack, registradora de votantes de Los Angeles County; George Jones y Patricio Guajardo, del IFES; Carol Lesage, director de Operaciones de Elecciones de Canadá; France Demianenko, directora adjunta de Servicios Internacionales de Elecciones de Canadá.
Por la parte mexicana: Alberto Székely, Olga pellicer, Rodolfo Tuirán, Víctor García Moreno, Rodolfo Corona, Rodrigo Morales y Gustavo Verduzco, todos ellos de la Comisión de Especialistas.
Incluso, hubo un representante del Instituto Federal Electoral, el ``consultor'' Manuel Carillo Poblano.
La charla inició con breves intervenciones de los encargados de las subcomisiones técnicas que detallaron sus actividades realizadas.
Luego vino una ``lluvia de ideas'' de 90 minutos durante los cuales los mexicanos plantearon dudas que los extranjeros respondieron ampliamente.
Alberto Székely preguntó si existe alguna restricción o sanción contra los residentes que participen en procesos electorales de otros países.
Jean-Pierre Kingsley, de Canadá, explicó que para votar en una elección federal o en un referéndum, se debe cumplir sólo con el requisito de ser ciudadano, por lo que no habría sanción para alguien que contara con la nacionalidad mexicana al mismo tiempo.
George Jones dijo que para los ciudadanos o los residentes en EU tampoco existe ninguna restricción o penalidad.
El peruano Augusto Arzubiaga dijo, por su parte, que sus compatriotas, aun siendo indocumentados, han podido participar en elecciones locales, sin menoscabo de su calidad migratoria.
La plática, recuerdan los asistentes, se ancló en un tema planteado por Olga Pellicer, quien aludió a un artículo reciente de The Washington Post (5 de junio) donde se alertaba sobre la ``doble lealtad'' que podrían tener los mexicanos nacionalizados estadunidenses si se abre la puerta para que voten en el 2000.
La ex embajadora expresó su temor de que se dieran actitudes de rechazo a los migrantes mexicanos y se ahondaran los sentimientos antimexicanos en EU.
Los especialistas foráneos descartaron la posibilidad. Henry Valentino aceptó que sólo podrían ocurrir fenómenos de ese tipo en comunidades fronterizas, mientras que Richard Soudriette refirió el ejemplo del actual presidente de Lituania, electo pese a que salió de su país hacia EU cuando tenía cinco años y ni siquiera habla bien su lengua materna, pero que mantuvo su interés por las cuestiones políticas de su país.
Las fuentes consultadas recuerdan que la posición del peruano Luis Zavala fue directa: ``¿Cómo se aborda el tema de la doble nacionalidad? Parte de un sofisma. Eso de la doble lealtad es un absurdoÉ''
Los especialistas nacionales y extranjeros pasaron al punto de los convenios internacionales para que un país organice elecciones en territorio extranjero.
Después de una decena de intervenciones -refieren- Pellicer preguntó sobre los arreglos con las autoridades locales para la instalación de los sitios receptores de la votación.
Arzubiaga respondió que en el caso de EU no es necesario suscribir un acuerdo explícito. Podría pactarse uno consensual, en sentido recíproco. Detalló que los acuerdos serían con las autoridades locales, pero alertó que la mayoría de los consulados no tiene la capacidad de recibir a los votantes, por lo que es común que se alquilen locales.
Pellicer siguió en la línea y quiso que le hablaran de las las visas que se otorgarían a los funcionarios electorales.
Nuevamente, Arzubiaga salió al paso. Informó que una visa solicitada a través de una nota diplomática jamás es rechazada por el gobierno estadunidense.
Los especialistas mexicanos también pidieron información sobre la renta de locales y sillas y dejaron al final el asunto de las campañas electorales.
Henry Valentino señaló que en Estados Unidos se han organizado las campañas por las oficinas federales, a través de diferentes medios. Y que los partidos nacionales, Demócrata y Republicano, cuentan con filiales en casi todos los países donde hay residentes estadunidenses.
En el caso de los representantes de los partidos o de los candidatos -que eventualmente requerirían de una visa- se percibió algún problema. La recomendación fue de que el tema debía ser ser tratado en conversaciones informales entre la Embajada y la SRE.
Conforme se acerca la fecha en que la Comisión de Especialistas ofrecerá resultados, arrecia la publicación de opiniones contrarias.
Algunas importantes han provenido de ex funcionarios federales. El primero fue el ex procurador Diego Valadés, en un artículo publicado en Excélsior en mayo. Luego, el ex secretario de Gobernación, Jorge Carpizo Mcgregor, con un ensayo en la revista Nexos.
En el debate han comenzado a participar funcionarios federales y de los órganos electorales. Y al mismo tiempo, se han dado expresiones oficiales, enfocadas principalmente a los problemas logísticos.
El primer ``golpe'' institucional se dio casi al mismo tiempo de la
aparición del artículo de Valadés, a través de un oficio que el
secretario Labastida envió a José Woldenberg, para informarle que la
Cédula de Identidad Ciudana no podría estar lista en el corto
plazo.
El 5 de junio, el senador priísta Eduardo Andrade, presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, planteó la posibilidad de que ese órgano legislativo elabore un proyecto de ley que permita votar a los mexicanos en el extranjero.
La Cámara alta -juzgó- debe asumir un papel central en la discusión. Y anunció el inicio de varios foros de consulta sobre el tema, que tendrían como sede las entidades del país consideradas como principales expulsoras de migrantes.
El movimiento de Andrade fue inusual porque, en general, dirigentes y legisladores priístas han permanecido callados respecto al tema.
Algunos vieron la jugada de Andrade como una respuesta del PRI al PRD que, a través del diputado Lázaro Cárdenas Batel, presentó una iniciativa de reforma, que casi inmediatamente fue ``retirada'', pues los perredistas se dieron cuanta que debían esperar el dictámen de los especialistas.
Uno de los últimos golpes lo asestó la embajadora Rosario Green, quien remitió a Woldenberg -el 17 de agosto- el oficio SPR-01323, en respuesta a varios requerimientos de ``informaciones precisas'' por parte del IFE.
En lo relativo al registro de los ciudadanos mexicanos por consulados y embajadas de México en el extranjero, Green expuso: ``La matrícula consular no puede considerarse como un documento que compruebe plenamente la nacionalidad del titular''.
El oficio de la Cancillería contiene una docena de argumentos oficiales que invalidan a la matrícula consular no sólo como documento electoral, sino incluso como registro poblacional.
Entre los argumentos se dice que el documento no es ``prueba plena de nacionalidad mexicana''; que se han expedido sólo 3 millones 500 mil matrículas consulares; que se desconoce con precisión qué porcentaje está vigente; que la SRE no cuenta con un registro de mexicanos actualizado ni confiable; que no se puede ofrecer como base para el Registro Nacional de Población.
Curiosamente, el oficio fue recibido en la oficina de Woldenberg nueve días después de expedido.
Glosa del cuarto informe presidencial. El diputado Felipe Urbiola Ledesma, del PAN, recordó a Francisco Labastida que no se han puesto en marcha las medidas administrativas para hacer posible el voto de los mexicanos en el extranjero.
El titular de la Segob argumentó que la Cédula de Identidad no estará lista en el corto plazo porque 10% de las actas de nacimiento registradas en el país tienen inconsistencias y un 5% por ciento de la población ni siquiera tiene ese documento.
La Segob, dijo también, tendría la cédula lista para el 2002, pero sólo en caso de que el Congreso le asignara 6 mil millones de pesos.
En su réplica, el panista recordó que la constitución del Registro Nacional Ciudadano inició hace 20 años y remató: ``Creo que lo que ha faltado tiene un solo nombre y se llama voluntad''.
El diputado Victorio Montalvo Rojas, del PRD, cuestionó: ``¿Cuándo les daremos la oportunidad de compartir las decisiones políticas de su patria? ¿Está el Ejecutivo dispuesto a hacer factible el voto de los mexicanos en el extranjero en condiciones de confiabilidad?
Fue en esa sesión de glosa del informe que el secretario Labastida habló de su ``estimación'' de mil millones de dólares.
El miércoles 9, dos de los principales exponentes de las corrientes que polemizan sobre el voto de los mexicanos migrantes se encontraron.
Fue un ``debate electrónico'' entre Jorge Carpizo y el consejero del IFE Emilio Zebadúa, en el noticiero del periodista Ricardo Rocha.
Zebadúa estuvo en el estudio, mientras Carpizo respondía desde su casa a las preguntas del conductor.
El ex secretario de Gobernación profundizó en sus argumentaciones en contra de una reforma constitucional.
``No es el 2000, ni es el 2006 ni el 2012. Mi preocupación es que México vaya a perder una gran parte de sus facultades de decisiones políticas''.
Se fue al ejemplo:
``Supongamos que hay cinco candidatos presidenciales y cuatro están para que no se vaya a canbiar la Constitución y Pemex siga siendo una columna vertebral, pero un quinto candidato dice en su campaña `voy a privatizar Pemex'. Eso han querido intereses norteamericanos y europeos. Entonces todo el poderío económico y políticos de grupos en Estados Unidos, a tratar de que esos siete millones de mexicanos, a convencerlos''.
El ex secretario de Gobernación descalificó las experiencias de otros países, porque ``en la vida no hay recetas'' y porque en otros casos la decisión de los electores fuera de las fronteras no influye en quién va a ganar la presidencia, cosa que sí puede suceder en el caso mexicano.
En tanto, Zebadúa insistió en que no está a discusión que los connacionales que viven en el extranjero son ciudadanos que gozan de sus derechos político-electorales: ``¿Cómo va a influir en la elección presidencial este grueso de votantes? No es posible saberlo y nadie ha hecho un estudio al respecto. Se especula que el voto de los mexicanos en el extranjero sería determinante. No sabemos cómo y en qué número van a votar... No podemos especular a partir de un resultado posible entre muchos''.
Entre ambos, sólo hubo una coincidencia: hay que debatir el tema antes de que se llegue a una decisión en el Congreso.
Radioescucha, el ex diputado Cuauhtémoc Sandoval, encargado de la Secretaría de Relaciones Internacionales del CEN del PRD, intentó llamar a Detrás de la noticia para rebatir a Carpizo. Su llamada no pasó al aire.
Un día despúes, comenta lo que le quiso decir al ex secretario de Gobernación:
``Es increíble que haya puesto el ejemplo de Pemex, cuando todos sabemos que quienes imaginan a esa paraestatal en manos extranjeras son políticos del sexenio al que él sirvió''.
El perredista lo ve como una suerte de vocero del sistema, que ``teme mucho que los votos de los mexicanos en Estados Unidos le den la vuelta a la elección del 2000''.
Sandoval trae a cuento algunas de las objeciones más socorridas. Dice que habría que negociar con EU el asunto migratorio, para evitar que la amenaza de redadas de indocumentados pudiera inhibir la participación de los electores. En cuanto a la organización de los comicios, sostiene que el personal de la embajada y los consulados mexicanos no debe participar porque se trata de gente ``100% priísta'' y ``sería retroceder en la ciudadanización de los órganos electorales''.
Mientras el asunto se resuelve, el activismo de los partidos políticos en el vecino del norte va en aumento. El PRD ya instaló una comisión -a cargo de Cuauhtémoc Cárdenas Batel- para promover el voto en el exterior y cuenta ya con comités partidistas en 30 estados de la Unión Americana.
El PRI también ya comenzó a formar comités de amigos que promueve directamente el diputado Alfredo Phillips Olmedo, con la participación de funcionarios consulares como Heriberto Galindo Ochoa.
Por el lado del PAN, Vicente Fox ya tiene oficinas en Dallas, Chicago y Nueva York, a través de las cuales opera en su doble calidad de gobernador de Guanajuato y precandidato a la presidencia de la República.
Sí influiría en el 2000
México podría ser el primer país donde el voto de los nacionales en el extranjero pudiera tener un efecto concreto en el resultado de la elección presidencial.
Daniel Zovatto, consultor del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA).
La coraza de la soberanía
En el IFE debemos ser inmunes a ciertos mensajes temerosos que sobre supuestas injerencias externas se han expresado, aunque vengan bien envueltos en la confortable coraza de una supuesta defensa de la soberanía nacional.
Juan Molinar Horcasitas, consejero electoral del IFE.
No se precipiten
Sería muy riesgoso que por una decisión precipitada se volviera a empañar la claridad en los procesos electorales. Creo que los tiempos hay que tomarlos muy en consideración.
José Luis de la Peza, presidente del Tribunal del Poder Judicial de la Federación.
Trabajosamente
Queremos proteger la confianza electoral que tan trabajosamente hemos construido en los últimos años.
osé Woldenberg, presidente consejero del Instituto Federal Electoral.
México, tan lejos
Los Estados que extienden el derecho de voto a los ciudadanos ausentes no tienen frontera con el país más poderoso y ambicioso del orbe, ni una población emigrante de tantos millones como la nuestra.
Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Socio asociado en sociedad
...El triunfo en una elección presidencial la podrían otorgar los votos de los mexicanos que residen en Estados Unidos.
La cuestión del voto de los mexicanos en el extranjero pudiera ser el comienzo para México de un proceso político similar al que ha ocurrido en Puerto Rico.
Jorge Carpizo, ex procurador general de la República.
Una lana
México pasa por una transición democrática de la cual los mexicanos que vivimos en el extranjero no debemos ser excluidos, pues representamos el tercer segmento más importante para la economía mexicana al aportar seis mil millones de dólares anuales con nuestro esfuerzo en los campos y las fábricas de Estados Unidos.
Consejo Electoral Mexicano del Medio Oeste
Ilusión
Las autoridades pierden tiempo y confunden a la opinión pública de manera deliberada, a fin de crear la ilusión de que empadronar a varios millones de ciudadanos mexicanos residentes en el exterior y después llevarlos a las urnas es impráctico y hasta peligroso.
Porfirio Muñoz Ledo, coordinador de los diputados del PRD.
El secretario de Gobernación, Francisco Labastida, cuenta con una ``estimación preliminar'': el voto de los mexicanos en el exterior costaría mil millones de dólares.
Esto significa que si todos los potenciales electores ejercieran su derecho cada voto costaría mil 428 dólares en el 2000, es decir, casi 15 mil 500 pesos al tipo de cambio alcanzado esta semana.
Más de 45 países cuentan con legislaciones sobre el voto de sus
ciudadanos residentes en el extranjero.
Argentina, Canadá, Brasil, Perú, Colombia y Venezuela tienen registros de residentes en el exterior. El Reino Unido (RU) y Francia registran a los inmigrantes en las circunscripciones donde radiquen sus parientes en primer grado. Noruega es un caso especial, pues sólo basta con aparecer en el Registro de Población para votar.
Los países con voto en el extranjero, permiten a su ciudadanos participar en elecciones presidenciales o de Primer Ministro. Además, en la mitad, se puede votar por diputados federales y senadores. En pocos (EU, Canadá, Israel, Dinamarca y España) es posible participar en elecciones locales y hasta municipales.
Para sufragar se aplican tres modalidades: por correo (Alemania, Canadá); con la instalación de casillas (Polonia, Venezuela, Argentina, Brasil, Colombia, Dinamarca, Noruega, Perú, Rusia, Israel); con la asistencia a delegaciones consulares (RU, Francia). Hay países como Estados Unidos, Nueva Zelanda y Holanda que cubren las tres posibilidades y en algunos casos ya se puede votar vía internet.
El material electoral es idéntico al utilizado en el país y las autoridades lo remiten a los votantes o los consulados.
El documento más utilizado es la cédula de identidad. Algunos países aceptan el pasaporte e incluso cualquier otro documento que pruebe la ciudadanía.
Perú acepta una cartilla ciudadana como el único título válido. Los estadunidenses deben presentar una Tarjeta Postal Federal o la Papeleta Federal de Ausencia.
Los rusos pueden votar en el extranjero con cualquier identificación, aun si no están previamente inscritos en el padrón de electores.
De los países americanos, nueve cuentan con legislaciones explícitas: Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Perú y República Dominicana.
En 1999 Venezuela e Italia tendrán votantes en el exterior por primera vez en su historia. Otros -Chile, Bolivia y Paraguay- están en la misma situación que México: todavía no reglamentan el voto en el exterior.
Casi en todos los casos, los índices de inscripción en el padrón de votantes y de participación comicial de los residentes foráneos son bajos. En Argentina, los votos generados en el exterior representaron 0.01% de la votación general, 0.3% en Colombia y 0.2% en Dinamarca.
En la última votación en Canadá, los canadienses que votaron en el extranjero no llegaron a 16 mil 500.
En 1996, un referéndum organizado a la carrera llevó a poco más de 700 mil ciudadanos argelinos residentes en Estados Unidos a las urnas.
Fue -consideran los especialistas- un caso extraordinario, pero demostrativo de que grandes comunidades inmigrantes pueden acudir a ejercicios electorales en consulados o embajadas.
Hay más casos.
En 1993, los eritrenses fueron llamados por sus autoridades para manifestarse sobre la declaratoria de independencia de Etiopía. Los ciudadanos de ese país residentes en Estados Unidos y Canadá -unos 11,000- pudieron votar en el referéndum. Desde çfrica, se remitieron las boletas y las listas de electores a estaciones de voto en todo el mundo.
Un año después, las autoridades sudafricanas -abolido el apartheid- convocaron a elecciones presidenciales. En 78 países del mundo se establecieron 187 centros de votación. Los posibles votos extranjeros se estimaron en 428 mil 461 y fueron efectivos 92 mil 268 (apenas 22%).
En 1996, los armenios votaron en su embajada y consulados. Sólo en California pudieron acudir a las urnas 250 mil personas de esa nacionalidad.
Hay otros proyectos en camino. Si el Congreso de República Dominicana faculta al órgano electoral a organizar comicios fuera de la isla, el padrón de votantes crecería casi al doble, por el número de ciudadanos que viven en EU.