Los criterios básicos acordados ayer por las secretarías de Gobernación y de Hacienda con las dirigencias de las cinco fracciones parlamentarias para buscar una solución al asunto del Fobaproa es un principio de solución a lo que ha sido, en los meses recientes, el mayor problema político, económico y financiero del país, y en el cual se han venido confrontando, y proyectando, en todo su contraste, los diversos proyectos de país del gobierno y de las oposiciones.

La carta de intención o el acuerdo marco alcanzado ayer propone nueve propósitos generales que pueden abrir la puerta a la conciliación de las posturas encontradas y, hasta ayer, irreductibles: se trata de una serie de parámetros dentro de los cuales habrá de formularse la solución al astronómico hueco financiero -más de 550 mil millones de pesos- generado por la operación gubernamental de salvamento de la banca privada en 1995 y 1996.

Es razonable suponer que fueron tres factores principales los que llevaron a las partes a establecer estas vías para la negociación en torno al Fobaproa: la información divulgada por la dirigencia perredista sobre las entidades empresariales y políticas presuntamente beneficiadas por la absorción de sus pasivos bancarios mediante ese instrumento, las sendas propuestas de un pacto de gobernabilidad planteadas por Acción Nacional y el propio PRD, y la acuciante inestabilidad financiera internacional. La primera restó legitimidad política -y viabilidad- a la propuesta gubernamental original de convertir en deuda pública la totalidad de los pasivos asimilados por el Fobaproa; las segundas introdujeron en el crispado panorama político perceptibles elementos de distensión; en cuanto a la tercera, es lógico suponer que ha actuado como un acicate para que las autoridades y las fracciones legislativas de los partidos intensificaran las negociaciones, toda vez que saldar y esclarecer las secuelas del rescate bancario resulta fundamental para que el país pueda enfrentar en condiciones menos precarias los efectos de lo que parece ser, más que un pasajero desasosiego bursátil y cambiario, una nueva crisis financiera mundial.

El acuerdo logrado por Hacienda y Gobernación con las fracciones partidarias es apenas un primer paso para encontrar una solución de consenso y dotada de plena legitimidad, pero dista de ser la solución misma. Quedan por resolver diferencias fundamentales, como la demanda perredista de que las autoridades federales proporcionen al Poder Legislativo toda la información concerniente a las operaciones del Fobaproa, así como las magnitudes y los tipos de deudas susceptibles de ser convertidas en pasivos nacionales.

Con todo, la carta de intención o el convenio marco que se logró ayer introduce un toque de optimismo en cuanto a las posibilidades de que se solucione, en breve, un asunto que ha atizado y polarizado como pocos el debate nacional.