Pide el PRD al IFE investigue las aportaciones de la IP al PRI en 1994

José Gil Olmos y Alonso Urrutia Ť El Partido de la Revolución Democrática interpuso una queja administrativa ante la secretaría ejecutiva del Instituto Federal Electoral para que se investigue el origen de los recursos privados que a través de fideicomisos empresariales y aportaciones particulares se hicieron al PRI durante la campaña federal de 1994.

En la queja ``por irregularidades y faltas administrativas y solicitud de investigación'', la representante perredista ante el IFE, Lorena Villavicencio, justifica la procedencia de la misma con base en que el ``PRI omitió en su oportunidad informar de una serie de aportaciones para su financiamiento, conocidas con posterioridad al dictamen emitido por esta autoridad electoral sobre los respectivos informes de dicho partido, situación que por sí misma implica una transgresión a la ley electoral, omisión y ocultamiento de información que debe sancionarse''.

Por ello, el PRD solicitó, con base en el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se aplique la máxima sanción al PRI, ``lo que significaría la cancelación de su registro como partido político'', así como el resarcimiento de los montos percibidos ilegalmente, por lo ``que desde ahora se solicita se sancione al partido infractor con el doble de lo aportado indebidamente''.

Precisó que no se pide la reapertura del caso de los recursos utilizados por el PRI en ese entonces, sino que se investiguen en el IFE los hechos supervenientes, para lo cual el PRD entregó una serie de documentos correspondientes a auditorías realizadas a Banca Cremi -propiedad de Carlos Cabal Peniche-, así como testimoniales de Gerardo de Prevoisin y Angel Isidoro Rodríguez, quienes han declarado públicamente que aportaron cuantiosos recursos a la campaña federal del PRI.

En tal sentido, solicitó formalmente a la Junta General Ejecutiva del IFE que ``realice las investigaciones necesarias por los medios a su alcance, con base en los elementos de prueba y los hechos denunciados por el PRD, por presuntas infracciones a las normas relativas al finan- ciamiento de los partidos políticos'' y dictaminar sobre el caso.

Este jueves, el pleno del órgano electoral conocerá formalmente la solicitud del PRD para que se realicen las investigaciones antes citadas, con sustento, según dice el documento, en el artículo 40 del Cofipe, el cual faculta a los partidos a solicitar estas investigaciones, aportando los elementos de prueba.

La queja presentada por el PRD -que consta de 22 cuartillas- sostiene que los nuevos elementos que han podido recogerse con posterioridad al informe que en su momento dio el IFE sobre la validez del financiamiento utilizado por los partidos, otorgan fundadas bases para suponer que el PRI violentó los topes de campaña legalmente establecidos.

El PRD recuerda que, en su momento, el dictamen estableció que hubo una imposibilidad de realizar una revisión ``exhaustiva'' de las documentaciones sobre el financiamiento. Cita además las declaraciones del ex director de Aeroméxico, Gerardo de Prevoisin, en el marco del juicio que se le sigue, donde asienta que se aportaron 8 millones de dólares al PRI. Dichas aportaciones, cita el partido del sol azteca, ``fueron recibidas de buena fe'', según dijo el secretario general del PRI, Carlos Rojas.

Posteriormente, Angel Isidoro Rodríguez expuso ante la subcomisión Fobaproa de la Cámara de Diputados que realizó diversas aportaciones a la campaña del PRI en 1994.

Entre las pruebas presentadas, el PRD entregó diversos documentos correspondientes a los fideicomisos que fueron creados ex profeso para recibir los donativos de diversas empresas, las cuales posteriormente recibieron préstamos irregulares por parte de Banca Cremi.

Por ello, plantea que el IFE ``investigue las actividades referidas; de manera primordial, los movimientos contables de la cuenta concentradora abierta en Banca Unión con el número 964004-5, a nombre de Administración Fiduciaria, por ser aquélla el centro de los movimientos de los diversos fideicomisos.''

Al desglosar las diversas aportaciones que fueron conocidas con posterioridad, el PRD sostiene: ``La suma de cantidades señaladas es de 2 mil 504 millones 800 mil pesos, cantidad que representa 4.69 veces el monto total nacional del tope de gastos de campaña que un partido pudo haber gastado en 1994''.

Tan sólo las aportaciones de De Prevoisin rebasan en 12.3 veces el monto máximo que podía aportar cada persona física; 2.46 veces el monto máximo que podía aportar cada persona moral y 1.23 veces el monto total por personas no identificadas.

El documento enumera los diversos artículos que fueron violentados por el PRI al recibir las donaciones privadas y omitirlas en su declaración, mismas que se hicieron públicas con posterioridad al dictamen emitido por la autoridad electoral.

La gravedad de las conductas denunciadas ``lleva aparejado el incumplimiento de otras obligaciones, como son la presentación de informes en los términos indicados por la ley y el cumplimiento de los acuerdos de la autoridad electoral, además de estar vinculada a una serie de ilícitos, requiere de una severa sanción dentro de los límites que señala la ley''.