Adolfo Gilly
Congreso de la Unión
Ningún caso tiene hacer un pacto para cumplir lo que ya está fijado en la ley. Por eso no veo, en verdad, razón alguna para que se establezca un acuerdo de gobernabilidad entre el gobierno y los partidos. Por otra parte, al igual que el común de las gentes, nunca entendí bien qué quiere decir ``gobernabilidad'', a menos que sea que todos cumplan con las leyes de la República, lo cual ya está fijado en la propia ley y no hay por qué pactarlo. Si esto es así, la gobernabilidad sería más bien un problema de equilibrios dentro de la clase política, que ésta debería resolver entre sus integrantes sin necesidad de invocar para ello el destino de la nación.
Creo, en cambio, que, en cumplimiento de esas mimas leyes, el Congreso de la Unión tiene un importante papel que desempeñar en la presente coyuntura. En ese Congreso, por dos veces, en este año han sido detenidas por mayoría iniciativas del Poder Ejecutivo que hubieran dañado al país: una sobre el conflicto de Chiapas y la ley indígena, la otra sobre el Fobaproa.
No creo equivocarme si afirmo que para que esas iniciativas fueran detenidas no bastaba el desacuerdo mayoritario de la oposición -PRD y PAN- como en efecto sucedió, sino también el hecho de que en una parte de la representación del PRI en el Congreso hay una resistencia, más o menos velada, a empacar al país en esas dos aventuras: la chiapaneca y la financiera. Allí, pienso, de un modo u otro han comprendido que el desconocimiento de los Acuerdos de San Andrés ha terminado por ser un desastre para el gobierno y para el mismo PRI, y que a ese desastre no podían ahora agregar la aprobación a ciegas del Fobaproa.
Alcanzar ya la paz en Chiapas es tan urgente como encontrar una salida legal y legítima a la crisis financiera. Si en el Congreso de la Unión se forma en torno a ambos problemas específicos una mayoría que decida darles conjuntamente una salida legal y que no acepte resolver el uno sin el otro o negociar el uno a cambio del otro, el Congreso sería la sede institucional donde se des-ataría un nudo que está estrangulando la legalidad republicana.
Digo una vez más que, en la coyuntura crítica que vivimos, es pensable y posible que una parte mayor o menor de los actuales legisladores del PRI pudiera contribuir a constituir esa mayoría concreta sobre dos puntos específicos. Esa mayoría podría encontrar modo, además, para explorar la opinión política del EZLN, que sólo una cerrazón impropia podría dejar de tomar en consideración en este caso.
Desatar ese nudo daría como resultado inmediato una mayor estabilidad para asegurar aquello que todavía no está garantizado: democracia y respecto al voto en las sucesivas elecciones, y que la ciudadanía decida quién será la futura mayoría. Porque si en algo consiste la democracia no es en la búsqueda de consensos cupulares a cualquier costo, rasgo típico de los regímenes plebiscitarios, sino en el juego normal de decisiones a través de mayorías y minorías legítimamente elegidas y constituidas.
En cambio, esta posibilidad podría diluirse si todos se encarreran durante semanas y meses a discutir un acuerdo abstracto de gobernabilidad, que como en tantos otros proyectos de acuerdos anteriores sólo serviría para que un gobierno que no quiere o no puede cumplir sus compromisos gane tiempo, entretenga a la oposición y prepare, bien o mal, sus propias soluciones inconsultas por detrás de la puerta, o se les deje imponer por las peores y más duras minorías.