Treinta años después del movimiento estudiantil de 1968, ocupan poca atención en los análisis de aquella confrontación política el contenido anticomunista de la posición del gobierno de Díaz Ordaz, y no se valora o se deforma la posición verdadera del Partido Comunista Mexicano (PCM) y de sus militantes en esa lucha por las libertades políticas y la democracia. Sin embargo, son componentes necesarios para comprender cabalmente lo que ocurrió en el verano de aquel año, de enorme importancia en la historia del país en esta segunda mitad del siglo a punto de terminar.
Desde el 26 de julio de ese año, que marca el inicio de la lucha del movimiento estudiantil contra el régimen autoritario y el despotismo presidencial, asomó la cara del anticomunismo, con gran peso en la ideología y la práctica de los gobiernos de aquellos años. Ese día, agentes de la policía política -la temible Dirección Federal de Seguridad- asaltaron las oficinas del PCM y los talleres donde se imprimía su semanario, La Voz de México; los primeros presos y procesados políticos aprehendidos fueron militantes de la Juventud Comunista de ese partido, entre ellos Arturo Zama, Rubén Valdespino, Félix Goded, Pedro Castillo, Agustín Montiel y Prócoro Gómez. Fueron comunistas también los últimos en ser liberados en Lecumberri tres años y medio después, el 21 de diciembre de 1971.
La idea de una conjura comunista internacional fue la esencia de la explicación del gobierno sobre las causas de la lucha por las libertades y la democracia, que se prolongó varias semanas y fue detenida con la masacre terrorista del 2 de octubre en Tlatelolco, principio del fin del movimiento. La obsesión anticomunista determinó la conducta de Díaz Ordaz de principio a fin y fue la base sobre la que se construyeron las acusaciones del Ministerio Publico federal contra cientos de estudiantes, profesores de educación superior, dirigentes políticos y sociales, todos ellos de filiación comunista.
El anticomunismo además de la ideología dominante en los medios oficiales, era una coartada para encubrir las causas políticas, sociales y económicas de la rebelión estudiantil y del despertar de la conciencia democrática de México, que reflejaban de manera profunda las necesidades del desarrollo político del país, de ponerle fin al autoritarismo, de conseguir el pleno ejercicio de las libertades de expresión, de reunión, de asociación, de petición y crítica al gobierno contenidas en la Constitución, pero siempre negadas en la práctica por los llamados gobiernos de la Revolución Mexicana, con excepción del de Lázaro Cárdenas.
Pero ni hubo un ``Plan subversivo de proyección internacional'' como se asentó en las actas de acusación contra los procesados del 68 y lo sugirió Díaz Ordaz en el Informe presidencial de ese año, ni el Partido Comunista Mexicano ni ninguna otra organización de izquierda, tenían entre sus planes tomar el poder para hacer una revolución socialista. Lo único cierto -se puede documentar- es que el PCM fue de las organizaciones políticas más significativas, el único partido que con sus propios enfoques y argumentos, además de la actividad de sus militantes muchos de ellos dirigentes, se comprometió plenamente con el movimiento y contribuyó a su desarrollo. Lo hizo desde el primer día y lo defendió después de concluido. El partido oficial y sus organizaciones subordinadas justificaron el autoritarismo gubernamental y la represión; el Partido Popular Socialista (PPS) y su dirigente, Vicente Lombardo Toledano, denunciaron el movimiento como una conspiración de la CIA. El Partido Acción Nacional (PAN), paradójicamente, justificó el movimiento e hizo recaer en el gobierno la responsabilidad por las acciones de los estudiantes.
El PCM tampoco reivindicó la paternidad del movimiento ni la de su dirección. Fueron otros sus méritos, como el descubrir detrás de la respuesta represiva del gobierno, especialmente la del 2 de octubre, la quiebra de los métodos autoritarios de gobernar, y en el vigoroso movimiento estudiantil y de gran parte del pueblo mexicano, la necesidad y la posibilidad de un camino democrático y de justicia para México. Esas ideas contribuyeron en el Partido Comunista Mexicano a desarrollar y afianzar su enfoque de un socialismo democrático, para el futuro, que mantuvo hasta su desaparición, en 1981.
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