El contexto

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió incorporarse a la dinámica mundial de transición hacia la democracia. Lo hizo después de muchas décadas en que había operado como componente básico de un Estado corporativo y populista, con estilos clientelares que en su momento tuvieron gran eficacia en cuanto a la gobernabilidad.

Para deslindarse del pasado, ha puesto en marcha procedimientos nuevos, como la selección de candidatos a ocupar puestos de elección popular. En este sentido, las dirigencias empiezan a optar por mecanismos de consulta a la base, estableciendo abanicos de aspirantes y sometiéndolos a ejercicios de sufragio. Sin embargo, con la gran carga histórica de tutelaje que arrastra el PRI, estas nuevas prácticas están llenas de vicios y deformaciones que le están llevando a contradicciones intrínsecas que pueden hacer abortar sus propios esfuerzos democratizadores.

Un ejemplo claro de ello se está dando en el estado de Guerrero, en donde seis de sus aspirantes a la candidatura por la gubernatura (René Juárez Cisneros, Florencio Salazar Adame, Guadalupe Gómez Maganda, Porfirio Camarena Castro, Carlos Javier Vega Memije y Miguel Osorio Marban) están confrontados con Manuel Añorve Baños (La Jornada, 10-9-98), en el marco de un conflicto de intereses previos al acto de sufragio que se realizará el próximo domingo 20 de septiembre, en donde uno de ellos abandonará su carácter de aspirante para convertirse en candidato oficial.

Este conflicto de intereses políticos y económicos su ubica en un entorno de expresiones plurales que eleva la competencia político-electoral y en donde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) aparece como contrincante principal, con grandes posibilidades de ampliar su horizonte electoral; más aún si se mantienen, reproducen y consolidan las fricciones entre los priístas.

El conflicto se contextualiza también en una región ejemplo de las asimetrías y dualidades del país, en donde por un lado se asientan grandes capitales (los servicios turísticos de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo) -algunos de ellos parte del capital global-, y por el otro se evidencian crudas expresiones de pobreza urbana y rural.

Este ejercicio por la democratización de los procedimientos del PRI en Guerrero, se enfrenta además a los efectos de una crisis económica, en la que los gobiernos emanados del PRI aparecen como responsables, por la puesta en marcha de una política económica errónea. Los recientes acontecimientos lamentables de Aguas Blancas y El Charco, las fallas del ayuntamiento de Acapulco para poner en marcha la ayuda a los damnificados del ciclón Paulina, los asesinatos de dirigentes políticos, son entre otros, elementos adicionales que actúan desfavorablemente al partido en el poder.

Causas principales del conflicto

Una primera causa se vincula con el origen diverso y contrapuesto de la fuentes de apoyos a los candidatos. Así, por ejemplo, mientras que René Juárez cuenta con las simpatías del Comité Ejecutivo Nacional y de sectores populares a los que ha apoyado a lo largo de su carrera político administrativa, Manuel Añorve tiene el respaldo del gobernador Angel Aguirre y el apoyo de las instancias del PRI local, para hablar solo de los dos candidatos más fuertes.

Para los simpatizantes de René Juárez, el gobernador del estado ha instrumentado una mecánica de impulso a Manuel Añorve, haciendo uso de espacios en medios de comunicación, financiándole por varias vías propaganda callejera, y apoyándolo indirectamente para sus movilizaciones y concentraciones político-electorales. Los allegados de Añorve por su parte señalan que René Juárez utilizó recursos e infraestructura de la instancia estatal de programación y presupuesto para apoyar sus aspiraciones.

La segunda causa, está relacionada con las actividades políticas del ex gobernador Rubén Figueroa, quien al sentirse lastimado por algunos quehaceres del Ejecutivo estatal, está amarrando apoyos para René Juárez, incluso ha intentado establecer ciertos vínculos con el PRD; todo ello para lastimar al candidato de Aguirre.

La tercera causa está dada por la dificultad de armar propuestas programáticas de fondo, por parte de los candidatos del PRI, pues de hacerlo estarían atentando con las propias políticas públicas derivadas de un modelo de desarrollo excluyente. Si los candidatos del PRI establecieran bases propositivas para redefinir la política económica prevaleciente (incluyendo el caso Fobaproa) y la política asistencialista compensatoria para combatir la pobreza, estarían por consecuencia en contra del modelo neoliberal predominante.

Vistas así las cosas, la pugna entre los aspirantes del PRI, parece más un conflicto de intereses, carentes de ética electoral, que una cruzada rica en planteamientos, concepciones y plataformas en aras de una sociedad con menos pobreza y más democracia económica, social y política.

El conflicto es necesariamente parte de la política, pero cuando este se sustenta en un contenido conceptual y estratégico magro, se empobrece a sí mismo, dándole a la política una orientación solamente de lucha por el poder, sin establecer las confrontaciones de fondo para convencer sobre el modelo de desarrollo a seguir. Eso parece ser lo que sucede hoy en día en el PRI de Guerrero.

Por campañas políticas de elevado contenido programático

Nuestro país está asistiendo a contextos de interrelación mundial en materia económica, política y social de gran trascendencia. La inserción de México a la economía mundial gobernada por grandes agentes corporativizados es un hecho innegable; como también lo es que ésta fenomenología globalizante está agudizando asimetrías internas y por supuesto, externas. Guerrero es sin duda alguna, un claro ejemplo de economías que se suben a la locomotora global y economías que se esconden en la subsistencia. Ante ello, se requiere un programa de gobierno profundo, fresco, que rompa inercias y proponga iniciativas imaginativas. Un conflicto así dificulta que esta construcción provenga del partido oficial.

El PRI debe hacer una demostración de madurez y socializar ampliamente las diferentes propuestas, sin inclinaciones de preferencias y sin manipulaciones, para que, a partir de ahí y en función de la capacidad real de convocatoria se seleccione el mejor candidato. Solo así podrá demostrar que está dispuesto a romper con viejos vicios clientelares; lo contrario será una prueba más de que esa gran corporación política no puede cambiar y será por tanto difícil que protagonice la transición hacia la democracia que requiere el país al inicio del próximo milenio.