Bajar 50% sueldos en niveles altos de los tres poderes, propone el PRD

Georgina Saldierna Ť El PRD propuso ayer el establecimiento de un programa de austeridad republicana, como parte de la convocatoria que se aprobó para lograr con otras fuerzas políticas del país un acuerdo nacional de emergencia por la paz, el desarrollo y la democracia.

La propuesta plantea reducir a la mitad el sueldo de altos funcionarios, legisladores, ministros de la Corte, consejeros del IFE y embajadores, así como terminar con las jubilaciones, bonos o gratificaciones millonarias a directivos que dejan sus cargos, como sucede en Nafin, donde todos los ex funcionarios de alto nivel siguen cobrando sus grandes sueldos de por vida, mientras el obrero o el burócrata reciben una pensión miserable.

El propósito del programa de austeridad es hacer frente a la crisis de dinero que enfrenta el erario y atender el alarmante descenso de los niveles de vida entre 40 millones de mexicanos, explicó el dirigente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, al considerar que ``un pueblo de pobres no puede sostener un gobierno de funcionarios llenos de privilegios, que disponen de dineros públicos para sus extravagancias personales y familiares''.

La agenda para establecer el acuerdo fue aprobada ayer durante el pleno extraordinario del Consejo Nacional del PRD, organismo que decidió eliminar de la iniciativa original la palabra ``gobernabilidad'', como se había manejado hace 15 días. El documento incluye cinco grandes propuestas: reorientar la política económica; establecer programas sociales ante la emergencia; lograr la paz en Chiapas con dignidad y la desmilitarización del país; crear una nueva ética pública y un programa de austeridad republicana, y consolidar el avance democrático.

López Obrador dijo que continuará convocando al acuerdo nacional a todos los sectores, incluyendo al régimen, pero ``no estamos dispuestos a volvernos rehenes ni del gobierno ni de los grupos de interés creados. Si el gobierno rechaza el pacto de gobernabilidad, lo nutriremos y lo sustentaremos en el pueblo de México a través de sus organizaciones, de sus dirigentes y de sus representantes'', sostuvo.

El dirigente insistió en que la gobernabilidad sólo es posible teniendo el respaldo ciudadano. Para ello, se establecerá contacto con las dirigencias nacionales y locales de otros partidos, con organizaciones empresariales y sociales, con comunicadores, dirigentes religiosos, investigadores, maestros estudiantes y todo grupo de influencia y opinión hasta lograr consenso, subrayó.

En su discurso, López Obrador insistió en la necesidad de establecer este pacto, pues el país se encuentra en la frontera del desorden económico y del caos político y social a causa de la tozudez, la falta de visión y la iniciativa de los hombres del régimen. En este marco, puntualizó que el pacto es para transitar del régimen autoritario y decadente a un México democrático en lo político y justo en lo social.

Sobre la reorientación económica, la propuesta plantea la creación de un programa de apoyo a pequeños y medianos deudores; reorientar el presupuesto; reactivar la producción canalizando créditos blandos; aumentar los precios agrícolas; proteger recursos naturales y energéticos favoreciendo la capitalización de Pemex, y establecer un esquema de regulación financiera que obligue a disminuir las tasas de interés y los márgenes de intermediación.

En torno a programas sociales de apoyo a grupos desprotegidos y a regiones con mayor rezago, se recomienda crear un plan emergente de empleo masivo que se ocupe en la construcción de infraestructura productiva; integrar un programa destinado a revertir el déficit alimentario y de salud de la población, que incluya el subsidio a productos de primera necesidad, así como la garantía de consultas y medicamentos gratuitos; la entrega de libros de secundaria en todas las escuelas públicas, y el pago de una pensión mínima a todo ciudadano de 70 años o más, cuyo costo sería apenas una tercera parte del previsto para privatizar las pensiones del IMSS.

Por lo que hace a Chiapas, se demanda respeto irrestricto a los acuerdos de San Andrés y la aprobación de la iniciativa de ley indígena elaborada por la Cocopa; fortalecer esta instancia legislativa y reactivar la intermediación; apoyar el diálogo del EZLN con la sociedad civil y la consulta que los zapatistas propusieron, e iniciar la desmilitarización de la zona, además de reanudar las negociaciones con la administración zedillista.

Sobre el programa de austeridad, plantea la desaparición de instituciones que no realizan funciones sociales indispensables, como la Secodam, y recortar el presupuesto militar. López Obrador sugirió que se prohíba el pago de escoltas y se suspendan asesorías, que es la manera como los funcionarios justifican la existencia masiva de aviadores; se termine con los viajes al extranjero, excepto los indispensables para los intereses del Estado; que se eliminen gastos innecesarios de la cancillería y se revise la conveniencia de cerrar embajadas y consulados; terminar con los gigantescos gastos de comunicación social y sancionar el uso de aviones y automóviles públicos para asuntos privados.

También propuso terminar con las jubilaciones millonarias de ex funcionarios; suspender las compras de armamento; eliminar los programas electoreros destinados supuestamente a combatir la pobreza, sustituyéndolos por genuinas políticas de desarrollo social bajo la supervisión y control de un consejo nacional ciudadano para el bienestar, algo así como el IFE social, y por último, combatir corrupción y favoritismo en la contratación de obras y servicios públicos, mediante la constitución de una contraloría ciudadana en todos los niveles e instancias de gobierno, con facultades para supervisar las funciones administrativas y el uso de los recursos públicos.

Por último recomienda incluir en el texto constitucional la figuras del referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación del mandato, así como fortalecer las facultades de fiscalización de las autoridades electorales.

Por otra parte, al ratificar ante la PGR la denuncia para que se investigue el financiamiento del PRI en 1993 y 1994, López Obrador explicó que esto no es un intento de escándalo o denostación, sino un reclamo esencial para proteger el destino de la democracia. Agregó que su objetivo es poner al descubierto el autoritarismo barnizado de democracia que impera en el país y que pervierte el voto popular.

En una carta que envió al procurador Jorge Madrazo, señala:

``Si usted recurre a la dilación, a la descalificación política o bien permite la impunidad frente a tan graves hechos denunciados, llegaremos a las elecciones del año 2000 en las peores condiciones posibles''.