En el proceso contra los policías violadores de Tláhuac, la niña de 13 años ratificó su denuncia y confirmó todo lo dicho por Edith, la jovencita de 18 años que fue también víctima del secuestro y la violación cometidos en las instalaciones del Agrupamiento de la Policía Montada. Esta ratificación ocurrió anteayer, a las 18 horas, en el juzgado 47 penal.

Sin embargo, la audiencia, iniciada a las 10 de la mañana, prosiguió sin tregua. Las tres niñas tuvieron que sufrir el careo directo con sus agresores. Los reconocieron uno por uno. Ante la pasividad de la juez y el Ministerio Público, ellas debieron soportar a cada momento hostigamientos y chistes agresivos de contenido sexual por parte de los defensores de los policías.

Estos, en efecto, contaron con seis abogados expertos en este tipo de casos. Las tres niñas no tenían siquiera un abogado coadyuvante que obligara al menos a interrumpir la sesión de tortura moral y psicológica en que se había convertido esa audiencia.

Faltaba lo peor. Vino entonces la serie de más de 300 preguntas, buena parte de ellas tendenciosas y viciadas, que los abogados de los policías lanzaron una tras otra. A las dos de la madrugada de ayer, después de 16 horas de audiencia ininterrumpidas, la menor de 13 años, quien hasta entonces había sostenido sus acusaciones, (avaladas además por los peritajes ginecológicos realizados en su momento) no pudo más y se retractó.

Esta ``gloriosa victoria'', obtenida con la pasividad --por decir lo menos-- de la juez y del MP, fue festejada por los acusados y sus defensores. Se iniciaba el camino hacia la posible liberación.

Aquí hay en juego dos cuestiones de fondo. La primera es el restablecimiento de la justicia, la protección de la sociedad, de los jueces y del gobierno a la integridad física y moral y a los derechos de tres niñas violadas y humilladas por efectivos de la policía, así como el más severo castigo a los violadores.

La segunda es si seguirá intacta la impunidad de la corporación policial, protegida por un sistema de justicia corrompido o cómplice, y si van a quedar así nulificadas las declaraciones del jefe de gobierno acerca de este caso, reiteradas en su informe del 17 de septiembre pasado.

Lo que está en juego, en otras palabras, es si el gobierno del Distrito Federal manda sobre su policía o si la impunidad de ella, amparada por este tipo de justicia, se impone sobre ese gobierno. De este tamaño son los desafíos en el caso de Tláhuac.

Los ministerios públicos, representantes de la Procuraduría, se han comportado en este caso con una pasividad que denota incapacidad o complicidad. Tal conducta parece convertirse en la norma. Mientras la Procuraduría la siga permitiendo en sus representantes y subordinados, serán anuladas todas las buenas intenciones, declaraciones y estadísticas en torno a la lucha frontal contra la delincuencia.

Si la sociedad quiere protegerse a sí misma y restablecer la justicia en este hecho incalificable, tiene que hacer suyo, a través de sus organizaciones y asociaciones, el caso de las tres niñas de Tláhuac y tomar en sus manos la protección de sus derechos y de sus personas como seres humanos.