Logró consenso el Senado sobre la reforma contra el crimen

Andrea Becerril Ť Las fuerzas políticas en el Senado de la República se pusieron finalmente de acuerdo en torno de las controvertidas reformas constitucionales propuestas por el presidente de la República dentro del llamado paquete legislativo ``anticrimen''.

Hay consenso ya en reformar los artículos 16, 19, 22 y 123 constitucionales, con el fin de flexibilizar los requisitos para girar órdenes de aprehensión, hacer que los recursos económicos de narcotraficantes y bandas del crimen organizado pasen al Estado y establecer restricciones encaminadas a evitar que elementos policiacos que hubieran incurrido en corrupción y otras irregularidades puedan ser reinstalados.

Así, después de nueve meses de discusiones, de realización de foros y de varios llamados de atención del presidente Zedillo a los legisladores, las comisiones dictaminadoras se reunirán este martes para discutir el proyecto de dictamen, el que podría pasar ese mismo día al pleno senatorial, toda vez que ya hay consenso.

En general, el principal problema que originó los varios meses de discusión -y el disgusto del Ejecutivo, que en varias ocasiones se quejó públicamente de la dilación para aprobar el paquete anticrimen- fue que las modificaciones se refieren a las garantías individuales de los mexicanos.

Por ello, se precisa en el proyecto de dictamen, pese a reconocer ``la urgente necesidad de realizar estas reformas'', para atacar frontalmente ``la impunidad que predomina en México'' y la delincuencia y criminalidad que ``han crecido desmesuradamente'' fue necesaria ``una reflexión profunda y la participación de un amplio espectro de opiniones''.

La violencia y la inseguridad, detallan, no son fortuitas, pues existen factores perfectamente identificables que las alientan: la impunidad, la corrupción y la ineficacia. Señalan luego la realidad alarmante de la procuración y administración de justicia. De 74 mil 30 indagatorias de la Procuraduría General de la República en 1996, sólo se puso a disposición de los jueces a 8 mil 940 presuntos responsables, es decir, 12 por ciento de los casos.

De los foros y consultas realizados por el Senado, se agrega, se concluye que la sociedad reclama al Estado acciones decididas y expeditas para poner un alto a la creciente inseguridad pública y de ahí que los legisladores decidieran adecuar la Constitución al interés social.

Cambios a la iniciativa presidencial

Por lo que se refiere al artículo 16 constitucional, los senadores determinaron que se regrese a la redacción que tenía ese artículo en 1993 -antes de la reforma penal salinista- en que se precisa que deberán existir indicios del cuerpo del delito para librar una orden de aprehensión.

Igualmente, en el caso del artículo 19 constitucional, se propone una especie de contrarreforma, ya que se elimina del texto el requisito impuesto en 1993, de que deberá existir plena existencia de los elementos objetivos de tipo penal para dictar autos de formal prisión.

En cuanto al artículo 22 constitucional, los legisladores hicieron también varios cambios de forma y de fondo a la propuesta presidencial, encaminada a lograr que los grandes recursos que manejan bandas y organizaciones delictivas pasen a manos del Estado.

En el proyecto de dictamen se explica que hubo también fuerte polémica en las modificaciones al artículo 123, planteadas en la iniciativa presidencial, por la pretensión de limitar las garantías individuales de los miembros de los instituciones policiacas, al establecer restricciones a los recursos legales para que en ningún caso proceda la reinstalación o restitución de la plaza, cargo o comisión de los miembros de los cuerpos de seguridad pública.

Al igual que en los otros artículos, los senadores formularon una serie de cambios. Por principio, aclararon que la reforma sólo se aplicará en los casos de remoción de los miembros de instituciones policiales -no de militares, marinos o ministerios públicos, quienes se rigen por otras leyes- ``sin que proceda su reinstalación o restitución''.

Los senadores suprimieron un artículo tercero transitorio -propuesto en la iniciativa presidencial- pues aunque su finalidad es hacer más expedita la depuración de malos elementos policiacos, su aplicación podría objetarse jurídicamente.

Prioritaria, la iniciativa indígena

Por otra parte, el presidente de la Gran Comisión del Senado de la República, Genovevo Figueroa, informó que otro de los temas prioritarios en la agenda legislativa es la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas. El tema será discutido por los coordinadores parlamentarios, precisó.