El reconocimiento al derecho de los mexicanos en el extranjero a votar en futuras elecciones presidenciales fue parte del paquete de reformas electorales aprobado por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión en 1996. La decisión ha sido la más importante que nuestras autoridades han tomado en el área de migración internacional desde el siglo pasado, cuando se inició el éxodo masivo de mexicanos al norte. Nunca antes se había llegado a un acuerdo parecido que intentara saldar la deuda que nuestro país, y en particular el gobierno, tiene con los millones de hombres y mujeres que salen, temporal o permanentemente, del territorio nacional para ganarse una vida digna.

Al aprobar el voto de los emigrados, nuestro país se unió a la ya larga lista de naciones que conceden a sus nacionales en el exterior el derecho a sufragar. Las dos conferencias que el Instituto Federal Electoral recientemente organizó comprueban que el caso mexicano puede tener sus particularidades, pero no es tan excepcional como a veces hemos llegado a creer. Entre otras cosas, autoridades y expertos provenientes de varios países nos han informado sobre la creciente aceptación de naciones a incorporar políticamente a sus ciudadanos extraterritoriales por medio del voto, la existencia de una creencia en tales comunidades políticas que su desarrollo democrático queda inconcluso si se excluye a los emigrados, la posibilidad de organizar procesos electorales confiables, aun cuando el país de origen se encuentra en serios problemas políticos o económicos (Bosnia-Herzegovina siendo el caso más extremo), el costo razonable de tal ejercicio ciudadano en cualquiera de sus modalidades, y el rechazo de las autoridades al reclamo que el voto desde fuera del país representa una amenaza a la soberanía nacional.

Sobre el último punto resalta la declaración de un funcionario español, quien afirmó sin vacilación que el voto no podía violentar la soberanía de España por ser parte de la Constitución misma. Asimismo, al ser cuestionado un funcionario canadiense sobre el peligro que una elección canadiense fuese decidida por el voto del exterior, éste respondió de forma entusiasta que tal posibilidad era bienvenida, pues así se comprobaría la igualdad política entre los canadienses, así como la importancia del voto de cada ciudadano.

Lamentablemente, en México no hemos tenido ningún funcionario que defienda de igual manera los derechos electorales de los casi siete millones de ciudadanos en el exterior, casi todos en el vecino país del norte. Peor todavía, el derecho que fue reconocido hace sólo dos años hoy está en peligro de no ser ejercido en las elecciones del año 2000. La razón se debe, principalmente, a la falta de voluntad del Ejecutivo federal para atender sus responsabilidades, específicamente de concluir un Registro Nacional Ciudadano y una Cédula de Identidad Ciudadana antes del 2000, tareas que fueron encomendadas por nuestros legisladores a la Secretaría de Gobernación.

Además, han surgido personajes allegados al poder que ahora cuestionan el derecho a sufragar de nuestros emigrados y quienes, encubriéndose con el manto de la soberanía nacional, alegan que de permitir el voto, nuestro país perderá ``una gran parte de sus facultades de decisiones políticas''. Tales afirmaciones ignoran que, según nuestra Constitución, ``la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo'', lo cual incluye a los emigrados (históricamente la gran mayoría ha retenido la ciudadanía mexicana).

Los malintencionados y tardíos ataques desvían el debate de su verdadero enfoque (cómo hacer posible un derecho ya integrado a nuestras leyes electorales) y sufren de un defecto todavía peor: no ofrecen prueba alguna que el voto de los emigrados dañará de alguna manera a México.

Si tales críticos se tomaran la molestia de estudiar la historia de la migración mexicana hacia Estados Unidos (ya hay una gran cantidad de libros y artículos al respecto), encontrarían que los migrantes contribuimos de mil maneras al desarrollo político, económico, social y cultural de México. Por si fuera poco, nuestros impuestos también ayudan a cubrir los sueldos de todos aquellos que viven del erario público y que nos siguen representando mal.

Nuestros legisladores deben tomar las medidas necesarias para que los ciudadanos mexicanos en el extranjero puedan ejercer su derecho y deber cívico en la próxima elección presidencial. No podemos dejarnos convencer por falsos argumentos que reflejan ignorancia y una visión decimonónica de los ciudadanos y su relación con el Estado.

* Miembro de Coalición de Mexicanos en el Exterior, Nuestro Voto en el 2000.