Polvorín en Sinaloa por la disputa del camarón

Matilde Pérez U., enviada /I, Mazatlán, Sin. Ť Un clima de violencia permea la costa sinaloense. En la disputa de la captura de camarón -producto que en esa entidad deja ingresos anuales por más de 200 millones de dólares- está entretejido, se asegura, también el narcotráfico. Ataques con bombas molotov a embarcaciones camaroneras son ejemplo de la lucha entre pescadores ribereños y de altamar por este recurso, que en esta década ha tenido fuertes altibajos en su reproducción.

Para el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Fortunato Alvarez Castro, esos son ``pequeños incidentes, hechos menores. No es violencia y menos hay narcotráfico''. Versión contraria mantienen los miembros de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canaipes), delegación Sinaloa, quienes comentan que en el litoral del norte y centro del estado es conocido que ``los burreros (transportadores de enervantes) del mar son los lancheros''.

En la lucha por el recurso marino, de acuerdo con los bandos en pugna, el único responsable del desorden es el subsecretario de Pesca, Carlos Camacho Gaos.

Según los trabajadores de altamar, no hay ningún control en el crecimiento del número de pangas o embarcaciones ribereñas que utilizan motores de 200 caballos de fuerza -la norma establece que deben ser de 50 caballos- ni en la aplicación de la ley pesquera, ya que los ribereños utilizan los llamados chinchorros (redes de naylón muy delgadas, que sujetas a tablas de hierro van al fondo del mar y arrastran todo, incluso las larvas de camarón).

Para los pescadores ribereños, la situación ha llegado a esos límites de disputa, porque las autoridades de pesca no les han dado respuesta a su demanda de salir a cierta distancia fuera de la bahía para capturar el recurso del que dependen cientos de familias.

``No vamos a morir de hambre, si el recurso ya no está en las bahías, iremos a altamar aunque nos cueste la vida'', dicen los pescadores que en los últimos dos años han perfeccionado su organización para impedir que sean detenidas sus pequeñas embarcaciones por los inspectores de la Profepa, quienes acompañados por elementos de la Marina y en embarcaciones prestadas por la Canaipes Sinaloa, vigilan los litorales.

Desorden en las embarcaciones

El número de embarcaciones es incierto: mientras que la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca señala que hay 5 mil 200, el presidente de la Canaipes Sinaloa, Mario Uribe Preciado, afirma que son más de 10 mil y que no se puede tener una contabilidad específica, pues la subsecretaría de Pesca no ha aplicado el programa de ordenamiento a través de placas.

Durante un recorrido por las bahías de Reforma y Altata, en donde algunos de los pescadores lucen gruesas cadenas de oro, botas de hule nuevas y sus impermeables amarillos de reciente adquisición, se constató que ninguna de las lanchas tiene nombres y que sería imposible identificarlas, pues la mayoría son del mismo color y sólo algunas llevan banderines verdes o amarillos. Además, de algunas bajan baterías de automóviles a las que se conectan los equipos de radiocomunicación.

Desconfiados, los pescadores de Reforma y Altata, municipios de Angostura y Novalato, aceptan dialogar. ``Esta ha sido la temporada más baja de la historia, no hay producto en la bahía y por eso salimos a altamar en donde por 10 horas de trabajo capturamos sólo de 8 a 10 kilos de camarón, insuficentes para pagar nuestras deudas, pues sólo el motor tiene un costo mayor a los 100 mil pesos''.

``Tenemos que salir forzosamente a altamar para equilibrar esta baja en la captura'', insisten, y aseguran que no son ``competencia para los armadores o propietarios de los barcos camaroneros, porque ellos tienen todo el mar del Pacífico para la pesca del camarón y nosotros sólo podemos adentrarnos entre 2 y 3 millas. Si este año se ha incrementado la violencia es por esa carencia del camarón'', subrayan. Consideran exagerado que las autoridades hayan incrementado la vigilancia y hasta nos detengan por tratar de subsistir.

Durante la visita, los pescadores narran el hecho más reciente de detención de una panga y cómo se organizaron para impedir que las autoridades se la llevaran.

``Frente a Llanetas, en donde una de las embarcaciones de vigilancia detuvo al par de pescadores de la lancha, se juntaron 100 pangas y rodearon (a aquélla). Trataron de cortar el cabo con el que fue amarrada la pequeña embarcación, pero apareció un helicóptero y nos dispararon para tratar de dispersarnos. Uno de los pescadores se acercó más al barco de vigilancia y por los disparos tan cercanos cayó inconciente en la panga. Los soldados lo detuvieron y por eso el presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Ribereñas, Filemón García, se fue a hablar con ellos''.

Pero, dicen, estos incidentes se han repetido mucho en esta temporada que para los pescadores ribereños inició el 6 de septiembre.

``No somos burreros''

``Nosotros lo que queremos es diálogo'', aseguran los ribereños y desmienten que vayan a pescar con armas de fuego. ``Eso es mentira'', asientan. También desmienten ser los ``burreros de altamar''. Esas actividades las hacen personas que no son pescadores y que han llegado de quién sabe dónde.

Un pescador de la cooperativa Unión Refugio revela los arreglos para que liberen a los pangueros detenidos en altmar: ``nuestros representantes dan de 20 a 30 mil varos a la capitanía de puerto, a los vigilantes de la Profepa o a quien sea, lo importante es no quedarnos consignados sin la embarcación, y mientras la autoridad no responda a nuestras peticiones saldremos a altamar. Sabemos que es ilegal pero no hay otro camino''.